La sucesión de medidas de fuerza de los maestros en distintas provincias del país, y particularmente en la Ciudad están generando preocupación en diputados y senadores, especialmente de la oposición, que están reclamando una salida unificada del conflicto.
Muchos aún recuerdan la escena como una imagen pictórica de un tiempo que fue y ya no es. Había asumido un 25 de Mayo de 2003. Apenas unos días después, Néstor Kirchner tomó un avión, junto a su flamante ministro de Educación, Daniel Filmus, y fue a destrabar un conflicto que ya llevaba casi un año y que dejó a los chicos entrerrianos por 70 días sin clases. Kirchner acordó con la entonces secretaria general de CTERA, Marta Maffei, que la Nación giraría los 81 millones de pesos adeudados por la Provincia a los docentes. Así, rápidamente, el Gobierno daba muestra del Estilo K. “Hoy un hecho, mañana otro. Sorpresa y ejecución eficaz. Avance constante y si hay una contraofensiva, redoblar la apuesta”, describió un colaborador cercano a Kirchner al diario Río Negro.
Casi seis años después, la descripción sigue estando vigente, aunque ya no tiene la misma connotación positiva de entonces. Y Cristina Fernández de Kirchner ya no parece tan preocupada por la cuestión educativa y salarial docente como lo estuvo al principio de la gestión de su marido. Hasta ahora, no hubo respuestas por parte de la Nación respecto a sus posiciones sobre a los conflictos sostenidos que se vienen manteniendo en los principales distritos del país.
“Los paros perjudican principalmente a los alumnos de los sectores más vulnerables porque son ellos los que asisten a las escuelas públicas. Los grupos medios y altos, hace rato, se pasaron a la privada, escapando de este tipo de problemas”, explicó Cecilia Veleda, coordinadora del programa de Educación de CIPPEC. Y esto a su vez impacta en la calidad educativa.
El debate está latente: ¿Qué deben hacer los gobiernos nacionales, provinciales y municipales frente a los reclamos docentes? Existe una realidad que durante los últimos años se han priorizado las cuestiones gremiales del sector. Al comenzar la gestión Kirchner, el sueldo mínimo docente era de $300,65 pesos; actualmente es de $1.290, es decir un 329% más. Si bien la inflación fue importante en ese período, es difícil sostener que haya sido de tal magnitud y que los aumentos sólo se dieron por inflación.
Ahora bien, los docentes reclaman que esto no alcanza. Y probablemente tengan razón: la única manera de salir de las crisis recurrentes que vive la Argentina es con una educación de calidad, algo imposible si los docentes no perciben sueldos dignos de profesionales.
Distintos reclamos
¿Pero qué es lo que se reclama si el sueldo ha subido considerablemente en estos años? Por empezar, hay que diferenciar los reclamos. Por un lado están los docentes primarios o secundarios y, por el otro, los universitarios, que con menos trascendencia mediática también están pidiendo mejoras. Estos últimos no se vieron tan beneficiados por la política educativa kirchnerista.
En el caso de los docentes iniciales, primario y secundario los reclamos pasan por dos carriles. Por un lado, una actualización salarial producto de la fuerte inflación que se vivió este año. Si bien a principio de 2008 se aumentó un 24%, ese número ya quedó absolutamente desactualizado.
Pero por otro lado, aparecen reclamos en torno a las escalas. Si bien es cierto que durante la gestión Kirchner se hicieron importantes aumentos al sector educativo, la forma en que éstos se gestaron no fue la mejor: para resolver la emergencia se fueron imponiendo sucesivos “mínimos de garantía” para que ningún docente cobrara menos de determinado monto. Pero los incrementos en esos pisos fueron mucho mayores que el salario mínimo docente, lo cual terminó achatando completamente la pirámide. Los primeros años de ejercicio todos ganan lo mismo. Por ejemplo, una maestra de grado de Capital Federal tiene un salario básico de 695,60, más 110 pesos del Fondo de Incentivo Docente. Como no llega al piso de 1.290 que garantiza el Ministerio de Educación, se le agrega la diferencia. Recién en su séptimo año de docencia empieza a cobrar unos pesos más.
Además, la diferencia entre el salario básico más los adicionales de antigüedad y el mínimo de garantía no son remunerativos. Es decir, no cuentan ni para la jubilación ni para la obra social; tampoco cuenta el Fondo de Incentivo Docente.
