Más allá de los resultados, el acto electoral dejó una conclusión importante: se hace imprescindible reformar algunos aspectos de la política para dotar de más legitimidad a los comicios. Prohibición de testimoniales o transfuguismos son algunas de las propuestas en danza.
Por Pablo Winokur
Estas elecciones, más allá de los resultados que darán para múltiples lecturas, dejaron en evidencia que el sistema electoral argentino no está funcionando. Como se dejó expresado en el anterior número de Parlamentario, en esta oportunidad se debatió más sobre las cuestiones formales, y nombres y caras de los candidatos, que de las propuestas que éstos expresarán en el Congreso cuando asuman en sus bancas.
Se pueden observar una serie de irregularidades que atraviesan a todos los espacios políticos y -aunque legales- no son del todo éticas. Esto no es patrimonio del kirchnerismo, como muchas veces se señala, sino que alcanza a todos los partidos o frentes. Será necesaria una reforma política, que contenga algunas cláusulas que limiten los excesos de los partidos, de manera clara y taxativa. Y a su vez, que fortalezcan a los partidos en detrimento de los nombres propios o alianzas circunstanciales.
Al filo de la ley
Las candidaturas testimoniales fueron en esta elección la expresión más denostada. Sin embargo, fue tal vez la más leve de las trampas electorales. Hubo muchas otras. La primera y principal -teniendo en cuenta que es el titular del partido político del Gobierno- es que un hombre que hizo toda su carrera política en una provincia, en este caso Santa Cruz, se presentó como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por haber vivido allí apenas dos años, como consorte presidencial. No es ilegal, dado que ése es el requisito que la ley exige. ¿Pero no será la ley un poco blanda?
Los problemas con los cambios de distrito no se limitan al oficialismo. Nito Artaza se cansó de ser candidato y pre-candidato por la UCR de la Capital. Y una y otra vez se vio derrotado en las urnas internas o externas. Viendo que la suerte en la Ciudad de Buenos Aires le era ajena, decidió mudarse a su distrito natal, Corrientes, en donde las encuestas lo favorecían. La ley dice que cualquier persona que nació en el distrito puede candidatearse independientemente de dónde vivió en los últimos años. Sin embargo, ¿es ético que una persona se presente por su distrito natal sólo porque su actual jurisdicción le es adversa? Algo similar se puede decir de la santiagueña Marta Velarde, hoy convertida en capitalina y de la Coalición Cívica, aunque con menos suerte.
El último caso que vale mencionar es el de Gabriela Michetti. Fue votada hace dos años para ser vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al año y medio de asumir decidió renunciar, con la excusa de que desde el Congreso podría representar mejor los intereses de la Ciudad. Hoy si a Mauricio Macri le pasa algo -Dios no permita- o se quiere ir a vivir a México o renuncia para ser candidato a Presidente, la Ciudad se vuelve a quedar sin jefe de Gobierno. Otra vez una enorme transición, que sin duda perjudica la calidad de vida de “los vecinos”.
Gabriela fue votada por los porteños para ocupar ese rol y no hay ninguna otra persona que pueda reemplazarla en esto. En cambio, poco puede aportar ella en su banca como diputada. La excusa fue que desde su escaño pelearía por la autonomía de la Ciudad. El problema es que son los diputados de las otras provincias los que se oponen a eso. Un diputado individual entre 257 no puede hacer mucho, por más bueno que sea; si el resto de los diputados no tiene la voluntad de avanzar en los temas. Y si el resto de los diputados tienen la voluntad de avanzar, ¿entonces para qué se necesita a Michetti? La verdadera razón por la que Michetti abandonó su cargo de vicejefa es que daba bien en las encuestas.
