Tras el anuncio de Patricia Bullrich en la que habilitará a las cuatro fuerzas de seguridad a intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas, el diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) se refirió a la media y expresó que la ministra de Seguridad “carece de competencia para reglar un derecho fundamental”.

Basándose en el sistema jerárquico de orden normativo que rige en Argentina, Valdés explicó: “Un protocolo no mata la Constitución Nacional, ni los Tratados Internacionales, ni las leyes”. “Yo le pregunto a la ministra ¿quiere hacer realidad lo que dijo en campaña de enterrar a los opositores?”, aseveró.

“La libertad sólo sirve si la pueden ejercer quienes piensan distinto a los que detentan el poder”, cuestionó el diputado opositor, y agregó que “tenemos que aprender a escucharnos más en lugar de amenazarnos. El derecho a la protesta es fundamental, porque soporta a la estructura democrática”.

Así las cosas, remarcó que “está garantizado por los artículos 14 y 37 de la CN. Las regulaciones de todos los derechos fundamentales deben hacerse por ley del Congreso”, aseguró.

 A su vez, concluyó: “La resolución de Bullrich viola principios constitucionales, como el derecho fundamental de libertad a protestar y criticar, la separación de poderes, las atribuciones del Congreso, las potestades del presidente, las competencias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y la estructura democrática del Estado”.

Habiendo una investigación en curso en la que el fiscal Guillermo Marijuan denunció que desde 2020 a la actualidad, 159.919 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo viajaron al exterior, la diputada Soledad Carrizo  nuevamente exige  la presencia de la ministra Victoria Tolosa Paz  en la Cámara de Diputados para informar sobre las recurrentes irregularidades en la gestión, asignamiento  y control del programa.

“Las irregularidades en la gestión de programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo Social que hoy preside la ministra Victoria Tolosa Paz han sido una problemática reiterada durante este gobierno”, señala la diputada radical en su presentación. Desde hace dos años  la diputada Carrizo promueve esta interpelación a la ministra, sumando ahora el pedido a que informe sobre las actuales investigaciones que lleva a cabo la justicia sobre la gestión de su cartera. 

“Lejos de mostrar indicadores que fortalezcan la transparencia e incrementan el control en los programas de asistencia social para asegurar la racionalidad, eficacia y eficiencia en el correcto otorgamiento y administración de estos programas, nuevas denuncias de irregularidades han adquirido estado público y motivado procesos judiciales que hoy se encuentran en trámite”, afirma la diputada Carrizo, quién acentúa su preocupación en saber cuáles son los mecanismos de control y auditoria que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social para asegurar el correcto otorgamiento de los beneficios del programa y el control del cumplimiento de condiciones para su asignación; como así también los mecanismos de control y auditoría y si existe un entrecruzamiento de datos entre los ministerios

En el mismo sentido se le suman otros proyectos de los diputados Juan Manuel López, Martín Tetaz, Sebastián Salvador, Graciela Ocaña, Waldo Wolff y Pedro Galimberti, entre otros.

Nuevamente han tomado estado público supuestas irregularidades detectadas en los mecanismos de auditoría y control, que han impulsado al fiscal federal Guillermo Marijuan a denunciar a 159.919 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que desde el año 2020 hasta hoy salieron y entraron del país mientras eran y acumulan más de 800.000 movimientos migratorios, entre entradas y salidas de territorio argentino, en absoluta incompatibilidad e incumplimiento de los requisitos que estable el marco reglamentario del programa nacional de Inclusión socio-productiva y desarrollo local Potenciar Trabajo.

“La reiteración de este tipo de irregularidades debilita diariamente la confianza ciudadana en esta gestión y amerita una exhaustiva rendición de cuentas”, concluye Carrizo.

En la sesión de Diputados de esta última semana hubo varios temas que se votaron sin oradores, para evitar extender la reunión, que ya de por sí terminó de madrugada. El primero de esos temas que se votó sin debate fue la declaración como monumento histórico nacional del Parque de la Constitución Nacional, una iniciativa del radical Juan Martín.

Y si bien estaba acordado que no tuviera oradores, el santafesino Mario Barletta pidió hablar brevemente. Fue para hacer hincapié en un detalle que ha ido quedando en un pliegue de la historia, que es el hecho de que el 1° de mayo de 1853 “nació nuestro querido país”, tales las palabras del legislador radical, que recordó que ese día se sancionó la Constitución nacional y por lo tanto merecería ser recordado como la fecha fundacional de nuestra República.

“Somos país desde ese momento, y sin embargo –y habría que averiguar por qué- nunca se cumplió ni siquiera con la ley que establece que el 1° de mayo en Santa Fe se deben realizar los actos correspondientes de conmemoración del día desde el que somos un país representativo, republicano y federal”, dijo, aportando un dato interesante para tener en cuenta a futuro.

