El titular de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, le envió una carta al presidente del Senado para que explique su participación en el caso que involucra a la empresa Ciccone Calcográfica.
El diputado nacional por el radicalismo Ricardo Gil Lavedra reclamó al vicepresidente Amado Boudou que precise “públicamente algunos aspectos que siguen sin quedar en claro” de su presunta ingerencia en favor de la empresa Ciccone Calcográfica, un caso que se encuentra en la Justicia.
El presidente de la bancada radical de Diputados lo hizo a través de una carta enviada al vicepresidente de la Nación ante la “alarma pública que ha suscitado la presunta comisión de graves irregularidades en el proceso concursal” de la compañía y “en las posteriores negociaciones entre la firma y el Estado Nacional”.
Gil Lavedra le sugiere a Boudou que “si comparte la necesidad de que los funcionarios rindan cuentas de sus actos y que los gobiernos sean abiertos al control ciudadano, la conveniencia de precisar públicamente algunos aspectos que siguen sin quedar en claro”.
“La difusión de la existencia de serias anomalías, al parecer, en el trámite del citado expediente judicial, en particular en vuestra intervención y en la de organismos oficiales relacionados con el Ministerio de Economía, han motivado numerosos pedidos de informes y solicitudes de acceso a la información que, hasta el momento, no han sido contestados en forma satisfactoria, o que directamente no han recibido respuesta”, le recuerda el jefe del bloque radical, apuntando que “sus declaraciones en los medios de comunicación, además, no sólo no han agotado las consultas, sino que han despertado nuevos interrogantes. Y lo mismo ha sucedido con la conferencia de prensa brindada por el
titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, el pasado viernes”.
En su carta, Gil Lavedra apunta que en una entrevista concedida al diario Página 12, por ejemplo, Boudou refirió tener conocimiento de la existencia de campañas de prensa pergeñadas por grupos empresarios con el objetivo de influir sobre el mercado de precios, así como de delitos e irregularidades cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y hasta la participación de referentes políticos en acciones de desestabilización de gobiernos democráticos.
“Esto naturalmente, en lugar de cerrar la discusión, ha despertado aún mayor interés público sobre el asunto y reclama ofrecer a la ciudadanía y a los miembros de este Congreso toda la información posible -agrega el jurista radical-. Por ello, atendiendo a que ha expresado que es su voluntad arrojar luz sobre el asunto, por su carácter institucional y por la natural necesidad que no quede mácula alguna sobre su honorabilidad y en el entendimiento de que nuestra responsabilidad institucional es buscar explicaciones y que ella no se agota por la existencia de procesos penales, me permito enunciarle algunas de las cuestiones cuya respuesta ayudaría a encontrar una explicación satisfactoria respecto de tan penoso asunto”.
Gil Lavedra le recuerda a Boudou que él “ha sostenido que se trata de una operación de medios, periodistas y empresarios. Resultaría positivo, entonces, que proporcione datos o circunstancias que avalen esto, que explique cómo fue contactado por personas vinculadas a Boldt SA, qué ayuda le solicitaron y qué actitud adoptó frente a ello, en particular si formuló alguna denuncia. Me parece relevante, además, que aclare sobre qué base aseveró que el señor Gabella mantenía encuentros quincenales con el periodista Carlos Pagni, cómo tomó conocimiento de los mismos y qué actitud tuvo el gobierno frente a las irregularidades que le endilga al expresidente del Banco Central Martín Redrado”.
También le requiere Gil Lavedra más precisiones acerca de las “pruebas” que, según afirmó Boudou, realizó Ciccone, quién las dispuso y por qué razón, habida cuenta de que sólo la Casa de Moneda va a imprimir billetes, y acerca de la tramitación del expediente S01:0413101/2010 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en particular, si su trámite fue el habitual (teniendo en cuenta que no lo es uno de tan sólo 65 horas), si hubo otros de igual naturaleza y si existen otros casos de empresas beneficiadas con la misma recomendación. Asimismo, y a fin de disipar cualquier duda, “me parece de singular importancia que exhiba todo el expediente, especialmente el dictamen legal y las normas en que éste se funda”, agregó el legislador radical.
Por último, reclamó mayor información sobre las relaciones comerciales entre José María Núñez Carmona y Alejandro Vanderbroele, “o que al menos refiera, si, desde que las acusaciones han tomado estado público, ha realizado algún esfuerzo por conocer más sobre su vinculación o si en virtud de su sociedad con el primero de ellos, usted ha obtenido, u obtiene, algún tipo de rédito por sus operaciones en común”, concluyó el diputado radical.
