Así como un tiempo atrás integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja sesionaron en la provincia de Formosa para denunciar violaciones a los derechos humanos allí en tiempos de pandemia, este martes fue el turno de la provincia de Santiago del Estero. La presidenta de la comisión, Sabrina Ajmechet, señaló en el inicio que “las violaciones a los derechos humanos si bien ocurrieron en su mayoría en los 70, en la actualidad siguen ocurriendo” y, en esa línea, explicó que “tuvimos reuniones con ciudadanos de gobiernos autoritarios en América Latina. Pero, en Argentina, a nivel provincial también hay islas de autoritarismos, donde conviven el poder político, el judicial y la policía siempre buscando la impunidad de los crímenes", expresó.

La primera en hacer uso de la palabra fue Andrea del Carmen Ruiz, amiga de Milton Domínguez, hijo de Raúl Domínguez, quien fue secuestrado y asesinado en 2008, cuando se desempeñaba como empleado de Rentas, y descubrió sellos apócrifos en documentos públicos y evasión de impuestos. Su cadáver apareció “congelado y desmembrado 15 días más tarde. La policía santiagueña allanó la casa tomando a la familia como sospechosa”, afirmó Ajmechet.

“En Santiago al hablar del gobernador, todos bajan la voz para decir Zamora, porque hay miedo, pero nosotros, tanto hoy como en el futuro, vamos a estar para acompañarlos”, garantizó la presidenta de la comisión.

Íntima amiga del hijo de la víctima, Andrea del Carmen Ruiz contó que hubo en la provincia más de 200 marchas pidiendo justicia. Además de trabajar en Rentas por la mañana, Raúl Domínguez era zapatero por la tarde. En su último día con vida salió de la zapatería a la hora de la siesta y avisó a su casa que estaba la policía en la puerta y dejaría la bicicleta para prestar declaración. Nunca más volvió.

Sus restos aparecieron en un descampado, y después de tantas marchas, un juez del Superior Tribunal de Justicia contó, según reveló Ruiz, “y sí, sabemos que ha sido la policía, pero todavía tenemos un costillar en el Hospital Independencia. Se refería así a Raúl Domínguez, como si fuera un chancho o una vaca”.

La mujer aseguró que “la institución como justicia tiene intereses y relaciones de poder. Esta relación entre los grupos económicos y quien manda en la provincia me parece muy importante, porque aquí estamos hablando de la vida de las personas. No creo que interviniendo la justicia se solucione esto”, dijo, porque a su juicio, con la reforma de 2005, se modificó el Consejo de la Magistratura y ahora el oficialismo tiene mayoría para elegir jueces. “La primera minoría la tiene en la Cámara de Diputados el Frente Cívico, ellos son los que eligen a los jueces”.

Por eso consideró, para los que piden la intervención, que eso no solucionaría nada, ya que “los comisarios son los que mandan, y el aparato represivo de los 70 ha estado a manos de Mussa Asad y así se sigue manejando. Hay una justicia para los que sí tienen plata acá, los reciben los jueces; sin embargo a los que son hijos de los trabajadores de la administración pública o familiares del interior n o tienen el mismo trato”.

“Si no se van esos grupos económicos, no creo que se revierta la situación”, sintetizó.

Luego, fue el turno de Lidia Graciela Barraza, mamá de Luciana Sequeira, de la localidad santiagueña Villa Atamisqui, quien tenía 17 años y fue violada, quemada y su cuerpo fue cortado antes de ser asesinada por parte de un hijo de un policía de la zona que nunca fue a prisión. La justicia y el gobierno provincial dijeron que fue víctima del Covid-19. "El padre del asesino intentó desbloquear su celular con su huella digital, ella estando inconsciente”, comenzó su relato.

Y prosiguió: “Dijeron que había fallecido por el Covid, pero no, había sido por pérdida de sangre. Como era contexto de Covid, no me dejaron reconocer el cuerpo, nos han mentido de todas las formas", remarcó y, en ese mismo sentido, manifestó que “hasta ahora estamos pidiendo justicia, nos han dicho que el asesino estaba preso, pero ha terminado la escuela durante ese período; era hijo de un policía, el nombre del asesino es Lautaro Corvalán", detalló.

Más tarde habló Miriam Villavicencio, mamá de Luciano Armoha, quien era policía, desapareció y luego de tres días fue encontrado sin vida en agosto de 2023. El cuerpo del joven, que trabajaba en la División Conflicto de Tierras, fue descubierto con un disparo de arma de fuego en la cabeza, con su pistola reglamentaria cerca, tras un rastrillaje efectuado por cadetes.

Armoha había sido parte del operativo del caso Franco Isorni, y su defunción fue declarada como suicidio. “Cuando estaba yendo a una búsqueda que organicé con conocidos, la policía me dijo que no vaya, que entorpecería la investigación”, señaló Villavicencio y, al respecto especificó que “lo encuentran a 10 metros de donde habíamos buscado, pero en la autopsia no salen las marcas que tenía en los pies, de ataduras, cuando supuestamente había sido suicidio”.

“Que paguen los verdaderos asesinos”, sentenció.

Por último, expuso Juan Felipe Jaimes, padre de Felipe Adrián, asesinado por hijos del poder de Santiago del Estero cuando tenía 17 años. El hecho ocurrió en la localidad de Loreto en julio de 2018, cuando el joven circulaba en una motocicleta y fue embestido violentamente por una camioneta. El padre del asesino fue descubierto en el hospital intentado robar la historia clínica de la víctima.

"Gozan de impunidad. Hemos recibido persecuciones, para que no hagamos marchas. Nos hicieron 14 causas penales por reclamar justicia. En Santiago del Estero no hay división de poderes, es un poder judicial corrupto. Todos nuestros reclamos chocan con la autonomía provincial. No hay justicia para los pobres, intentan que les tengas miedo y que no hables", reclamó Jaimes.