La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Victoria Donda, insiste en cortar cabezas por el caso Maldonado. Ahora, a propósito de las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, que señaló que “hay gendarmes que no dijeron la verdad” al iniciarse la investigación de la desaparición del artesano, se preguntó por qué siguen en funciones y no han sido separados.

“A su vez, resulta sorprendente que el doctor Garavano, en su carácter de ministro de Justicia, efectúe tamaña afirmación y no le exija en forma urgente a su par responsable de la cartera de Seguridad (Patricia Bullrich) que aplique en forma inmediata lo establecido en los instrumentos internaciones que regulan el tratamiento estatal sobre Desaparición Forzada de Personas”.

Por otro lado, Donda insistió en su posición con respecto a la actuación del Ministerio de Seguridad en el caso Maldonado: “Desde hace varias semanas venimos advirtiendo que desde el propio ministerio, en lugar de agotar los medios a su alcance a los fines de lograr encontrar a Santiago Maldonado, vienen haciendo todo lo posible para proteger a Gendarmería, valiéndose para ello de absurdas teorías, pero sin aplicar en momento alguno lo previsto por las leyes que regulan la materia”.

Donda recordó que por eso presentó en su momento una denuncia penal contra la ministra Patricia Bullrich, “puesto que entendí que existían motivos para suponer la posible comisión de los delitos contenidos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, por cuanto la señora Bullrich se había negado a cumplir con lo normado en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas (Asamblea General de Naciones Unidas), aprobada por la ley 26.298, promulgada el 28 de noviembre de 2007, especialmente en su artículo 12 puntos 1 y 4, y contrariando en consecuencia las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la ley 24.556, promulgada el 11 de octubre de 1995 y de jerarquía constitucional a partir de la ley 24.820, promulgada el 26 de mayo de 1997, circunstancias que siguen produciéndose en la actualidad”. Agregó que la ministra “no solo no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para el tratamiento y la investigación del hecho del que resulta víctima Santiago Maldonado como una desaparición forzada, sino que además, continúa manteniendo en el cargo tanto a los miembros de Gendarmería Nacional participantes en el operativo como al Jefe de Gabinete de Asesores Pablo Noceti”.

La diputada de Libres del Sur finalizó reclamándole al presidente e la Nación apartar de su cargo en forma inmediata a la ministra Bullrich, “no sólo por no haber colaborado con la investigación y actuado en consecuencia conforme lo requerido por la ley, si no, además, porque ha obstaculizado, con su inoperancia, el desarrollo de la misma, entre otras actitudes que distan de las exigidas a una funcionaria pública con tamaña responsabilidad”.