Cristina Kirchner negó tener un pacto con Milei y pidió reformar la Constitución: “No puede haber elecciones cada dos años”

La ex presidenta consideró que los mandatos deben ser acomodados para que se renueven cada cuatro años. Además, consideró que hay que reformar el Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial. Por otro lado, negó un acuerdo con el oficialismo por ficha limpia: “Esta gente me está tomando el pelo”.

La expresidenta dialogó en el Instituto Patria con el periodista Rodis Recalt.

La ex presidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, planteó la necesidad de “reformar la Constitución”, y rechazó las versiones sobre un pacto con el presidente Javier Milei tras el fracaso del proyecto de ficha limpia en Diputados "Esta gente me está tomando el pelo”.

"Hay que reformar la Constitución. Además de las enmiendas, hay que modificar el período de elecciones. No puede haber elecciones cada dos años, tiene que ser cada cuatro años. Hay que acomodar los mandatos para que duren cuatro años. Creo que también tenemos que modificar el Consejo de la Magistratura", subrayó la ex vicepresidenta. Además, consideró que "hay que modificar el sistema judicial" porque "el sistema presidencialista no fue atenuado ni tampoco el Poder Judicial actúa en su función específica para los excesos del Poder Ejecutivo".

En una entrevista por el podcast Generación 94, se refirió al DNU 70/2023 que firmó Javier Milei a los pocos días de haber asumido su mandato. "No hay en la historia de la Argentina un Decreto de Necesidad y Urgencia que derogue 70 o 80 leyes y que modifique otras 300", apuntó.

"No puede haber necesidad y urgencia para hacer tamaña modificación casi de la Constitución ¿Qué dijo la Justicia? Absolutamente nada. Duerme el sueño de los justos en la Corte”, criticó y recordó: “Me acuerdo cuando nosotros sancionamos la democratización de la Justicia en Diputados y en el Senado, en menos de 30 días la Corte declaró inconstitucionalidad. También hay que introducir el tema de qué puede ser declarado inconstitucional o constitucional”.

En otro pasaje de la entrevista, la ex mandataria rechazó las versiones sobre un pacto entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza por el fracaso del proyecto ficha limpia que prohibía a las personas condenadas a presentarse como candidatos.

“Los escucho decir eso y digo 'esta gente está tomándome el pelo'. No pudimos conseguir que Diputados derogue el Decreto 70 porque se juntan los dialoguistas y los del Pro ¿Quiénes le dieron número para que aprobaran el RIGI? Los dialoguistas y el Pro ¿Quiénes son los que no permiten que se derogue el DNU por la deuda? Los dialoguistas y los del Pro. Y los que votan en contra de todos son los del bloque de Unión por la Patria, y resulta que los que acordamos con Milei somos nosotros. Son muy caraduras”, indicó.

Y amplió: “Son ellos los que le están permitiendo a Milei hacer cualquier cosa. Son el Pro y todos los bloques dialoguistas los que le están permitiendo a Milei hacer cualquier cosa, con los jubilados, con las prepagas, con todo, porque le dan los números en la Cámara de Diputados”.

Cristina Kirchner planteó: “Hoy no están los números para una reforma constitucional, pero la necesidad sí. Y creo que, en algún momento, son las vueltas de la historia”.

A su vez, en otro apartado de su intervención volvió a cuestionar al Poder Judicial: “También hay que introducir qué puede ser declarado constitucional o inconstitucional. La última reforma que se está haciendo en México es la elección de los jueces por voto popular... ¿Es algo moderno y contemporáneo que alguien que puede decidir sobre tu vida, tu libertad y tu patrimonio, una vez que es nombrado, dure toda a vida? El único poder que hace eso es el Poder Judicial”, y cuestionó: “Tenemos una rémora monárquica en uno de los poderes del Estado”.

Por otro lado, al momento de analizar por qué se impuso Milei en las últimas elecciones presidenciales, Cristina Kirchner menciono dos causas: “Primero, porque fracasó la gran apuesta que hizo el no peronismo y el anti peronismo con (Mauricio); y después, la expectativa de lo que se generó en una suerte de poder reeditar lo de 2003-2015, que también notoriamente fracasó. Tiene que ver con eso. El balotaje fue que el anti peronismo se desplazó y le dio el triunfo a Milei”.

