En el marco de los emplazamientos y las aprobaciones que promovió la oposición en la Cámara baja este miércoles, se aprobó un proyecto de la diputada Marcela Pagano para declarar “nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva del Decreto 681/25”. Estamos hablando del decreto por el cual se promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero a la vez se la suspendió.

Argumentó su iniciativa la autora del proyecto, quien consideró “ilegal” la suspensión de la ley dispuesta por el Gobierno y, muy exaltada, sostuvo que la misma “no requiere más trámite para ser promulgada”. Se preguntó en tal sentido “¿para qué vamos a debatir leyes si después con un decreto se habilita la suspensión? ¿Para qué juramos la Constitución si después permitimos que se desobedezca?”.

Muy combativa, la diputada adelantó que ese es “el primer paso para que después se trate la moción de censura”.

Intervino la diputada Silvana Giudici quien advirtió que desde la oposición “no saben qué cuerno quieren votar (SIC). Quieren emplazar, moción de censura, no tienen ni idea… Esto es directamente destituyente”, dijo y concluyó: “Tengan un poco de dignidad para terminar con esta sesión”.

En efecto, la periodista no había sido muy clara al explicar su propuesta, por lo que Daniel Arroyo tomó la posta para recordar que la Ley de Emergencia en Discapacidad se votó tres veces en ese recinto. Hasta que el Gobierno promulgó la ley en un artículo y en el segundo artículo suspendió su aplicación, difiriéndole al Congreso decir de dónde saca los recursos. “El proyecto de la diputada Pagano plantea anular el artículo 2°, dejar promulgada la ley y eliminar la suspensión de su aplicación. Lo que tenemos que votar es eso: la eliminación del artículo 2°”. Entonces propuso votar la propuesta.

Pero todavía había quienes querían hablar, como Vilma Ripoll, quien dijo sobre Pagano que estaba muy “confundida”. Pesimista, adelantó que “lo volvemos a votar y se va a volver a cagar el Gobierno con eso. Dígale al Gobierno de Milei que cumpla con la ley”, y le aclaró a Pagano: “Yo estoy dispuesta a votar, pero es una pavada…”.

Desde el oficialismo habló Nadia Márquez, quien recordó que la Ley de Administración Financiera establece que toda ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto deberá especificar las fuentes de financiamiento. Citó también un artículo del reglamento de la Cámara de Senadores que también dice que todo proyecto que establezca gastos, debe establecer de dónde sacar la plata. Cosa que también establece la Ley Complementaria para la Ejecución del Presupuesto. Por eso consideró que “lo que hizo el Ejecutivo es correcto”. Y citó entonces: las leyes 24.156 y la 24.629, más un reglamento estaban siendo incumplidos.

A continuación expuso la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado, quien sostuvo sobre la oposición que “por más que tengamos la razón, lo mismo van a votar cualquier cosa. Porque tienen un objetivo”. Y aclaró que “la nulidad de los actos  jurídicos los declara un juez, o el que dictó un acto administrativo”. Por eso estimó que “es inviable legalmente declarar la nulidad absoluta de un decreto a través de una ley”.

A su turno, Victoria Tolosa Paz (UP) sostuvo que el incumplimiento original lo produce el Ejecutivo, pues es no tener un presupuesto. Y atribuyó toda responsabilidad al “narcopolítico diputado José Luis Espert”. “Toda suya, toda del equipo de ustedes, dejend e buscar excusas”, señaló.

Luego intervino el diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal, quien aclaró que la posibilidad de derogar una ley es “extraordinaria”. “Es cierto que lo  ha hecho este cuerpo, pero en situaciones extraordinarias”, señaló, citando la Ley de Autoamnistía. “En la generalidad de los casos, no se puede. No puede hacer este cuerpo, por más que el decreto del Poder Ejecutivo sea un esperpento, es sumar nueva ilegalidad. Por eso nuestro pedido a la autora del proyecto es: convirtamos este proyecto en una declaración de la Cámara para dejar expresamente planteado el rechazo a esta medida, y reservemos las decisiones jurídicas y políticas fuertes para la interpelación al jefe de Gabinete”.

En el mismo sentido, Maximiliano Ferraro indicó que “la Constitución establece en tres artículos las posibles nulidades. Este Congreso resolvió en dos momentos muy significantes: nulidad de la Ley de Amnistía y la de leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Lo que no podemos naturalizar es que este Congreso no está más allá de que el Poder Judicial, que tiene esa facultad”.

Ferraro pidió ordenar el debate y aclaró que no quería que se instalara como que no existe la posibilidad de que el Parlamento pueda decretar la nulidad de un acto de estas características.

A continuación, Pagano se mostró permeable a las propuestas y anticipó que aceptaría el cambio sugerido. Detalló entonces un nuevo texto según el cual el artículo 1° quedaba declarando nulidad absoluta e insanable de la cláusula de suspensión para la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad del decreto 681/25 el artículo número 2, que dice: ‘comuníquese al Honorable Congreso de la Nación, en virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 24.629, con el fin de que incluya las partes correspondientes en el presupuesto nacional que permita la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga’”.

La tucumana Paula Omodeo también consideró que un decreto no puede ser derogado por una declaración de nulidad de la Cámara. “Yo cuestiono el decreto de la diputada Pagano que está planteando algo que no pude hacerse. Es una contradicción muy fuerte en cuanto a la forma. Puedo estar de acuerdo  con el fondo, pero lo que propone Pagano tiene un problema legal complicado y no lo soluciona lo que acaba de hacer”. Pidió entonces la vuelta a comisión del texto.

Desde el oficialismo, José Peluc sugirió hacer un proyecto de declaración; Silvana Giudici recomendó lo mismo, en tanto que Carbajal sugirió pasar a hacer un proyecto de declaración.

En Unión por la Patria siguieron insistiendo en dejarlo como estaba y votar. Lo hizo Paula Penacca: “Estamos dando vueltas; la diputada está pidiendo que se pase a votar; si alguien no está de acuerdo, lo vota en contra”.

Carla Carrizo y Nancy Piccón se inclinaron por transformarlo en un proyecto de declaración, y Ferraro insistió en modificar el texto.

Por último, se optó por ir a votar y Pagano volvió a su propuesta original… que fue lo que terminó aprobándose por 119 votos a favor, 67 en contra y 8 abstenciones.