“Diversos informes de organismos especializados han puesto de manifiesto que, en nuestro país, la publicidad oficial se ha utilizado para sostener medios acólitos y hostigar con su negativa al periodismo crítico”, aparece entre los fundamentos del proyecto presentado por el senador radical Ramón Mestre que plantea la reglamentación la asignación del gasto previsto en el Presupuesto Nacional destinado a publicidad oficial.

En el artículo 5 de la iniciativa se establece que “la publicidad oficial deberá ser veraz, limitándose a comunicar hechos comprobables”, y que “en ningún caso se promoverán ideas o pensamientos dirigidos a influir la opinión de la población sobre asuntos determinados”.

Mestre explica que el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación, la circulación de ideas y opiniones”.