En el marco de una iniciativa llamada “agenda Presidencial”, la Fundación Vida Silvestre presentó ocho propuestas de políticas públicas para alcanzar un desarrollo sustentable. Entrevista con la coordinadora de Políticas para Areas Protegidas, Flavia Broffoni.
Por Carolina Ramos
La erupción del volcán chileno Puyehue sigue causando estragos. Mientras gran parte de nuestros recursos naturales patagónicos se ven afectados por la lluvia de cenizas, el desafío de preservar la naturaleza no logra instalarse a pleno en el Congreso nacional, en un período donde el debate electoral está en boca de todos. Apenas el Senado logró consensuar un proyecto para declarar de manera unánime “zona de desastre y emergencia económica, social y productiva” a los departamentos provinciales afectados.
Con el fin de que el próximo presidente elegido jerarquice la temática ambiental en su agenda de Gobierno, y por ende, en el Parlamento, la Fundación Vida Silvestre Argentina elevó ocho propuestas, algunas de ellas legislativas, para garantizar el desarrollo sustentable del país a corto plazo. Así, dotar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de peso político y con presupuesto.
La coordinadora de Políticas para Áreas Protegidas, Flavia Broffoni, charló con Parlamentario sobre la importancia de incluir estos temas en el debate legislativo: “creemos que la política ambiental en Argentina se toma bastante lateralmente y quizás con dos propuestas que fueron justamente legislativas desde el 2008 hasta la fecha, que fue la aprobación de la Ley de Bosques -26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos- y la de la Ley de Glaciares -26.639, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial- el tema subió un poco en la agenda, tomó otro tipo de relevancia”.
Esto tiene que ver con “temas que intrínsecamente están vinculados con el desarrollo de la agenda política del país y que en el corto plazo van a tener que subir muchísimo en prioridad”.
“La realidad -reconoce Broffoni- es que hay pocos legisladores que activamente generan propuestas vinculadas por fuera de las comisiones, tanto en la de Recursos Naturales de Diputados, como en Ambiente y Desarrollo Sustentable de Senadores. Fuera de las agendas propias de esas comisiones, pocas iniciativas logran salir de la comisión y ser debatidas en el plenario”.
Por lo tanto, la activista sostuvo que “el tema ascendió de agenda por su propio peso, no porque hubiera un interés desde el Poder Legislativo en colocarlo en la agenda”, y explicó el motivo: “los dos casos paradigmáticos: la Ley de Boques y de Glaciares tenían muchísimos temas de fondo, fueron dos leyes de presupuestos mínimos que después de la aprobación de la norma lograron tener relevancia suficiente como para salir en la página política del diario en página entera, y fue también esto producto de otros temas que no hacían exclusivamente a la ley”.
Asimismo, agregó que “la ley lo que buscaba era la categoría de protección a un ambiente natural, pero por detrás de eso hay muchísimos intereses contrapuestos, actividades productivas diversas y contrapuestas también, hubieron incluso en la Ley de Glaciares denuncias por detrás, una pelea política de fondo que contribuyeron a que el tema escalara (…) En definitiva, yo creo que hay muchos condimentos adicionales y no fue exclusivamente el interés del Poder Legislativo el que se posicionara en estos dos temas”.
Desde su lucha por preservar la naturaleza, Broffoni admite que hay pocas iniciativas ambientales en el Congreso comparativamente con muchos otros temas, y pocas que prosperan.
“En este momento, por ejemplo, no hay ningún proyecto de ley que se esté tratando sobre cuestiones ambientales. La Ley de Glaciares está teniendo bastantes problemas en algunas provincias, como en el caso de San Juan, entonces creo que falta un poco todavía tomar verdadera conciencia de qué es importante estos problemas, tomarlos proactivamente y preventivamente”, remarca.
Sobre las políticas ambientales más urgentes que el país necesita, la coordinadora sostiene que “una de las graves fallas es nuestro propio sistema federal para implementar proyectos vinculados a la agenda ambiental es la falta de capacidad de algunas unidades de Gobierno, en el caso de las provincias más fuerte todavía, y de los municipios ni hablar (…) creo que uno de los temas que es inminente en la agenda legislativa es el darle un marco federal a nuestro sistema de áreas protegidas”, opina.