Tanto unos como otros podrían exponer la misma excusa a la hora de justificar sus postulaciones. “La ciudadanía de mi distrito me votó. Y quiere que yo los represente en el Congreso. Esa es mi gran legitimación”. El problema es que hoy la ciudadanía entiende bastante poco de lo que está votando. Una reciente encuesta de la Universidad de Belgrano demostró que el 46% de los porteños no podía mencionar a más de un candidato a una semana de la elección. Supuestamente, los ciudadanos de Capital Federal son los más “ilustrados”, y aún así tienen serias dificultades para entender qué se vota, cómo se vota y quiénes son los candidatos.
¿Es culpa de los votantes este desconocimiento? Probablemente no; seguramente es responsabilidad de la complejidad de un sistema atomizado y de políticos que no logran comunicar efectivamente sus propuestas.
Pequeños cambios, grandes cambios
Es por eso que se hace necesario darle más previsibilidad al sistema. ¿De qué manera? En primer lugar existe un ordenador del sistema político que excede a cualquier legislación que se pueda implementar: los partidos políticos. Si se fortalecen los partidos políticos, la ciudadanía pasa a tener opciones que exceden a dos o tres personas por espacio. Si se limitan los traspasos de cargos, distritos, frentes, se obliga a generar nuevas figuras y consolidar los espacios. Cuando el Frente para la Victoria no tuvo ningún candidato conocido para poner al frente de la elección de jefe de Gobierno de 2007, se vio obligado a colocar allí al ignoto Daniel Filmus. Y el ex ministro logró salir segundo y convertirse en una figura pública distrital. ¿Podría haber pasado lo mismo con algún dirigente del PRO si Michetti no se hubiera candidateado?
Para limitar estas cuestiones, no se requiere de reformas profundas. Algunas de las propuestas que se están trabajando en varios despachos del Congreso son:
Limitar los cambios de distritos: que aquella persona que se haya presentado por una jurisdicción o haya ejercido un cargo público en ella, deba esperar un mínimo de años (pueden ser cuatro u ocho) para representar a otra provincia.
Prohibir la migración a cargos descendentes: se supone que cualquier líder político quiere construir poder. Por lo tanto, se permitiría que un dirigente abandone su cargo electivo para irse a otro en el que acrecentaría su poder, pero quedaría prohibido ir a otro con menos capacidad de decisión. Es decir, quedaría vedada la posibilidad de pasar de un cargo ejecutivo electivo a uno legislativo; y también de pasar de la Cámara de Senadores a la de Diputados. Se supone que la fracción de poder del diputado es de 1 en 257; en cambio, la del senador es 1 en 72.
¿Ministros candidatos?: Si un ministro o secretario de Estado quiere ser candidato, entonces debe renunciar a su cargo. Esto evita la superposición de funciones.
Limitación de traspasos de partidos: algunos hablan de limitar los frentes, acuerdos o alianzas para que no puedan tener una duración de una sola elección. Otros dicen que lo ideal sería que no pueda haber candidatos que no estén afiliados al partido al que representan. De esa manera, por ejemplo, los peronistas que quisieran presentarse por fuera de su partido deberían renunciar a su membresía justicialista.
Boleta única: para terminar con el robo de boletas, especulaciones de fraude y otras cuestiones, ésta puede ser una opción sencilla. Sin entrar en la discusión respecto al voto electrónico, que requiere de una mayor planificación e infraestructura.
Fin de listas sábanas horizontales: para terminar con el efecto arrastre. Esto obligará a los ciudadanos a conocer que se votan varias categorías en cada elección y evitaría que la gente sólo vote en la categoría principal y relegue la secundaria. ¿Cuántas personas sabían en Capital que se votaba legislador porteño?
Cumplimiento de las leyes existentes: hay normas que plantean limitaciones al financiamiento de las campañas o que plantean transparentar el gasto político. Para esto no hace falta crear leyes nuevas sino cumplirlas.
Proyectos en el Congreso
En el Parlamento existen decenas de proyectos de ley para generar pequeñas reformas políticas. Estamos hablando de reformas mínimas que no impliquen cambiar de raíz el sistema electoral argentino. Es decir, sin modificar temas estructurales y polémicos como la implementación del voto electrónico o la eliminación de las listas sábanas. Son pequeños cambios que ayudarían mucho.
