Inmediatamente después de que se aprobara la designación de la terna para conducir la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Cámara baja se abocó a tratar una novedad que se había dado durante la jornada: un pedido de autorización a la Cámara baja para iniciar medidas de registro y secuestro de bienes del diputado José Luis Espert, remitido al Cuerpo por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

Ante ello, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López planteó tomar las medidas necesarias para resguardar todas las pruebas. Para evitar que las medidas de prueba se pudieran frustrar, pidió entonces un cuarto intermedio en las bancas a fin de que se reunieran los jefes de bloques y el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a los efectos de ver cómo atender el pedido del magistrado, siendo “cautos y prolijos”.

“El juez no pide el desafuero, sí la autorización de las medidas”, aclaró.

Sin embargo desde el bloque Unión por la Patria su titular, Germán Martínez aclaró que no querían un cuarto intermedio, sino que todo lo que fuera a resolverse se hiciera públicamente.

Intervino entonces el diputado Martín Soria, quien solicitó que se leyera el oficio recibido y de manera inmediata se pudiera ordenar a los órganos de la Cámara para resguardar la oficina legislativa de Espert. Y recordó que en Viedma este miércoles se encontró en un cesto de residuos de la vivienda donde cumplía arresto domiciliario Fred Machado “un contrato que echa por tierra las burdas excusas que viene dando José Luis Espert”.

Pidió, en definitiva, fajar y sellar la oficina del legislador oficialista para garantizar la actuación de la justicia.

El secretario Parlamentario, Adrián Pagán, aclaró que no leería el oficio por entender que así lo pedía el juez, quien al pie del mismo expresaba que “a todo evento le aclaro que el expediente se encuentra bajo secreto del sumario, en función de lo cual se solicita evitar la publicidad del siguiente oficio y sus pormenores”.

Inmediatamente después de votado lo resuelto en la Cámara baja, se colocaron fajas en las puertas del despacho de Espert.

El diputado Christian Castillo insistió a continuación para que, tal cual había pedido al principio de la sesión su par Vilma Ripoll, se procediera a expulsar al diputado, mientras que el diputado Pablo Juliano sugirió constituir una sesión secreta para darle al tema el tratamiento requerido.

Finalmente la diputada Mónica Frade hizo una moción para votar la autorización para que el juez federal del Juzgado Número 2 de San Isidro pudiera llevar adelante las medidas de prueba solicitadas en el expediente, tras lo cual se generó una prolongada discusión en torno a qué sería lo correspondiente.

No todos estuvieron de acuerdo. Desde Democracia para Siempre, Fernando Carbajal aclaró que no sabía cuáles eran las medidas solicitadas. “No puedo autorizar algo cuyo contenido no conozco”, dijo, e insistió con la sesión secreta que había pedido Juliano. O que al menos fueran informados los jefes de bloques, porque –insistió- “no podemos votar algo a ciegas y no es lo que el juez nos ha pedido”.

Por la sesión secreta se manifestaron el santacruceño José Luis Garrido y el oficialista José Peluc, mientras que Cristian Ritondo sugirió directamente aprobar la solicitud. “Todos están de acuerdo en aprobar. Las cosas que pide son secretas, hay que autorizar lo que el fiscal pidió”, señaló.

Mónica Frade insistió en que “no tenemos porqué saber cuáles son las pruebas que el juez considera procedentes en el marco de una investigación. No vamos a intervenir ni tener ninguna injerencia, simplemente votemos la moción, que es autorizar a que el juez lleve adelante las medidas que considera pertienentes”.

Sobre el final del debate, la diputada Marcela Pagano pidió al cuerpo convocar a una sesión secreta para el día siguiente en la que “todos podamos conocer el contenido del oficio y todos votar en secreto”.

Finalmente se optó por votar la autorización al magistrado, la cual fue aprobada por 215 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.