Al cabo de una reunión de la bancada opositora advirtieron sobre una violación al principio de división de poderes y alertaron sobre un “avasallamiento de las instituciones”. En el mismo sentido que sus pares del Senado, denunciaron la “ilegitimidad” del Gobierno en el ejercicio del poder y rechazaron el uso del decreto 222 de la manera como el Ejecutivo anunció que hará.
El bloque del FpV de la Cámara baja expresó “su más enérgico repudio” al decreto por el cual el presidente designó dos integrantes para la Corte Suprema, en lo que define como una “clara violación al principio de división de poderes”. Si bien esa bancada aclara su vocación de “favorecer la gobernabilidad sin poner palos en las ruedas”, aclaran que no piensan “consentir silenciosos lo que consideramos un manifiesto acto de arbitrariedad y avasallamiento de las instituciones”.
“Hemos reconocido la legitimidad de origen del nuevo gobierno; denunciamos ahora la ilegitimidad en el ejercicio del poder”, advierte el bloque que conduce Héctor Recalde, que aclara que la discusión no pasa por los hombres elegidos, sino por la medida en sí.
Sostienen que no hay “urgencia” y de haberla, no hay razón para no convocar a extraordinarias, como así también advierten sobre “las consecuencias, algunas predecibles y otras no, de la designación irregular de magistrados en nuestro más alto Tribunal”.
“Sin adentrarnos en la posible comisión de delitos ínsita en la irregular medida, hacemos notar la inseguridad jurídica que implicará la resolución de graves controversias, como aquellas a las que el alto Tribunal debe abocarse, por jueces no naturales”, agrega la presentación.
El bloque advierte además que “quienes resulten responsables de estos actos deberán responder también por los eventuales daños que su conducta pudiera irrogar”, y sostiene que el decreto presidencial cuestionado “no sólo violenta la Constitución Nacional en sus partes dogmáticas y programáticas, sino que también violenta al decreto 222/03 en cuanto se erige como norma regulatoria de un proceso cristalino de preselección que vela por la publicidad del proceso, por la evaluación de las cualidad técnicas, jurídicas y morales del candidato así como de su trayectoria y de su compromiso con la democracia”.
“Nada de esto ocurre cuando la designación es dispuesta con carácter previo y sin cumplimiento de los demás requisitos previstos en la norma”, y ante la decisión oficial anticipada de poner en marcha de todos modos el trámite que establece el decreto 222, el bloque sostiene que “tal proceder gatopardista no debe ser convalidado. ¿Para qué puede ser útil recibir las observaciones de los distintos actores sociales a las propuestas de dos candidatos si dichos candidatos ya han sido designados, como ocurre con el decreto 83/2015? No se puede poner el carro adelante del caballo”.
Cuestionan la designación en comisión, por cuanto interpretan que priva a los elegidos de la garantía de “inamovilidad”, por cuanto el Ejecutivo “podrá removerlos sin necesidad de transitar el proceso de juicio político”.
A continuación, parlamentario.com publica el comunicado emitido por el bloque FpV:
“El bloque de diputados del Frente Para la Victoria, tras un rico debate que se extendió por más de tres horas, y que contó no solo con la presencia de casi la totalidad de sus miembros sino también con la participación activa de la mayoría de ellos, expresa su más enérgico repudio a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional manifestada en el decreto 83/2015, por medio del cual se pretende en clara violación al principio de división de poderes, uno de los pilares de la República, la designación discrecional de dos de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hemos expresado con anterioridad que nuestra vocación como oposición será la de favorecer la gobernabilidad sin poner ‘palos en las ruedas’, lo que no implica consentir silenciosos lo que consideramos un manifiesto acto de arbitrariedad y avasallamiento de las instituciones más caras a nuestra democracia. Hemos reconocido la legitimidad de origen del nuevo gobierno; denunciamos ahora la ilegitimidad en el ejercicio del poder.
Cada acto de gobierno que implique un retroceso en el camino del fortalecimiento de las instituciones de la democracia o un retroceso en los derechos y garantías adquiridos, nos encontrará de la vereda de enfrente expresando nuestra posición en contrario, abiertos al debate, al intercambio plural, pero en ningún caso impávidos.
El nombramiento en comisión de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin importar de quiénes se trate, pues no radica allí la discusión, es una medida que no encuentra justificación alguna. No lo encuentra en la urgencia y, de existirla, nada obsta a la convocatoria a sesiones extraordinarias a la que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado expresamente por la Constitución Nacional (art. 99 inc. 9 CN). Señalamos al respecto, junto con destacada doctrina, que dicha facultad no importa negación a la facultad inherente del órgano supremo de expresión de la voluntad popular –el Honorable Congreso de la Nación- de disponer su propia convocatoria, tal como lo expresara, entre muchos otros, la senadora Cristina Fernández de Kirchner en el año 2001.
