El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Inteligencia Nacional, que establece penas carcelarias y la inhibición para ejercer cargos públicos a quienes realicen escuchas telefónicas sin autorización judicial previa.
La norma reemplazará el decreto ley de 1968 emitido por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
La iniciativa es novedosa, por cuanto también permite el seguimiento de las actividades de los aparatos de inteligencia con control de los gastos reservados, mediante una comisión bicameral parlamentaria.
El proyecto reemplaza a una serie de decretos secretos de la dictadura militar, en un hecho que fue destacado en el recinto esta noche por la senadora Beatriz Raijer, presidente de la comisión de seguimiento de los organismos de seguridad e inteligencia, quien dijo que "se deja atrás una época oscura de la historia". El texto penaliza la intercepción de llamadas telefónicas sin autorización, castigándola con penas de seis meses a un año.
En tanto, fija penas que van de uno a dos años si es que además de ser desautorizadas las pinchaduras son divulgadas y en caso de que esa difusión sea a cargo de funcionarios o legisladores, la condena se eleva a los cuatro años.
Otro artículo promueve la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), del que pasarán a depender la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y las direcciones nacionales de Inteligencia Criminal y Estratégica Militar, que son creadas por el proyecto.
En este nuevo esquema, la SIDE, bajo la dependencia de la Presidencia de la Nación, será el organismo cabecera de todo el SIN, cuya función específica pasará por la "producción de la inteligencia nacional y la contrainteligencia".
La SIDE estará a cargo del secretario de Inteligencia, quien tendrá el rango de ministro y será designado por el Presidente de la Nación, previa consulta no vinculante con la comisión bicameral de fiscalización de los órganos y actividades de inteligencia que se creará en el Parlamento.
La iniciativa establece también un nuevo sistema de contralor de la actuación del SNI y sus componentes: coloca como tutela a una comisión bicameral de fiscalización de los órganos y actividades de Seguridad Interior e Inteligencia que se creará en el Parlamento, con amplias facultades hasta para controlar el ejercicio de los gastos reservados del sistema.
El proyecto consagra prohibiciones para los órganos y organismos de inteligencia, destacando la imposibilidad de reunir información o realizar inteligencia sobre los habitantes por el solo hecho de su raza, religión u opinión o por pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias.
El texto aprobado es el resultado del trabajo de cuatro comisiones del Senado: Seguridad Interior, Asuntos Penales, Derechos y Garantías, y la Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia.
El proyecto no contempla la propuesta planteada por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, para que los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de inteligencia interior, es decir fronteras adentro.