Cuál fue el artículo que provocó la vuelta a comisión del proyecto que aumenta las penas tráfico de menores

La inconsistencia en la redacción del artículo 1 despertó la polémica y derivó a votar a favor una moción planteada por el jefe del bloque UP para que el proyecto regrese a comisión para su redacción en particular.

Rara vez ocurre en el Congreso que un proyecto de ley es aprobado en una de las cámaras, pero vuelve a comisión para modificar la redacción del articulado a fin de votarse en particular en otra sesión sin que ello signifique que el texto vuelva a foja cero. Eso ocurrió este jueves durante la sesión del Senado con el proyecto de aumento de penas por compra y venta de niños que fue aprobado en general por unanimidad, pero uno de sus artículos despertó la polémica que derivó su vuelta a comisión.

El artículo en cuestión fue el primero que sustituye el 139 bis del Código Penal de la Nación, por el siguiente texto: “Artículo 139 bis: Se impondrá prisión de 4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado.

Quedarán exentos de pena el progenitor que, entregare a su hijo/a en las condiciones dispuestas en el artículo 139 bis, cuando mediare situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en este Capítulo.”

El primero en hablar fue el salteño Juan Carlos Romero que, si bien reconoció la importancia de agravar las penas para estos delitos porque “era una deuda que teníamos”, pero preguntó si se tuvo el desfase entre el tipo de pena que se busca establecer con otros delitos y también planteó: “No encuentro razón para encontrar no punible justamente a los progenitores donde comienza la cadena del delito, en la familia”.

“No conozco casos de no punibilidad por las razones que se esgrimen acá y menos a donde comienza la cadena del delito que es en la familia. Resulta que se los libera de pena a los padres, pero el que lo recibió le ponemos la pena total. Esto no tiene coherencia. Estigmatizamos a la gente pobre y vulnerable, pero la liberamos de la culpa”, cuestionó el senador de Cambio Federal y también criticó: “En el mismo artículo hablar de facultades mentales alteradas es necesario porque es inimputable en el resto del código”.

En el mismo sentido, el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa) propuso la eliminación completa de ese párrafo y alertó: “Como hecha la ley, hecha la trampa después se declaran ignorantes o faltos de facultades mentales, se declaran vulnerables. Creo que dada la condición de este delito como flagelo hace años en este país, propongo que se elimine directamente el párrafo”.

Una de las autoras del proyecto, la radical Carolina Losada explicó que “cuando me puse en contacto con las asociaciones y Defensoría del Menor me dijeron que muchas veces que el hecho de sacar a la posibilidad de ir preso a los progenitores hace que se puedan encontrar quiénes son. Tiene que ver con exculparlos en una vez, ahora si esa persona forma parte de una red de tratas que tiene hijos para venderlos no queda exculpado”.

Por su parte, el senador santacruceño José María Carambia planteó: “Como está redactado en el caso actual si hay un padre que venda al hijo independientemente para qué por una vez vamos a decirle ‘podes vender un hijo, está bien’. Creo que si la intención es buscar un paliativo o atenuante se tendría que redactar de otra forma. Así como está redactado autoriza la venta de un hijo y es una locura, es una aberración jurídica. Si queda redactado así lo vamos a votar en contra”, y coincidió con Paoltroni de eliminar el párrafo, a lo que también adhirió Romero.

En la misma línea coincidió el mendocino Rodolfo Suárez (UCR) porque “no hay necesidad para justificar la venta de un niño. Va a ser muy difícil explicar este párrafo en términos jurídicos cuando el estado de necesidad es una causa de justificación, pero no de exoneración. Voy a apoyar el pedido de Paoltroni”.

Al retomar la palabra, Losada accedió a quitar el párrafo del dictamen y “esa situación se analice en otra ley”.

Por el contrario, otro de los autores de proyecto Antonio Rodas (UP) propuso la modificación de la redacción: “Se impondrá prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado. También será reprimido con la misma pena si no resultare un delito más severamente penado él o la que entregare a una persona menor de edad con fines adoptivos sin haber cumplido con el proceso legal vigente cuando haya mediado o no precio, promesa remunerativa o cualquier prestación.