El bloque socialista, a través de la diputada Laura Sesma, presentó una serie de proyectos. El primero obliga a que “todo funcionario público elegido por voluntad popular” deba cumplir “al menos la mitad del mandato para el cual fue electo por lo que se encuentra inhabilitado para postularse para otro cargo electivo antes de finalizado dicho plazo”. Pide además que “si finalizado el mismo se presenta como candidato a otro cargo público y resulta electo, debe asumir el nuevo mandato”. De este modo, elimina de cuajo la posibilidad de las “testimoniales”.
Otro proyecto de su autoría, busca fortalecer los partidos políticos. Propone que si por dos años no se hacen elecciones internas para elegir las autoridades partidarias, éstos puedan ver revocada su personería jurídica.
También presentó una serie de iniciativas para transparentar el financiamiento político, y, pensando en las denuncias de fraude, plantea crear una fiscalía especializada en la atención de delitos electorales.
El diputado de Buenos Aires por el Cambio Norberto Erro (que responde al intendente de San Isidro, Gustavo Posse) también plantea la limitación de las testimoniales: no podrán presentarse a cargos legislativos nacionales quienes “en la elección antecedente, no hubiera ejercido el cargo durante un período mayor a la mitad de la duración del mandato por el que hubiera sido electo, por desempeñarse en otros poderes del Estado”. Es decir, que la mayoría de los ministros de este Gobierno no podrían presentarse a elecciones porque fueron candidatos y no asumieron. También prohíbe a ministros y secretarios de Estado a presentarse a cargos electivos sin renunciar previamente a su posición en el Ejecutivo.
El especialista dentro del oficialismo en el tema de reforma política es Jorge Landau quien, entre otras cosas, propone terminar con las listas espejos. “Esto es uno o varios candidatos que presenta sus candidatos representando a dos o más partidos y repitiendo exactamente la conformación de las listas ha sido una práctica que ha ido creciendo con el correr con las elecciones”, explica el legislador. “Ello si bien no está prohibido ha provocado confusión en el electorado y, más de una vez, ha sido la vía para acuerdos electorales con posterioridad al cierre del plazo para la conformación de alianzas”, agrega.
El titular del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Adrián Pérez, presentó dos iniciativas para limitar la posibilidad de los oficialismos de hacer uso de sus medios oficiales para multiplicar su campaña electoral. Para ello pide prohibir los actos de gobierno con carácter proselitista 45 días antes de la elección. Y cualquier tipo de acto proselitista 48 horas antes del comicio.
Desde el PRO, Federico Pinedo presentó un proyecto para regular la fecha de las elecciones. Y Cristian Gribaudo pidió que se regulen los cambios en las alianzas. “Los ciudadanos que aspiren a proclamarse candidatos a todo cargo público electivo no podrán postularse por partidos, confederaciones nacionales o de distritos, fusiones y alianzas transitorias distintos a aquel por el que hayan sido candidatos en un acto electoral anterior, hasta que hayan trascurrido desde dicha candidatura como mínimo tres (3) convocatorias electorales consecutivas, sin contar a tales efectos las convocatorias a segunda vuelta electoral”, dice el proyecto.
Reconstruir un sistema
La destrucción de los partidos políticos, producida después de la crisis de 2001 generó una excesiva personalización de la política y una gran confusión en la ciudadanía.
La Constitución argentina dice que los partidos son instrumentos fundamentales en la democracia. Hasta tanto se pueda reconstruir un sistema de partidos -que no necesariamente tiene que ser el mismo que existía antes- es necesario generar normas legales que faciliten esa transición. Aquí se señalaron algunas medidas posibles. Lo que es cierto es que hoy más que nunca la Argentina necesita una reforma política con medidas cortas y efectivas. Para ello se necesita voluntad política.
