En estos días resurgió el debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero en vez de profundizar sobre el rol de los medios en democracia, lamentablemente la discusión naufraga entre fanatismos bajo el disfraz de los absolutos. Demócratas vs. autoritarios, buenos vs. malos, expresiones de una dialéctica que esconde nuestra incapacidad como dirigentes para dar soluciones de fondo y al fin tener nuevos problemas.

La ley de medios tuvo y tiene una finalidad fundamental: proteger el derecho humano a la información, la libertad de expresión y de prensa. Es fruto del consenso más amplio y prevé herramientas para una política de Estado a ser cumplida por todos los gobiernos. Sin embargo, a tres años de su sanción, subsisten nueve grupos de medios en infracción. Más los estatales y los pauta-dependientes devenidos en órganos de propaganda facciosa y no oficial. Todo, por supuesto, en nombre de la ley vulnerada. Se escuchan voces, pese a las cadenas, que cuestionan la implementación del AFSCA, desde pequeños y medianos operadores, universidades, pueblos originarios, cooperativas, tercer sector y todos los que aguardan que el Gobierno cumpla las exigencias técnicas para democratizar el espectro.

Siempre cuestioné la expansión desmesurada de las empresas de medios como un límite para la libertad de expresión. Por eso, impulsé un cambio en la regulación y fui autora del proyecto previo al Gobierno.

La pelea judicial es sólo con Clarín, y se podría haber evitado si el día que se aprobó en Diputados la oposición no se hubiera levantado de sus bancas cuando se votó el artículo 161. Hubiéramos sido mayoría avalando un plazo de tres años para adecuarse a la norma.Lo dramático es que los ciudadanos quedamos indefensos frente a un Estado que no aplica la ley. Los derechos humanos son para todos. No cumplir con eso, hace de la Justicia un linchamiento.

Vázquez es exdiputada nacional, expresidenta de la Comisión de Comunicaciones