El diputado nacional kirchnerista calificó de "ilegal" el operativo de desalojo de cartoneros en el que participó la Policía Federal, en el barrio porteño de Belgrano, y reclamó al Estado nacional que revele "qué autoridad" ordenó la intervención de la fuerza de seguridad.
Diputado nacional por la Capital Federal al fin, Miguel Bonasso se metió con la cuestión cartonera, reclamando informes sobre los hechos que motivaron el desalojo de un grupo en las Barrancas de Belgrano.
Y como la cuestión se desencadenó a partir de la desaparición del Tren Blanco, el legislador kircherista definió además a la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) como compañía “híper multada y denunciada por venta ilegal de material ferroviario”, tras remarcar que los recolectores permanecían en Capital Federal por el cese del funcionamiento de uno de sus servicios.
En un comunicado de prensa, Bonasso informó que presentó en las últimas horas un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional información sobre el episodio ocurrido el 22 de febrero último.
“¿Qué autoridad impartió la orden para que la Policía Federal interviniera en el desalojo de personas, con sus pertenencias y elementos de trabajo, ubicadas en un espacio lindero a las vías del ferrocarril y las calles Pampa y Virrey Vértiz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?”, preguntó Bonasso.
Sobre la cuestión, el ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró el miércoles último que dispuso enviar a agentes policiales al asentamiento de cartoneros de Barrancas de Belgrano sólo para retirar del lugar un vehículo con varios bidones con nafta próximo a cartones.
Sin embargo, el funcionario remarcó que, tras eliminar el “riesgo de incendio, ya tomó intervención” en el procedimiento el gobierno porteño.
Por su parte, la administración encabezada por Mauricio Macri emitió versiones diversas sobre el desalojo durante la jornada en la que efectivos de la fuerza de seguridad y agentes comunales efectuaron el procedimiento. En principio, sostuvo que el operativo fue ordenado por “disposición de la Fiscalía Contravencional 3” de la Ciudad, a cargo de Marcela Solano. Luego de que trascendió un pedido de informes al respecto de la Defensoría General de la Ciudad, enviado al Poder Ejecutivo porteño, la Comuna admitió que lo dispuso “por vía administrativa”.
Bonasso, por su parte, se preguntó “por qué razón la Policía Federal se prestó a este operativo ilegal”, en el que hubo incidentes y nueve cartoneros fueron detenidos.
En ese sentido, opinó que “el repudiable desalojo de 90 personas, entre ellas al menos 30 menores, en el que se combinaron las acciones entre el ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y fuerzas policiales, configura un episodio represivo de nulo sustento normativo”.
Asimismo, en el pedido de informes presentado, consultó “qué instrumento legal respaldó la intervención de la fuerza pública y por qué razón se permite a la empresa concesionaria de ferrocarriles, TBA, suspender la circulación de formaciones especiales que utilizan los cartoneros”.
Por último, Bonasso, integrante de una fuerza política aliada con el kirchnerismo, definió como compañía “híper multada y denunciada por venta ilegal de material ferroviario” a esa concesionaria.
El diputado precisó que TBA “tiene reiterados incumplimientos en materia de inversiones y mantenimiento, detectados por la Auditoría General de la Nación”.