Es el caso de muchas de las áreas afectadas por la erupción del volcán, y que se encuentran dentro de parques nacionales, como el lago Nahuel Huapi y el Parque Nacional Lanín. Broffoni argumenta que “hoy Argentina tiene un sistema de áreas protegidas que es muy disperso, hay una administración nacional que es la Administración de Parque Nacionales, las provincias tienen sus propias leyes de áreas protegidas, y algunas las tienen, otras no las tienen”.
Cifras en alerta
La Fundación brinda números poco alentadores. El año pasado, la Secretaría de Ambiente subejecutó el 70% de su presupuesto, un mal signo para que este año pueda pelearse por un presupuesto mayor para política ambiental. Además, Vida Silvestre señala que el país está incumpliendo con acuerdos internacionales: por ser parte de la Convención de Diversidad Biológica, tendríamos que estar hoy aspirando en el 2020 proteger el 17% de nuestros ambientes naturales terrestres, y hoy estamos recién en un 7,7%. Además, el 60% de estos ambientes no tiene ningún tipo de control: se crean áreas protegidas por ley a nivel provincial, pero luego no se asignan recursos.
La Ley de Bosques
La Ley 26.331, llamada Ley de Bosques, hoy está aprobada y reglamentada. Sin embargo, muchos de sus artículos no gozan de un cumplimiento efectivo.
Por ejemplo, el Fondo Nacional que crea esta ley para preservar ambientes naturales, que tiene parte de su conformación del Presupuesto nacional y parte de su conformación por la exportación de productos derivados del agro, “no está conformado con todo lo que la ley manda”.
“Uno de los requisitos que las provincias necesitan tener cumplimentado para acceder a los fondos de la Ley de Bosques es aprobar por ley provincial sus ordenamientos territoriales, y en muchos casos se aprobaron por decreto, entonces no están habilitadas a acceder a los fondos de la Nación”, explica Broffoni.
La Ley General del Ambiente
Se trata de la Ley 25.675, sancionada en 2002, en la cual también hay algunos puntos que no se están cumplimentando. Es el caso del informe anual que debe elaborar el Poder Ejecutivo sobre la situación ambiental en Argentina: “no se hizo nunca ningún informe desde que se aprobó la Ley General del Ambiente”, sostiene la activista. Es por eso que, más allá de los informes de algunas organizaciones, el presente ambiental del país termina por ser algo desconocido.
El avance de la soja
“Hoy por hoy Argentina está viviendo un “boom” agroexportador como nunca antes, es una tendencia que va a seguir en el tiempo. El mundo necesita alimentos, Argentina se los puede dar. Pero nadie se está sentando a pensar a costa de cuánto tiempo vamos a poder sostener un modelo basado en el avance de un monocultivo sobre todo el territorio nacional, las consecuencias que tiene eso sobre el suelo, sobre el consumo de recursos hídricos, de recursos agropecuarios”, razonan desde Vida Silvestre.
Así, el cultivo de soja en gran parte del territorio nacional debido a su rentabilidad, que fue motivo de tantos debates, se convierte en un obstáculo a futuro. Broffoni se pregunta “hasta cuándo vamos a poder sostener un modelo poco sustentable que hoy está dándole al país la mayor cantidad de ingresos que tiene en su PBI pero que no puede sostenerse en el tiempo. Si nosotros plantamos soja en todo el bosque chaqueño vamos a tener un problema, porque va a durar poco tiempo, entonces creemos que hay oportunidades que no se están aprovechando”.
Por lo tanto, “si aplicamos este criterio de consumir hasta que se agota vamos a tener un problema ya, en corto plazo”, sentencia.
Los desafíos
En este marco, y en vísperas electorales, a la cuestión ambiental en el país le cuesta imponerse como prioridad. “La realidad es que muy pocos candidatos han exteriorizado cuál es su postura en cuanto a política ambiental. Siempre los debates quedan en el plano de la política económica, algunas veces salud, algunas veces educación, pero la realidad es que la agenda ambiental está intrínsecamente ligada con lo social y con lo económico”, sostiene la coordinadora de Áreas Protegidas, y en una conclusión que alerta, finaliza que “se puede producir sustentablemente, no necesariamente es más caro, hay que sentarse y pensar cómo hacerlo, ya no estamos hablando de acá a 50 años, de acá a cinco años si no hacemos algo hoy vamos a tener un problema grave”.