Quedarán exentos de pena el progenitor que, entregare a su hijo/a en las condiciones dispuestas en el artículo 139 bis, cuando mediare situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en este Capítulo.”

A continuación, Mayans propuso al Cuerpo: “Teniendo en cuenta que esto salió por unanimidad y teniendo en cuenta lo que dijo el senador Juez, que estamos modificando el Código Penal, ¿por qué no ajustamos en la comisión bien el detalle de la proporcionalidad de la pena que hacen a la cuestión del Código Penal? Es central esto. Le encomendamos a la comisión el detalle de todo porque ya está aprobado en general y el Cuerpo expresó la voluntad de agravamiento de penas, pero hay que tener cuidado con esto porque palabras más o menos significa que van o no personas a la cárcel. Sería bueno que la comisión se encargue, entregue despacho porque esto lo vamos a sacar por unanimidad con el detalle que pide el derecho penal porque esto va para siempre”.

“Es una moción para que la comisión redacte el texto final con la gente experta en derecho penal y tener una redacción acorde a lo que presenta el tema”, aclaró el formoseño.

La rionegrina Mónica Silva (JSRN) no se mostró a favor en que “queden exentos de pena los progenitores por alguna causa como ignorancia. Quienes tienen facultades alteradas es un caso, pero no podemos alegar que alguien ignora que es un delito entregar un hijo”.

Por su lado, el radical Martín Lousteau pidió que se leyera el artículo 79 que establece: “Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario”.

Mayans ratificó su postura argumentando que “necesitamos una redacción prudente y sabia sobre el tema porque cada palabra cuenta. Muchos ya no están de acuerdo. Hagamos una reacción que trabajen en comisión porque se va a votar en una sola votación”.

En contraposición, Losada le salió al cruce: “Si era tan importante la redacción y todo ¿por qué no vinieron a la comisión? Ahora quieren volver todo atrás, quieren cambiar las cosas. Esto estuvo charlado en comisión hace siete días, hace 2 años se discutió el proyecto. Les recuerdo que el tema de los progenitores fue sacado del proyecto que ustedes firmaron en su momento cuando Alberto Fernández lo mandó”.

Y siguió: “Hace siete días hubo una comisión, no aparecieron, ¿tenían otra cosa mejor que hacer que poder ponerse a legislar como un tema como este? ¿o tienen alago que hacer ahora, están apurados por el partido? ¿cuál es el problema? Si ustedes están muy apurados fíjense”.

Paoltroni tomó la palabra para solicitar la votación de la eliminación del párrafo y desestimar la propuesta de Mayans.

Pidió la palabra la macrista Guadalupe Tagliaferri (Pro) quien manifestó: “Todos estamos de acuerdo con el proyecto, claramente entre el dictamen que firmamos y hoy hubo consideraciones que el senador Pagotto informó que fueron sugeridas por penalistas, Ministerio de Justicia que pidieron que se cambien para que fuera efectivo. Hay modificaciones que requieren seriedad y estamos recibiendo indicaciones de mejorar ciertos artículos. El proyecto está aprobado, lo que pedimos y creemos que es coherente poder terminar con las modificaciones sugeridas la redacción seriamente un proyecto que fue aprobado. Falta definir la redacción prolija respecto de algún articulado”.

En esa línea, el entrerriano Alfredo De Ángeli (Pro) adelantó que “esto va a salir mal. No veo que acá salga la solución. Hay que reunirse en comisión y terminarlo y en la próxima sesión se aprueba por mayoría”.

El oficialista Pagotto aceptó la idea de que la comisión redacte un artículo teniendo en cuenta todas las sugerencias planteadas y “precisar el tipo penal por un deber de certeza jurídica”.

Volvió a tomar la palabra Lousteau explicó que está previsto “tanto en la Constitución como en nuestro reglamento el caso en el que se de incertidumbre en el caso de cuestiones técnicas específicas de un proyecto para ver cómo se resuelve”. Así, procedió a leer el artículo 140 sobre las mociones de orden y resaltó el inciso 10 que dice: “Que el asunto se envíe a la comisión o comisiones que lo hayan considerado para su tratamiento en particular de conformidad el artículo 79 de la Constitución Nacional”.