Pero en su breve intervención, Barletta también sumó un pedido: el de comprometer a todos los diputados “para que al menos devuelvan a la provincia de Santa Fe el cuadro de la jura que está en el Salón de Pasos Perdidos, que es de la provincia de Santa Fe”. En efecto, sostuvo que “en aquel momento la provincia no tenía plata y se la pidió a Buenos Aires. Lo pagó la Cámara de Diputados, y los diputados dijeron que si lo pagaban ellos, el cuadro debía ser de ellos”.

“Sería un gesto de verdadero federalismo que ese cuadro esté en la provincia que se le pidió al pintor y que se exhiba en la Legislatura de la provincia de Santa Fe”, concluyó el expresidente del radicalismo.

Por 197 votos a favor y 3 en contra -de Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo-, la Cámara baja dio media sanción al proyecto que declara “Monumento Histórico Nacional” al Parque de la Constitución Nacional. 

El Parque de la Constitución Nacional es una intervención urbana conmemorativa de los principios de nacionalidad, ciudadanía, federalismo y república que rigen la vida de los argentinos desde la sanción de la Carta Magna en la ciudad de Santa Fe, el 1° de mayo de 1853.  

Tal cual destaca la iniciativa, la ciudad de Santa Fe, que albergó el nacimiento de nuestra ley fundamental, le rinde homenaje junto a todos los ciudadanos de la Nación, a través del conjunto conmemorativo Parque, Monumento y Museo, cuya importancia y trascendencia alcanza a todo el territorio nacional. 

El predio se encuentra ubicado en el extremo sur de la ciudad, frente al río Santa Fe y representa un lugar privilegiado de 17 hectáreas de superficie, próximo al área fundacional y en un medio ambiente natural ribereño, de cercanía y franca accesibilidad. 

Más precisamente, está situado en avenida de la Constitución Nacional, intersección con calle 1° de Mayo, en la ciudad de Santa Fe, en el predio conocido como Caleta Sur, y delimitado por el Riacho Santa Fe al Este y Sur, la avenida de la Constitución Nacional al Oeste y el predio del Club Náutico Sur al norte. 

Tras la votación, el diputado Mario Barletta (UCR) resaltó que “muy pocos recuerdan que el 1ro. de mayo de 1853 nació nuestro querido país, al sancionarse la Constitución”. “Sin embargo, y habría que averiguar por qué, nunca se cumplió con la ley que establece que el 1ro. de mayo en Santa Fe se deben realizar los actos correspondientes de conmemoración”, dijo. 

El santafesino reclamó además un compromiso de “todos los diputados acá presentes” para que “al menos le devuelvan a la provincia de Santa Fe el cuadro que está aquí al lado, en el Salón de Pasos Perdidos, que es la jura y que es de la provincia de Santa Fe”. “Sería un gesto de verdadero federalismo que ese cuadro esté en la Legislatura de Santa Fe”, añadió. 

Autor de la iniciativa, el diputado Juan Martín (UCR) destacó que este Parque “no se trata de un monumento más, sino que le hace homenaje al conjunto patrimonial que reivindica los valores republicanos”. 

“En momentos tan difíciles como este, me parece que el mensaje que estamos dando y celebro es que vamos a salir con mejor calidad institucional, con mejores instituciones y eso honra la Constitución Nacional”, sostuvo. 

Además de valorar que legisladores de diferentes bloques acompañaron el proyecto, que también contó con involucramiento de la sociedad civil, Martín elogió que el museo del predio es de “referencia a nivel nacional e internacional” que “le hace homenaje con creces a nuestra Carta Magna”. 

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) presentó este jueves un proyecto de declaración para establecer el estado de sitio en la ciudad de Rosario y Villa Constitución.

El economista libertario argumentó que “la escaldad de violencia y, el desconocimiento de las reglas por parte de varios grupos de violentos relacionados con el narcotráfico, denota que tal situación afecta el orden constitucional”.

Del mismo modo, mencionó al artículo 23 y al inciso 29 del articulo 75 de la Constitución Nacional que establece “declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo”.

Asimismo, nombró al preámbulo de la ley suprema y explicó: “Consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”.

Así también, explicó que tal proyecto se debe a “la alarmante cifra de homicidios que posee la ciudad, como los comerciantes son amenazados, los medios de comunicación intimidados y también como los habitantes de algunos de los barrios de la ciudad de Rosario han optado por hacer justicia por mano propia ante la ineficacia del Estado Provincial para poner orden en la problemática que los aqueja”.

“La Constitución no se ha hecho solamente para dar libertad a los pueblos, se ha hecho también para darles seguridad, porque se ha comprendido que sin seguridad no hay libertad”, concluyó Espert.

Días después de haber presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires su primer proyecto para prohibir la realización de movilizaciones que no permitan circular con normalidad por el distrito, el legislador de La Libertad Avanza Ramiro Marra dialogó con parlamentario.com acerca de la iniciativa y salió al cruce de quienes la cuestionaron.

