De las nueve reuniones que debería haber celebrado desde el inicio del período 2009, sesionó únicamente en seis oportunidades y en ellas abordó proyectos no controvertidos tratando de evitar que los consensos alcanzados no frustrarán los plenarios parlamentarios. Sin embargo, un importante número de propuestas permanecen sin tratamiento a pesar de que están dirigidas a lograr mayor y mejor calidad de vida para los porteños.

Es una constante en la política nacional que, cuando se avecina una contienda electoral, es difícil reunir el pleno legislativo, a veces por la renuencia de las diferentes bancadas a colaborar para alcanzar el quórum necesario y llevar a cabo las deliberaciones, y en otras oportunidades porque el plan de labor parlamentaria que se logra consensuar no satisface las expectativas de ninguno de los involucrados.

Puedo, pero no. Sin entrar a analizar los motivos que impulsan a evitar la discusión en el recinto, de lo expresado se desprende que todos los sectores determinantes tienen una particular visión de las propuestas que ellos mismos ingresan al Parlamento: por un lado el oficialismo que niega el tratamiento de temas que puedan resultar álgidos para la gestión y es también renuente a habilitar el recinto para que la oposición use el mismo como tribuna para desarrollar sus respectivas campañas electorales.

La oposición, por su parte, acuerda sesionar pero condicionada a un temario propuesto por el oficialismo, ya que hasta ahora fue incapaz de generar un proyecto consensuado entre las diversas fuerzas para debatirlo en el recinto. Esta conducta legislativa no hace más que profundizar sobre el deterioro de las instituciones.

Resulta evidente que la vida social se aceleró mientras los tiempos legislativos continúan intactos, por ello es necesario desarrollar una nueva versión de la responsabilidad política.

Temas pendientes

Durante el 1º de marzo al 30 de abril, la Legislatura sesionó en seis oportunidades. En las mismas fueron sancionadas la norma que establece la libre opción de obra social para todos los afiliados de la ObSBA. También se aprobó el proyecto que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación del 70% indiviso de los inmuebles que conforman el espacio denominado “Ex-Padelai”.

Asimismo, el Cuerpo dio su visto bueno a las propuestas que impulsaban la implementación del Sistema de Estacionamientos Vecinales Subterráneos (SEV), destinado a regular la construcción y gestión de playas subterráneas de estacionamiento para el uso de vecinos de las zonas en que las mismas se instalen, al igual que la norma que regula el establecimiento del Sistema de Estacionamientos Subterráneos de carácter disuasorio, destinado a regular el ingreso de automóviles particulares al área central de la Ciudad.

En la sesión del 16 de abril los legisladores sancionaron la ley que determina que una calle del Barrio de La Boca lleve el nombre de Germán Abdala, ex dirigente de ATE Capital. En la misma reunión aprobaron una serie de modificaciones al Código de Tránsito y Transporte que se refieren a la obtención o renovación de la licencia de conducir, las modalidades que deberán observar motovehículos y ciclorodados para circular por las arterias de la ciudad y se incorporó la definición de “maniobra de giro” y señales luminosas para ingresos y egresos de la vía pública.

En tanto, en el plenario desarrollado el 23 de abril último el Parlamento sancionó la ley que declara “Sitio Histórico” al inmueble ubicado en Venancio Flores 3519/21, donde funcionara el ex centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Sin embargo, en la última sesión celebrada el oficialismo sufrió un revés al no conseguir los votos necesarios para aprobar la norma que impulsaba la desafectación del dominio público y disponer la enajenación de tres inmuebles ubicados sobre las avenidas Madero y Leandro N. Alem.

Más en el tintero

Un sinnúmero de propuestas legislativas -con estado parlamentario vigente- se encuentran sin ser abordadas y que no son llevadas al recinto para su tratamiento porque el oficialismo depende del nivel de negociaciones que pueda establecer con la oposición.

Así podemos citar la ley que propone otorgar la concesión de la obra pública de la red de autopistas y vías de interconexión y puentes de conexión física con la provincia de Buenos Aires a la empresa AUSA y la norma que introduce modificaciones al régimen del Instituto de la Vivienda de la ciudad.

También duerme en los cajones de la Secretaría Parlamentaria la creación del Registro Unico de Organizaciones Beneficiarias de la Ciudad y el proyecto que establece un régimen especial de inasistencias justificadas de alumnos en situación de violencia familiar.

Tampoco la propuesta del ex legislador Miguel Talento referido a los Aranceles Inmobiliarios, a pesar de tener despacho de las comisiones respectivas, ha recibido tratamiento en el recinto, al igual que la iniciativa que se relaciona con la regulación de los Establecimientos de Asistencia a personas en situación de calle. La norma en ciernes es de autoría de la actual ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal.

La ley que aborda la garantía al derecho de ser diferente cuya autora es la diputada por la Coalición Cívica, Diana Maffía, tampoco ha recibido tratamiento legislativo a pesar de contar con despacho de comisión desde 2008.

Despachos reservados

Otra singular situación ocurre con los expedientes que, al ser tratados en sesión, no alcanzan los votos necesarios para ser aprobados a raíz de desacuerdos parlamentarios que surgen entre los diversos espacios legislativos. Esos proyectos quedan “reservados en secretaría”, de lo contrario perderían estado parlamentario. De esa manera se encuentran la ley de Creación del Registro Unico de Postulantes a Viviendas del IVC, la norma que introduce modificaciones a la Ley Nº 1.353 “Garrafa Social” y el proyecto que prohíbe designar como funcionarios políticos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Datos extraídos del Acuerdo de Labor Parlamentaria del 30 de abril pasado.