El acuerdo del Senado en la designación de los magistrados no es un acto protocolar, de allí que se requiera la mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes; constituye una manifestación de los pesos y contrapesos sobre el que se estructura nuestro sistema de gobierno a fin de impedir abusos en el ejercicio del poder, como el que se aprecia en esta insólita medida.
En tal sentido, recordamos lo expresado muy recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘APARICIO’: Que el sistema de designación de los magistrados integrantes del Poder Judicial de la Nación establecido en la Constitución Nacional, en tanto exige la participación del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo, encierra la búsqueda de un imprescindible equilibrio político pues, tal como lo ha enfatizado muy calificada doctrina, el acuerdo del Senado constituye ‘un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial’, pero también entraña el propósito de obtener las designaciones mejor logradas: ‘el Senado –enseña Estrada- presta o no su acuerdo, según reconozca en la persona propuesta, las cualidades y méritos requeridos para el fiel desempeño de las difíciles cuestiones que está llamado a resolver’ (Fallos: 330: 2361 y sus citas). En similar sentido se expresó el máximo tribunal en la causa ‘URIARTE’.
Hacemos notar, asimismo, las consecuencias, algunas predecibles y otras no, de la designación irregular de magistrados en nuestro más alto Tribunal. Sin adentrarnos en la posible comisión de delitos ínsita en la irregular medida, hacemos notar la inseguridad jurídica que implicará la resolución de graves controversias, como aquellas a las que el alto Tribunal debe abocarse, por jueces no naturales.
Advertimos así que quienes resulten responsables de estos actos deberán responder también por los eventuales daños que su conducta pudiera irrogar.
Señalamos que del mismo modo que la mera invocación en el decreto 83/2015 de la Constitución Nacional no implica su sujeción, la invocación del decreto 222/03 tampoco lo hace. En efecto, el decreto 83/2015 no sólo violenta la Constitución Nacional en sus partes dogmáticas y programáticas, sino que también violenta al decreto 222/03 en cuanto se erige como norma regulatoria de un proceso cristalino de preselección que vela por la publicidad del proceso, por la evaluación de las cualidad técnicas, jurídicas y morales del candidato así como de su trayectoria y de su compromiso con la democracia. Nada de esto ocurre cuando la designación es dispuesta con carácter previo y sin cumplimiento de los demás requisitos previstos en la norma. Tal proceder gatopardista no debe ser convalidado. ¿Para qué puede ser útil recibir las observaciones de los distintos actores sociales a las propuestas de dos candidatos si dichos candidatos ya han sido designados, como ocurre con el decreto 83/2015? No se puede poner el carro adelante del caballo.
La designación en Comisión, en tanto priva a los magistrados de una de las garantías esenciales para el ejercicio independiente del cargo como es la garantía de inamovilidad, tendrá como efecto el sometimiento de estos magistrados a la presión e injerencia del Poder Ejecutivo que, tan arbitrariamente como los designa, podrá removerlos sin necesidad de transitar el proceso de juicio político. Así, se ve afectada la evaluación de todos los valores que se deben valorar en un candidato a la magistratura: indoneidad, aptitud, experiencia, compromiso con la democracia e independencia.
Lo expresado hasta aquí no implica emitir juicio sobre las personas designadas, juicio que podrá ser emitido válidamente una vez que los candidatos, en el marco del proceso de preselección previsto en el decreto 222/03, cumplan con lo allí previsto –publicación de antecedentes curriculares, declaraciones juradas, etc…- y sin que medie una designación previa, pues, de nada sirve formular observaciones frente a la violencia de los hechos ya consumados.
Es por todo lo expuesto que venimos a adherir plenamente a los términos expresados por el bloque de senadores del Frente Para la Victoria en relación al categórico rechazo a la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo y plasmada en el decreto 83/2015 por medio del cual se pretende imponer, sin participación del Senado de la Nación, a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en franca violación a la Constitución Nacional –art. 99 inc. 4 CN-, soslayando de tal modo la representación que dicho cuerpo ejerce y así como las facultades que le son exclusivas y excluyentes. En tal sentido, solicitamos al Sr. Presidente de la Nación que por contrario imperio deje sin efecto lo dispuesto en el decreto 83/2015 e inicie el proceso previsto en el decreto 222/03 y con plena sujeción a lo dispuesto en nuestra Carta Magna”.
