Ante la denuncia de sucesivos remates ejecutados -por el Banco de la Nación Argentina- a los pequeños y medianos productores en algunas provincias, como Santa Fe y Santiago del Estero, la diputada nacional de la Coalición Cívica Susana García advirtió que resulta “preocupante que se priorice el desalojo de varias familias del medio rural en lugar de resolver la refinanciación de las deudas que no han sido saldadas por sus propia quiebras y asfixio económico durante los años 90”.

En este sentido, la diputada García manifestó que “tenemos que reconocer que la existencia de créditos y por ende, el nivel de endeudamiento de los productores, no implica un hecho perjudicial en sí mismo ya que el acceso al crédito es una de las herramientas para el desarrollo”.

La diputada opinó que el problema se presenta cuando el índice de morosidad revela el mantenimiento de endeudados en el sistema y la prolongación de las irregularidades en el cumplimiento de los compromisos de pagos. “Esto tiene más que ver con una voluntad política de irresolución de los problemas y con el mantenimiento de un sistema expulsor de los pequeños y medianos productores”, expresó.

Alrededor de 5.000 productores de encuentran en situación de remate, por lo que la diputada García reafirmó que reclamarán al Gobierno nacional que frene las sentencias de remate, revea estos comportamientos autoritarios y ejecute el traslado de las deudas a las respectivas provincias. “La agricultura familiar no se defiende sólo con palabras, sino con hechos concretos que no la lleven a su exterminio”, finalizó García.