La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo alertó que la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobre la actualización de juicios laborales podría generar un impacto económico insostenible si no se implementa el Cuerpo Médico Forense.
La UART expresó su preocupación ante el fallo del TSJ que establece la aplicación del índice Ripte para actualizar las indemnizaciones por accidentes laborales. Según Mara Bettiol, presidenta de la entidad, sin la puesta en marcha del Cuerpo Médico Forense en la Ciudad de Buenos Aires, el fallo “resultaría impagable con las alícuotas vigentes”. Bettiol remarcó que la indexación mediante el Ripte, considerando el volumen de juicios en trámite, implicaría un impacto equivalente a casi dos patrimonios netos del sistema.
El fallo, dictado en el expediente "Boulanger Roberto Eduardo c/ Provincia ART", revierte la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había anulado la aplicación del Ripte. No obstante, la UART señaló que la reducción en los montos fijados por la CNAT es apenas del 10 por ciento, lo que no representa un alivio significativo para las aseguradoras.
La controversia se amplía con el antecedente de la Corte Suprema bonaerense, que en el caso Muzichuk declaró la inconstitucionalidad del DNU 669/19, el cual modificó la Ley de Riesgos del Trabajo y estableció el Ripte como mecanismo de ajuste. Aunque el Congreso no rechazó dicho decreto, su aplicación sigue generando tensiones judiciales.
La UART viene advirtiendo sobre el crecimiento exponencial de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo. Para este año, se proyecta un récord de más de 130.000 nuevas demandas, a pesar de la reducción sostenida de accidentes laborales y fallecimientos, que descendieron un 55% y un 81% respectivamente. La entidad atribuye este fenómeno al descontrol en los peritajes y a montos indemnizatorios que considera abusivos.
La implementación de Cuerpos Médicos Forenses en las 18 jurisdicciones adheridas, tal como lo prevé la ley, es vista por la UART como una solución urgente para aportar transparencia y certeza a los procesos judiciales. Sin este mecanismo, advierten, el sistema corre el riesgo de volverse financieramente inviable.