“Cuando hay dudas técnicas, se envía aprobado el proyecto a que los detalles se resuelvan en comisión y hasta la Constitución dice cómo tiene que trabajar en esos casos”, precisó el porteño.

Mayans aclaró que su moción “se aproxima al tema en el único sentido que por lo que pasó con la redacción que vuelva al Cuerpo y lo votamos en una sola votación en particular todo el articulado por unanimidad una vez que está establecido la anuencia de la comisión”.

Con varios protagonistas centrales de ese evento histórico presentes, Diputados recordó los 30 años de la reforma constitucional

Con la presencia de quien fuera presidente de la Convención Constituyente de 1994, Eduardo Menem, Horacio Rosatti, Jesús Rodríguez y Augusto Alasino, entre otros, se desarrolla la jornada de conmemoración en el Salón de Pasos Perdidos.

A 30 años de la reforma constitucional realizada en nuestro país en 1994, protagonistas de la Convención Constituyente de entonces recuerdan lo que fue esa tarea y analizan los desafíos pendientes.

La “Jornada Aniversario de la Reforma Constitucional 1994-2024”es organizada por la Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) y el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP), con el propósito reflexionar acerca del camino que condujo a ese hecho histórico, concibiéndolo como producto del consenso político y programático entre las dos principales fuerzas partidarias de aquel entonces.

Con la presencia del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, durante el primer panel expusieron Eduardo Menem, quien fue presidente de la Convención Constituyente del '94, y los convencionales constituyentes Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Jesús Rodríguez y Augusto Alasino, entre otros.

El presidente de la Cámara baja dio las palabras de bienvenida este lunes por la mañana.

Los oradores previstos para esta jornada son los citados Eduardo Menem, Horacio Rosatti, Jesús Rodríguez, Augusto Alasino, más Tomás Figueroa, secretario Parlamentario de la HCDN; Rodolfo Barra -actual procurador del Tesoro-, Julio César Aráoz, Elva Barreiro de Roulet y Antonio Hernández, entre otros.

Asistieron como invitados Juan Carlos Maqueda, Juan Carlos Romero, Rafael Pascual y José Estabillo; representantes de las embajadas de Japón, Palestina, Arabia Saudita, Paraguay, China, Francia, Argelia, Kuwait, Armenia, Marruecos y Filipinas.

También asistieron los diputados nacionales Silvia Lospennato (Pro), Gabriel Bornoroni (LLA), Nicolás Mayoraz (LLA), Lorena Villaverde (LLA), Maximiliano Ferraro (CC), Karina Banfi (UCR), Guillermo Snopek (UP), Lisandro Almirón (LLA) y Lilia Lemoine (LLA).

Las exposiciones

Al abrir el evento, Martín Menem recordó "la sanción por unanimidad de tal vez la Constitución más legítima y democrática en toda la historia de nuestro país". "Esta reforma constituyó una bisagra en la historia de nuestras instituciones, porque se pudo demostrar que era posible modificar nuestra ley fundamental por el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas", sostuvo.

El riojano mencionó que "si bien es cierto que representantes de otros partidos no estaban de acuerdo" con la reforma o algunos puntos de ésta, "se respetó la regla de oro de las mayorías" y la votación resultó unánime.

El titular de Diputados destacó que en la Constitución del '94 "se trató de establecer un equilibrio de los poderes del Estado, mediante la atenuación de las facultades del Poder Ejecutivo y una mayor eficacia en el funcionamiento del Poder Legislativo".

"Este Congreso tiene una deuda con la Constitución porque no se han sancionado varias leyes, entre las cuales cabe mencionar una muy importante, y creo que en el futuro próximo presente va a ser de trascendental importancia, que es la bendita Ley de Coparticipación de Impuestos", señaló.

También se refirió a que "hace más de 15 años que no se cubre el cargo del Defensor del Pueblo". Menem agregó: "Me comprometo, con el apoyo de todos los diputados, a que se cumplan todos los mandatos pendientes y que sancionemos las leyes que quedaron en deuda".