En ese sentido, el libertario insistió en que “la Constitución Nacional establece que es ilegal cortar la calle e impedir la libre circulación”, por lo que remarcó que el texto recientemente presentado en la Legislatura porteña busca hacer cumplir la normativa vigente.

“Los trabajadores estamos completamente cansados de sufrir todos los días la manipulación de los piqueteros”, insistió.

– Su primer proyecto legislativo tuvo mucho impacto en las redes y los medios de comunicación. ¿Por qué cree que sucedió esto?

-No es más que el reflejo del humor social de los porteños. Los trabajadores estamos completamente cansados de sufrir todos los días la manipulación de los piqueteros. Hoy por ejemplo, el corte de la 9 de Julio no solo repercutió a los automovilistas, sino también daño la circulación normal del transporte público.

– Teniendo en cuenta que usted viene del ala liberal, ¿no considera que prohibir las actividades que impidan la libre circulación (como por ejemplo las movilizaciones) puede afectar a las libertades de los ciudadanos?

-En ese punto hay una confusión de conceptos, como liberal no estoy en contra de que el Estado brinde seguridad a los ciudadanos y haga cumplir la ley. En su lugar, estoy a favor de tener un estado eficiente que haga cumplir la ley como corresponde. Actualmente, la Constitución Nacional establece que es ilegal cortar la calle e impedir la libre circulación ¿Pero cuántas veces vimos que el gobierno haga cumplir ese derecho? La ley debe respetarse.

– Más allá de este proyecto, ¿qué otras iniciativas tiene previsto impulsar en la Casa?

-Tenemos varios proyectos, siempre buscando eficientizar el rol del Estado en la sociedad. En algunos puntos buscando limitar sus capacidades y en otros puntos suplir ciertas ineficiencias. No puedo adelantar más que eso, pero mi equipo y yo venimos trabajando arduamente para lograr cambiar la realidad de la ciudad.

– ¿Cómo está siendo el trabajo legislativo dentro del bloque y con las otras bancadas? ¿Qué expectativas tiene para después del 1 de marzo?

-Esto es política, más allá de las diferencias políticas, debemos apostar por llegar a un consenso y lograr el mayor equilibrio posible. Mi ideología política me lleva a luchar por la libertad y el desarrollo de las personas, y busco hacerlo de la mejor manera posible. Si los demás bloques buscan lo mismo, están más que invitados a sumarse a trabajar con nosotros, jamás le cerramos la puerta a nadie.

El Senado dio media sanción este viernes, por unanimidad (67 votos positivos), a un proyecto para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada el 15 de junio de 2015 por la Organización de Estados Americanos (OEA).

El documento contiene más de 40 artículos específicos para asegurar el reconocimiento y el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores, resultado de un proceso de negociación iniciado años antes.

La Convención presenta un carácter vinculante y, por ende, indica que los Estados firmantes y ratificantes tienen la obligación de disponer de recursos para “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

Los postulados del documento fueron adoptados por Argentina en 2017, mediante la Ley 27.360.

En la Convención se define como persona mayor a “aquella de 60 años o más”; mientras que el término vejez se entiende como una “construcción social de la última etapa del curso de vida”, y al envejecimiento como un “proceso gradual”.

Durante el debate, la oficialista Norma Durango indicó que este instrumento, adoptado por Argentina en 2017, “es el primero en su género y constituye un hito”. Al repasar los principios que establece, destacó que contempla “el enfoque de género, muy importante ya que las mujeres somos más longevas”.

Para la pampeana no hay “momento más oportuno que este” para otorgarle jerarquía constitucional, ya que estamos ante “una pandemia que ha puesto en evidencia en todo el mundo las contradicciones culturales que sufrimos en torno a la vejez”.

“Vivimos en un planeta gerontoglobalizado, con un crecimiento del envejecimiento poblacional sostenido y feminizado como nunca en la historia de la humanidad”, subrayó. También agregó que “el Covid ha hecho visible el grosero proceso de exclusión de las personas mayores en el mundo digital”.

La senadora opinó que declarar la jerarquía constitucional de esta Convención “no solo será un hecho de justicia para ellos”, sino “un mensaje de esperanza dirigido a la humanidad en su conjunto”.

En tanto, la macrista Gladys González resaltó los principios de la Convención respecto a “la autonomía, la realización, la independencia, la participación, la equidad, la valorización social”, que hacen a que “tengamos una vida y una vejez digna”.

“Este año es muy significativo que nosotros estemos sancionando este proyecto”, consideró y señaló que “el Covid puso a los adultos mayores como protagonistas para lo malo y lo bueno”. En el sentido negativo por ser parte de las personas de riesgo ante la enfermedad, y en el sentido positivo por “haber sido protagonistas del cuidado, del amor de sus familias, de la comunidad y sociedad”.

Finalmente, la bonaerense expresó que esta Convención “nos viene a exigir” abandonar “la cultura del descarte”.