Tal como adelantó Parlamentario, en los próximos días el Gobierno enviaría al Congreso una iniciativa para una nueva Ley de Radiodifusión. La misma sólo “incluiría” algunos puntos del anteproyecto de Nemirovsci.
Por Pablo Winokur
En los próximos días el Gobierno estaría pronto a enviar al Congreso un proyecto de ley para crear una nueva Ley de Radiodifusión que reemplace a la vigente, que fue creada durante la última dictadura militar. Sin embargo, y tal como se deslizara en la nota del número anterior, el proyecto oficial no será el elaborado por el titular de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja, Osvaldo Nemirovsci, sino que sólo tomaría algunos puntos del mismo.
¿En qué se basará la reforma K? Principalmente en reducir las licencias de radio y televisión en poder de una persona física o jurídica. En la actualidad se estipulan un máximo de 24, lo que pasaría a 10 o 12. También se estipularía la existencia de tres polos de gestión de medios: la pública, la privada sin fines de lucro -comunitarias, religiosas- y la gestión privada con fines de lucro. Por último, la ley tendría una presencia fuerte en lo que hace a la regulación de los contenidos, un ítem temido por los políticos más liberales, dado que se puede convertir en un arma de doble filo. Si bien es cierto que es importante que el Estado regule determinados contenidos y fije por ley la denominada “responsabilidad social de los medios”, también hay quienes tienen miedo de que esto se convierta en una herramienta para el Gobierno para limitar la libertad de expresión.
En este sentido hay quienes ya se mostraron preocupados por la figura del “ombudsman de los medios”, que querría imponer el Presidente. Preocupa que desde el Estado haya una persona que controle lo que dice o deja de decir cada medio, lo cual hasta ahora sólo puede ser evaluado por los lectores. Existen aquí y en el mundo, medios que optaron por tomar esta figura, pero se hace en forma independiente y por propia voluntad del responsable periodístico de la revista, diario o programa en cuestión.
Lo cierto es que -tal como lo revelaron distintos medios- aún se está esperando que el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, termine de revisar la redacción del proyecto oficial que presentará el Ejecutivo en los próximos días.
¿Por dónde entramos?
El gran debate que se vive por estas horas en el oficialismo es por dónde conviene ingresar la propuesta, de modo de que ésta sea modificada lo menos posible. Como se sabe, la Cámara de inicio tiene la facultad de admitir o rechazar las modificaciones emitidas por el otro cuerpo.
En general, el Gobierno ingresa sus principales propuestas por el Senado, donde cuenta con una mayoría fuerte y disciplinada. Diputados, en cambio, es un cuerpo más multiforme. A modo de ejemplo, basta para ello ver la experiencia de la Ley de Superpoderes que -se sancione o no- ya le ha dado algunos dolores de cabeza al Presidente.
Sin embargo, a la hora de defender un proyecto que viene del oficialismo, también es importante el apoyo acérrimo del presidente de la comisión respectiva. Las tres leyes más polémicas que el Gobierno pidió sancionar (Consejo de la Magistratura, Decretos de Necesidad y Urgencia y Superpoderes) contaron con Jorge Capitanich y Cristina Fernández de Kirchner como los principales escuderos. Además, tienen en la retaguardia a un hábil conocedor de las normas escritas y no escritas en el Congreso, como lo es el titular del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto.
El tema, entonces, será uno de los principales debates cuando se reanuden las sesiones, tras el receso. Habrá que ver con claridad cuáles son los lineamientos del proyecto y sus objetivos finales.
En principio, si éstos fueran los que se declaran en las horas previas, se podría contar con el apoyo del radicalismo y del ARI. Ambos tienen en sus plataformas electorales la reducción de los permisos de medios y la “responsabilidad social” de éstos. Claro que habrá que ver si la dinámica Gobierno vs. oposición no tracciona en contra; y si, además, el gobierno tuviera dobles intenciones -como se podría ver en el tema del “ombudsman”- sería difícil pensar en un apoyo.
Sea como fuere, tal como lo adelantó Parlamentario y el propio Nemirovsci, si el tema avanza no será a través de un proyecto del Congreso: “Los tiempos -dijo el legislador- los va a manejar el Poder Ejecutivo, que es el que va a ejecutar la ley. Además, hago un paréntesis político. Soy parte de un proyecto nacional, que es conducido por el presidente Kirchner, quien con su mirada macro va a poder aportar su punto de vista”.