En el final de su discurso, rememoró vivencias personales, a sus 18 años en 1994, cuando su padre Eduardo Menem era el presidente de la Convención Constituyente y él como estudiante de Derecho estudiaba en medio de ese proceso que "los derechos de Malvinas son inalienables e imprescriptibles por parte de la Argentina". "Tengo el recuerdo de haberlo visto a mi viejo redactarla de puño y letra. Yo estudié los apuntes de puño y letra de esa cláusula (primera), que va a ser letra viva por los siglos de los siglos en nuestra Constitución".

Tras tomar la posta, el diputado libertario Nicolás Mayoraz como moderador, en su rol de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abrió el primer panel Eduardo Menem. "Esta reforma fue única en la historia. Aprobada por unanimidad y jurada por todos los convencionales en aquella histórica jornada del 24 de agosto de 1994 en el Palacio San José de Urquiza", ponderó.

El expresidente provisional del Senado valoró el "trabajo extraordinario" que realizaron hace 30 años los convencionales constituyentes y luego repasó que en Argentina "tuvimos una historia constitucional muy complicada".

"Dos constituciones sancionadas que no se pusieron en vigencia, la de 1819 y la de 1826" porque "eran muy unitaristas"; después "la de 1853, que fue la de los padres fundadores, una Constitución de avanzada, pero que se hizo sin la participación de la provincia de Buenos Aires. Además no fue tan democrática porque los convencionales eran elegidos a dedo", dijo.

Más tarde se dio una reforma en 1860, donde "se incorpora Buenos Aires y otras normas importantes"; la reforma de 1866 "fue muy breve" y "no hubo más reformas hasta 1949, la cual fue cuestionada porque la convocatoria no se había sancionado por dos tercios del total de los presentes de ambas cámaras". "En la Convención hubo un retiro masivo de los convencionales de la oposición", recordó.

Menem señaló que esa última reforma "fue derogada por un bando militar" que derrocó a Juan Domingo Perón, quienes "tuvieron además la audacia de convocar a una convención constituyente, con la proscripción del peronismo, que se hizo en 1957". En esa ocasión, "hubo también un retiro masivo, pero se alcanzó a sancionar el artículo 48 bis que era la incorporación de los derechos sociales, que en el '94 lo ratificamos".

"La reforma de 1994 significó un quiebre en esa especie de maleficio en nuestra historia constitucional, donde no se podía sancionar una reforma con el consenso de las fuerzas políticas. Fue como un exorcismo", expresó el hermano del fallecido expresidente Carlos Saúl Menem, en cuyo gobierno se sancionó la última Carta Magna.

Menem aseguró que "tanto el peronismo como el radicalismo eran partidarios de la reforma constitucional, aunque diferían en algunos detalles". "Los políticos argentinos somos muy difíciles, somos muy pasionales en las disputas", expresó. Por eso, sobre la Constitución, insistió que "fue la más democrática y legítima de la historia, porque se integró con el pluralismo de 19 bloques políticos".

En el primer panel, ante un Salón de Pasos Perdidos colmado de asistentes, el convencional constituyente Jesús Rodríguez aseveró -en relación al Pacto de Olivos- aseveró que "es un error grave señalar que la Constitución del '94 es el resultado de los intereses particulares y personales de dos personas”.

“Una Constitución aprobada sin los dos tercios de la Cámara de Diputados de los presentes, como la Constitución establecía, o forzada por una consulta popular, hubiera llevado a la Argentina a un riesgo de convivencia pacífica afectada seriamente en la vida social”, apuntó el radical.

Rodríguez afirmó que "la reforma del '94 fue un ejemplo de amistad cívica y de civilidad política. Una Asamblea que recogía la diversidad social, ideológica, cultural, política y regional de la Argentina”.

“Señores constituyentes este es un triunfo de la política; la política en grande, la que hicimos por consenso”, destacó Augusto Alasino, quien además observó que "esta Constitución es antidiscriminatoria y el resultado se ve a la vista: el matrimonio igualitario, la igualdad de mujeres y varones, las políticas de género y la protección de los chicos”.