Lo que más irrita a algunos docentes es que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se dice que este año se aumentó en total un 40%, cuando en realidad lo único que se hizo fue pasar algunas sumas no remunerativas al básico.
Repercusiones
En el oficialismo de la Cámara alta no se quiso hablar del tema. Ninguno de los legisladores consultados para esta nota quiso responder el cuestionario. Sólo un ¿radical? K se expresó. El ex gobernador fueguino y actual senador nacional Mario Colazo, a través de un proyecto de declaración expresando su preocupación por el hecho de que su provincia sería una de las que no cumpliría los 180 días de clase.
La titular de la Comisión de Educación de Diputados, Adriana Puiggrós, defendió la política del Gobierno nacional, pero a la vez se solidarizó con los docentes. “Los reclamos casi siempre son válidos. Nadie pide lo que ya tiene, sino lo que le falta. Pero hay que analizar también las posibilidades ciertas que existentes para satisfacer por completo todas las demandas”, dijo a Parlamentario. “El Gobierno nacional este año hizo la primera paritaria docente nacional, que es el ámbito para resolver las diferencias y acordar otras cuestiones que no necesariamente siempre ronden en la cuestión del salario docente”, defendió y dijo que ésa es la mejor metodología para negociar. Más allá de eso, se encargó de diferenciar la situación de la Ciudad de Buenos Aires de la de la provincia. No son casos comparables, porque son realidades distintas. La Provincia tiene el sistema educativo más grande de Argentina en todos los niveles. 4,5 millones de alumnos, 230 mil docentes, más de 60 mil auxiliares, 18 mil escuelas… entonces cada decisión que debe tomarse para el sistema requiere de un análisis profundo. Lo bueno es que en la Provincia se llegó a un acuerdo entre las partes y esto beneficia a los chicos que son los destinatarios de la educación”.
La falta de recursos parece ser entonces el centro de la discusión. Sin embargo, desde el SI, el docente Eduardo Macaluse rechazó que esté faltando dinero. “Estamos dentro de un contexto de abundancia en el que anualmente existen importantes excedentes de recaudación equivalentes prácticamente a un presupuesto educativo completo; en el que los subsidios a los grupos económicos y a las empresas, así como también las ventajas tributarias y las subvenciones, duplican o triplican el presupuesto que el Estado destina a educación, y donde existe una concentración en el Banco de la Nación equivalente a tres presupuestos educativos nacionales”, sostuvo el ex ARI. Al respecto, Macaluse presentó un proyecto de ley para modificar la ley de Financiamiento Educativo, una ley que se sancionó en 2005 y que estipula que para el 2010 el presupuesto educativo debería ser equivalente al 6% del PBI nacional.
El problema es que los aportes para llegar a esa meta deben estar dados en un 60% por las provincias y en un 40% por la Nación. Macaluse propone invertir esos criterios. “En este contexto de abundancia de la recaudación, la Nación invierte menos que las provincias, sin poder resolver la conflictividad educativa. Por eso seguimos teniendo paros y cantidad de días de clase que se pierden por insuficiencia de recursos y por una decisión que sigue siendo invertir en educación básica un porcentaje muy bajo de todo lo que se gasta en educación”, señala Macaluse.
Su compañera de bancada, la docente Delia Bisutti también criticó el accionar del Gobierno porteño. “El ingeniero Macri dice que no se puede aumentar el salario a los maestros de la Ciudad porque no hay dinero para esto, pero hace pocos días logró que la Legislatura le aprobara 1.500 millones de ampliación presupuestaria que se van a destinar entre otros rubros a nuevos contratos por la basura; si se puede para lo uno también se puede para lo otro”, dijo la diputada del SI.
Otro que trabajó el tema fue el radical Luciano Fabris, quien presentó un proyecto de ley al respecto, al menos para morigerar un poco el conflicto: la idea es incorporar al básico el Incentivo Docente. “Es preciso insistir en la necesidad de blanquear el piso docente nacional, y en consecuencia incorporar como remunerativos y bonificables los montos establecidos por el Fondo Nacional de Incentivo Docente”, aseguró.
Más allá de las pocas opiniones que se resaltan, es importante que se encuentre una solución a estos recurrentes conflictos. Los que están de rehenes son los chicos, nuestro futuro… el futuro del país.
