Tras tres horas y media de debate, el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Familia de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto de ley opositor que prevé una nueva ley de Trata.

Luego de varias reuniones fracasadas por falta de quórum, este jueves se pudo aprobar finalmente el dictamen en base al proyecto unificado de la Comisión de Legislación Penal, con algunos agregados del de la Comisión de Familia.

A pedido de la presidenta de la Comisión de Familia, Claudia Rucci, se agregó entre los muchos agravantes de las penas el hecho de que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad social o si padece trastornos mentales o alguna discapacidad. También, por pedido de la diputada macrista Gladys González se incluyó como un agravante el hecho de que “la víctima esté embarazada”.

Otra modificación al proyecto fue a iniciativa del diputado radical Ricardo Gil Lavedra, quien propuso “la eliminación de las multas”. El presidente de la Comisión de Justicia calificó a las mismas como “brutales” porque “no se corresponden con nada del Código Penal”.

Al respecto, el titular de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, estuvo de acuerdo. “En el Código Penal no hay multas mayores a los 200 mil pesos y acá se proponen arriba de los 300 mil”.

Debate

Al inicio del debate se empezaron a notar las disidencias entre los diputados que, a pesar de que permitieron que las expusieran, Rucci y Vega sugirieron las plantearan directamente en el recinto ya que eran varias las objeciones y que de esa manera no podría haber acuerdo para el dictamen.

Gladys González quería agregar como agravante el que la víctima fuera objeto de adopciones fraudulentas. Fernanda Gil Lozano, que quería que el dictamen se firmara hoy, le señaló que si bien la dos son trata, el tema era la trata sexual y no el tráfico de menores.

También la joven legisladora del PRO hizo hincapié en que “las penas no se han aumentado del todo” y propuso aumentar la pena mínima para que el delito no se convirtiera en excarcelable.

Vega fue el encargado de explicar el por qué dando tres causas. La primera de ellas fue que él no cree que el agravamiento de las penas disuada a alguien de cometer el delito. La segunda, que las penas corresponden a la escala del Código Penal y, por último que al subir las penas se violaría un principio básico del galantismo que es no dar la posibilidad de la excarcelación y por lo tanto se correría el riesgo de que alguien planteara la inconstitucionalidad de la ley.

Aunque estuvo de acuerdo, Gil Lozano señaló de todos modos que “partir de los 3 años de pena y dejar en libertad al tratante pone en riesgo la vida de la víctima”.
“Me parece que con este dictamen estamos cumpliendo lo que nos pidió la sociedad civil. Es mucho mejor esta ley que la que teníamos. Yo en un momento había pensado en agregar un capítulo sobre los derechos de las víctimas de trata pero lo plantearé en todo caso en el recinto para que este dictamen salga cuanto antes. Con respecto a las penas hubo un incremento y creo que estamos dentro del marco de lo que acordamos”, apuntó la diputada de la CC.

Mucho después Gil Lavedra hizo notar que al tener tantos agravantes la ley no quedaría nadie exento de prisión ya que el piso mínimo cuando hay un agravante es de 5 años.
Otro tema polémico fue la penalización del cliente. Muchos diputados la plantearon, entre ellos Marcela Rodríguez. Pero Vega intentó hacer entender que “si penalizamos al cliente corremos el riesgo de que la policía termine olvidándose del negocio y se dedique a perseguir a los consumidores de prostitución”. También explicó que de esa manera se pondrían obstáculos al “trabajo sexual libre y controlado”, lo cual sería inconstitucional.

Marcela Rodríguez arremetió: “Creo que hay que reprimir con una pena leve a quien entregue dinero a una víctima de trata”.

Por su parte, Patricia Bullrich opinó que “si penalizamos al usuario perdemos al único testigo que tenemos de la trata”. Gil Lozano resaltó que “la prostitución no está penalizada en la Constitución Nacional. Si quieren debatimos también la ley de proxenetismo pero no es lo mismo que la trata”.

Llegado su turno, María Luisa Storani propuso otra modificación que enseguida fue rebatida por su compañero de bancada, Gil Lavedra. Pretendía que se tomara como agravante el hecho de que la víctima quedara con secuelas físicas o psíquicas. El jurista respondió que sí o sí la víctima quedaría con secuelas al menos psíquicas, con lo cual todos los casos quedarían incluidos dentro del agravante.

Llegado ese punto tanto Gil Lavedra, Vega y Gil Lozano anunciaron que cada vez la posibilidad de un dictamen unificado se alejaba más si no llegaban a un acuerdo. Ante una moción de ésta última para que se votaran el dictamen es que se terminó el debate. Marcela Rodríguez, en desacuerdo con que no se pene al cliente y con las bajas penas anunció que sacará un dictamen en minoría.