A su turno, Horacio Rosatti evocó los días de la Convención Constituyente donde él fue vicepresidente del bloque mayoritario, que presidía Augusto Alasino. “Nosotros éramos convencionales constituyentes reformadores. No éramos revolucionarios, sino que debíamos modificar algo que debía ser una continuidad con transformaciones. Es decir, debíamos llevar adelante una serie de reformas culturales y luego jurídicas sin alterar el espíritu de la Constitución. Además teníamos prohibido, por la ley de convocatoria, tocar los primeros 35 artículos de las declaraciones de derechos y garantías”.

El presidente de la Corte reivindicó el acuerdo político previo, “porque uno no le puede dar a un convencional reformador un cheque en blanco y decir: ‘Mirá, hacé lo que te parezca’”. En ese sentido destacó como ejemplo que no se puede pasar de  un sistema presidencialista a un sistema parlamentario “por un voto”.

“Que se conozca el contenido del acuerdo previo parlamentario supone que quien vota al partido que vota, sabe por lo menos en trazos generales qué es lo que va a votar el convencional. No puede tener un mandato absolutamente libre, sino en gran medida debe estar condicionado por un programa, un proyecto conocido por la comunidad, porque la Constitución no se reforma todos los días y en consecuencia los contenidos deben ser conocidos por la población. Y mientras más amplio sea ese consenso, mejor”, evaluó.

Sobre el final de su exposición, Horacio Rosatti dijo que, sin exagerar, le parecía que la Convención Constituyente “fue el último gran acto de la política con mayúsculas en la Argentina. Porque grieta había antes y hubo después, sin embargo pudimos poner entre paréntesis en esos tres meses la grieta y tomar conciencia de que la obra que íbamos a hacer estaba destinada a perdurar por varias generaciones”.

No temerle al debate

Del segundo panel participaron Alberto García Lema, Enrique Paixao, Alberto Pierri y Juan Carlos Romero.

El constitucionalista García Lema planteó que “no hay que tenerle miedo al debate parlamentario, porque el pasaje entre las cámaras de Diputados y Senadores enriquece”.

“La tarea parlamentaria termina siendo un elemento de perfeccionamiento de la actividad política y, sobre todo, de políticas que duren a mediano y largo plazo, que es la única manera de que conseguir que haya inversiones en el país, que se necesitan urgentemente para generar un crecimiento nacional con distribución económica como se necesita en este momento”, señaló García Lema.

A continuación, Enrique Paixão señaló que “el núcleo central de la reforma es la limitación del poder presidencial, la revalorización del poder del Congreso y de los jueces. Fue un esfuerzo para salir del hiper presidencialismo. El desequilibrio de poderes llevó a una situación donde el poder presidencial creció más allá de lo razonable”.

Para el abogado, “el empoderamiento del Congreso se enriqueció además con la incorporación de la Auditoria General de la Nación, generando la presencia opositora para evitar la constitución de un poder monolítico. Lo que significó, además, dotar al Congreso de la Nación de una herramienta para ejercer una de las dos funciones sustanciales del Congreso que es la de controlar a los demás poderes del Estado. Además, se generó la delimitación de los decretos de necesidad y urgencia”.

A su turno, el expresidente de la Cámara baja Alberto Pierri expresó: “Quiero poner la mirada desde el punto de vista político para intentar determinar cuáles fueron las condiciones de esos tiempos que nos permitió llegar a la reforma de la Constitución de 1944. Una reforma histórica porque tuvo una gran amplitud y diversidad de colores políticos que estuvo cuestionada en su momento, intervinieron en su redacción las figuras de ese tiempo y orgullosamente hoy la mayoría están aquí".

Agregó Pierri que “la reforma no se inició a partir del Pacto de Olivos, comenzó mucho tiempo antes, ya en el 1973 el General Juan Domingo Perón dejó abierta la posibilidad de encarar esa reforma e imaginó algunos temas como el ambientalismo, la creación de la figura del ministro coordinador, como un antecedente de lo que después sería el Jefe de Gabinete”.

