El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, envío un proyecto de ley para que el ejecutivo porteño sea autorizado a instrumentar los contratos y las obras necesarias para la construcción e instalación de una planta de mantenimiento integral, de recuperación y separación de residuos sólidos urbanos en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar Antonio Gálvez ubicado en el barrio porteño de Villa Riachuelo.

Para poder ocupar ese espacio, el gobierno macrista pide que se “desafecte” el predio delimitado por la Avenida 27 de febrero y la Avenida Escalada “a los fines de instalarse allí la nueva Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos por el método de separación mecánico biológico”. De esta manera, ese sector del Autódromo pasaría a formar parte del Distrito de Zonificación E4 Higiene Urbana.

Además de la firma de Macri, el proyecto posee la rúbrica de los ministros de Espacio y Ambiente Público, Diego Santilli; de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín y de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, junto con la del jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La iniciativa exige declarar de “interés público y crítico” las obras a ejecutarse en el marco de los objetivos y principios emergentes de la Ley N° 1854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en donde se señala como prioridad al tratamiento y la gestión integral de residuos que se generan en el ámbito de la Capital Federal de forma sanitaria y ambientalmente adecuada, a fin de proteger el ambiente, los seres vivos y bienes.

Según el proyecto impulsado por el jefe de Gobierno, entre los objetivos concretos que se citan, se prevé que la planta tratará 1000 toneladas por día de residuos sólidos urbanos con el fin de separar la fracción reciclable y “continuar con la reducción de los mismos destinados a disposición final en rellenos sanitarios”.

Por otro lado, se menciona que para que una planta de esas características y funciones trabaje de manera adecuada debe contar con “una superficie mínima de ocho hectáreas”. A su vez, se indica que esa cantidad de territorio es necesaria a fin de albergar la totalidad de las áreas que componen la Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (denominada RSU).

Esas áreas son la de descarga y recepción, que ocupará un 10 por ciento de la superficie total; área de recuperación de productos, pre tratamiento y rechazo, también de un 10 por ciento; área de tratamiento de residuos orgánicos que según la tecnología que se utilice puede ocupar o un 30 o 40 por ciento de la superficie total. Otras áreas como la de circulación de camiones, oficinas, sector de parquización y servicios, entre otros, rondarán el 40 por ciento.

Vale aclarar que la empresa que obtenga la concesión de la construcción de la obra, tal como sostiene el proyecto, deberá hacerlo por “una extensión no menor a los 10 años ni mayor a 20 años, a opción del gobierno porteño”.

“La falta de capacidad de tratamiento de este tipo de residuos requiere la instrumentación de proyectos como el que por medio de la presente se pretenden”, argumenta la iniciativa macrista.