La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Daniela Reich, presentó un proyecto de ley para que el gobierno de Axel Kicillof autorice una concesión de obra pública para que se ponga en valor las rutas provinciales N° 51 y N° 65.
En este sentido, la legisladora del bullrichismo retoma los lineamientos del modelo de obra pública “a la chilena” que el presidente de la Nación, Javier Milei, promovió en su Ley Bases.
Ese sistema consiste en que una empresa privada puede hacerse cargo de la obra presentando la documentación pertinente a las autoridades.
Por eso, la senadora Daniel Reich insta a la gestión de Kicillof a habilitar esta instancia para que un privado se encargue de “la construcción, remodelación, mejoras, ampliación de capacidad, conservación, mantenimiento, administración y explotación de las rutas N° 51 y N° 65“.
En rigor, el plazo máximo de concesión para que una empresa se haga cargo de los tramos que componen las dos autovías provinciales será de 30 años a partir de la toma de posesión de la firma adjudicante.
Vale mencionar que, la ruta N° 51 recorre de norte a sur toda la provincia de Buenos Aires a través de 16 municipios; mientras que la N°65 nace General Arenales, en el límite de Santa Fe, y termina en Adolfo Alsina, en el sur oeste.
Según expone la senadora libertaria, el pliego de licitación de ambas rutas tendrá que clarificar el director de obras, las pautas de diseño, el mantenimiento vial y los servicios complementarios, que deberá ser revisado cada 3 meses para “asegurar la operación de las rutas e incrementar la seguridad vial”.
“En la contratación de los servicios complementarios, los Municipios por cuyas jurisdicciones atraviesan las rutas tendrán preferencia de contratación a iguales condiciones de calidad, plazo y precio, si se trata de sus tramos. El modelo de la concesión deberá ajustarse a la modalidad de tarifa máxima y el Estado provincial no podrá otorgar garantías de tránsito mínimo ni avales del sector público”, ordena Reich.
Por último, la senadora que responde a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, establece que la contribución mensual a cargo del concesionario debe ser equivalente al 4% de la recaudación neta de impuestos por el cobro de peaje. “La misma, será sustitutiva de todo gravamen o derecho municipal”, finaliza.