A su turno, la exdiputada jujeña Cristina Guzmán recordó que “estábamos viviendo épocas de confraternidad política, de respeto a las ideas diferentes, una reforma no se puede hacer en cualquier tiempo. Era necesaria y oportuna. Vivíamos en tiempos políticos con convivencia democrática excepcionales. Podíamos tener ideas diferentes, pero compatibilizamos criterios”.

“Esta es una reforma federal, por ejemplo, en el art 124 se establece que las provincias pueden establecer regiones para el desarrollo económico y social. En el Parlamento, hemos vivido las votaciones que trasvasan a los partidos políticos, son más regionales”, agregó.

Por último en ese panel, el senador nacional Juan Carlos Romero señaló que “en la reforma el diálogo político fue fundamental en la búsqueda de acuerdos, en ese consenso que se alcanzó. Lamentablemente hoy no podemos ponernos de acuerdo, por lo menos acá en el Congreso, ni para constituir e integrar una comisión. En el Senado el año pasado hubo cuatro sesiones, hay Comisiones que ni siquiera se constituyeron. En los últimos 20 años se intentó imponer una agenda única, donde quienes gobernaban imponían el número y los caprichos. La búsqueda del interés sectorial primó sobre el interés general”.

El tercer panel

Elva Pilar Barreiro de Roulet, Antonio Hernández, Marcela Ruiz y Miguel Esteban López cerraron la jornada de exposiciones.

La primera vicegobernadora bonaerense de la recuperación democrática sostuvo que “la reforma constituyó un paso a la modernización de nuestro pacto social. Los nuevos derechos y garantías incorporados fueron sobre la preservación del medio ambiente, defensa del consumidor, habeas data y habeas corpus, así como la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas”.

A juicio de Elva Roulet, “las comunidades tienen derecho a una educación bilingüe e intercultural. La comunidad está estrechamente relacionada con la tierra, sobre todo, por el vínculo espiritual que representa”. Y cerró: “La norma sancionada prevé la participación de las comunidades en temas de recursos naturales y cualquier tema de interés que los afecte”.

El exdiputado nacional y constitucionalista Antonio María Hernández señaló que “la integración es otra idea fuerza de la Reforma, es una integración nacional. En federalismo comparado el diseño de 1994 es incomparable a nivel mundial”.

Para el radical cordobés, “la Constitución buscó la igualdad real de oportunidades: un Estado que trate de garantizar los derechos de mujeres, de niños, de discapacitados, en una idea muy clara y potente, de profundizar el concepto de la igualdad, que es absolutamente decisivo cuando se habla de derechos fundamentales, libertad e igualdad son términos absolutamente fundamentales, a ellos se une la solidaridad”.

A su turno, la doctora Marcela Ruiz consideró que “hemos pasado de un estado legal de derecho a un estado constitucional de derecho que implica que la Constitución es la fuente fundamental del derecho".

“El juez deja de ser la boca de la ley, tiene un rol activo, y busca la mejor solución al caso que se presenta. También puede recurrir a las normas supranacionales”, agregó.

“Me siento muy afortunado porque me ha tocado trabajar, conocer y ser testigo de 40 años de democracia. La reforma fue algo valioso, único y distinto, nos tocó a nosotros transformar las decisiones políticas en soportes documentales”, planteó por su parte el doctor Miguel Esteban López

“La sociedad cambió con esta Constitución. Como amanuense, guardo y atesoro este tipo de cosas porque son las que nos enriquecen como comunidad, más allá de la grieta y de los enfrentamientos”, cerró.

El cierre del evento

El doctor Alfonso Santiago señaló que “la Constitución organizó el sistema institucional y configura el sistema normativo. Cuando se pone en marcha el proceso de Reforma, el foco estaba puesto en las reformas institucionales”.

Sin embargo, agregó, “las reformas más significativas no se han dado tanto a nivel institucional, como en la reconfiguración del sistema jurídico”.

Para Santiago, “la reforma creó cuatro nuevas instancias normativas: una instancia jurídica suprema, integrada por la Constitución y catorce tratados internacionales; un segundo nivel normativo que predomina sobre las leyes conformado por los tratados ordinarios y por los tratados de integración; la ley; y se agregan los reglamentos delegados y de necesidad y urgencia”. Y cerró: “Esto es una profunda transformación, que tuvo mayor impacto real en el sistema normativo que en el institucional”.

