Las diputadas del Movimiento Libres del Sur Victoria Donda y Cecilia Merchán presentaron un proyecto que tiene como objetivo poner el foco de la justicia en la persecución al narcotráfico y no en la tenencia de los usuarios.

La iniciativa, modifica la ley 23.737, con el objetivo principal de adecuar la normativa vigente con lo que dicta nuestra Constitución Nacional (articulo 19) y los tratados internacionales de igual jerarquía, teniendo en cuenta, a su vez, el fallo del año 2009 que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Arriola”, donde pone de manifiesto el claro fracaso de la doctrina y de la jurisprudencia que sostenía la penalización del usuario de estupefacientes, con razones utilitaristas o pragmáticas donde se permitiría combatir -con esta normativa- más fácilmente al tráfico de estupefacientes.

La legisladora Donda explicó los motivos de las modificaciones propuestas señalando que “nuestra intención con este proyecto es intentar dar un paso más en una problemática vital para nuestra sociedad. Creemos que la iniciativa sirve como disparador para generar un debate que nos saque de una vez de esta cierta parálisis en cuanto a la legislación vigente y seguir un camino de evolución, similar al que ya viene transitando la sociedad argentina con temas como los del casamiento entre personas del mismo sexo o el debate con respecto al aborto”.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que “han pasado más de 20 años de la sanción de la ley 23.737 y 19 años de la doctrina ‘Montalvo’, que legitimó su constitucionalidad y después de tanto tiempo no es necesario profundizar demasiado en análisis estadísticos para darse cuenta que el narcotráfico no ha disminuido ni ha sido combatido eficazmente, al contrario, esta actividad criminal aumenta día a día, por ello es que creemos que la solución no es seguir criminalizando al simple usuario de estupefacientes, porque así se siguen mal gastando esfuerzos y recursos donde realmente los debemos emplear que es en el combate con el narcotráfico”.

Entre las modificaciones se encuentra una sustancial, como lo es la derogación del artículo 14 de la ley en cuestión, que penaliza al simple tenedor de estupefacientes para, luego, hacer la salvedad de declarar no punibles a aquellos casos en los que inequívocamente demuestren que dicha tenencia es para su consumo. En ese sentido, Cecilia Merchán explicó que “ese artículo 14 es la base estructural mediante la cual la actual ley de drogas criminaliza sistemáticamente a los usuarios, ya que los obliga a demostrar su inocencia una vez sometidos al proceso penal. Por lo tanto, de no desarmar este andamiaje y seguir manteniendo la salvedad de los casos de tenencia para consumo, aclarando solo su no punibilidad, no habrá despenalización alguna y los usuarios seguirán criminalizados y sometidos a un proceso penal para demostrar su inocencia. Por otro lado, respecto a las consecuencias concretas de la aplicación de este modelo, basta con verificar la saturación judicial que tanto jueces como fiscales y defensores vienen denunciando desde hace años, y que se observa en las propias cifras del poder judicial: en los últimos 10 años: el 70% del total de causas por drogas son por tenencia para consumo personal, entre el 20 y el 25% son causas por tenencia simple y sólo el 5% del total de causas por drogas son por su comercialización”.

Otra de las modificaciones sustanciales propuesta es la derogación de los artículos (16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22) que regulan los de tratamientos de rehabilitación como parte del canje por la pena en las diversas instancias del proceso penal. La Ley penal no puede regular tratamientos de salud y menos aun utilizarlos como una pena encubierta. En la actualidad existe La Ley 26.586, por la cual se creó el Programa Nacional de Educación para la Prevención de Adicciones y el Consumo indebido de drogas, y también tiene media sanción de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que crea el Programa Nacional de Asistencia a las Adicciones y es en estas políticas públicas en materia de salud que se debe poner los esfuerzos y no en leyes penales que apliquen penas encubiertas en forma de tratamientos.

Finalmente, Donda aclaró que “la ley penal no va a acabar con las adicciones, no es función del Derecho Penal resolver o prevenir conflictos sociales, debemos enfocarlo hacia donde pueda tener un resultado positivo para la sociedad, como lo es combatir el narcotráfico y no a los usuarios”.