A su turno, el exministro de la Corte Suprema y actual procurador del Tesoro Rodolfo Barra expresó: “Una de las innovaciones que trajo la reforma es esta bifurcación de las figuras del presidente de la Nación y el jefe de Gabinete. Creo que recién se está poniendo en práctica concreta, no fue así durante 30 años, porque costó mucho pasar de esa figura presidencial que todo lo hacía a una figura que es el conductor”.

“La convención constituyente fue una experiencia extraordinaria de convivencia democrática, estímulo intelectual e intensidad política”, señaló Barra.

El exministro de la Corte agregó que “las constituciones están hechas de política, no de palabras. El esfuerzo constitucional es una práctica que consiste en convertir relaciones de poder en relaciones de derechos, para someter el poder al derecho”.

Por su parte, Alberto Dalla Vía, juez de la Cámara Nacional Electoral, consideró que “la convención constituyente fue un momento inolvidable. Fue una reforma política y electoral. Nosotros empezamos una transición democrática con la memoria, miramos al pasado. La Constitución en 1983 era una prenda de unidad nacional”.

“Cambiamos la forma de elección del presidente, antes teníamos colegio electoral. La elección directa del presidente con doble vuelta, implico fortalecer la figura presidencial. También cambiamos la elección de los senadores. Pusimos el sufragio, no estaba en la constitución. El constituyente del 94 replico los términos de la Ley Sáenz Peña”, agregó Dalla Vía.

Para el doctor Rodolfo Díaz, la reforma constitucional “fue la persuasión social de que la transición democrática argentina requería una culminación de ese nivel lo que da razón de una convención constituyente en la que estuvieron representados 25 partidos políticos, en la que se presentaron 1593 proyectos de reformas, que tuvo 11 comisiones temáticas que realizaron 51 reuniones y produjeron 34 despachos, y una comisión de redacción que realizo 25 reuniones y produjo 17 órdenes del día”.

“Una convención que realizo 38 sesiones plenarias, algunas de varios días para, finalmente, sancionar trascendiendo largamente la cuestión de la reelección casi un centenar de modificaciones al texto histórico. Lo que sí tuvo una función causal determinante fue la contundente manifestación de la soberanía popular en las elecciones de legisladores nacionales de 1993 en las que voto más del 80% del padrón”, agregó Rodolfo Díaz.

Cerró la jornada el diputado nacional de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. “La reforma fue un punto donde se reducían las cuestiones a una ambición personal, según decían los malintencionados que nunca falta, de Menem y Alfonsín, donde uno quería la reelección y otro quería una representación en el Senado. Sin embargo, la reforma realmente tuvo un aporte significativo que se vivió mucho en los últimos años: el fortalecimiento institucional”, dijo el actual legislador.

“La Argentina tiene una historia de presidencialismo fuerte, me atrevo a decir que a los presidentes que han ejercido un liderazgo fuerte les ha ido mejor que a los que han tenido un liderazgo débil, la sociedad percibe el liderazgo fuerte y lo valora, los últimos 20 años nos han dado muestra de esto”, cerró el legislador.

Valdés sobre los anuncios de Bullrich: “La ministra carece de competencia para reglar un derecho fundamental”

El diputado de UP explicó los principios de la pirámide normativa argentina y señaló que “un protocolo no mata la Constitución Nacional, ni los Tratados Internacionales, ni las leyes”.

Tras el anuncio de Patricia Bullrich en la que habilitará a las cuatro fuerzas de seguridad a intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas, el diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) se refirió a la media y expresó que la ministra de Seguridad “carece de competencia para reglar un derecho fundamental”.

Basándose en el sistema jerárquico de orden normativo que rige en Argentina, Valdés explicó: “Un protocolo no mata la Constitución Nacional, ni los Tratados Internacionales, ni las leyes”. “Yo le pregunto a la ministra ¿quiere hacer realidad lo que dijo en campaña de enterrar a los opositores?”, aseveró.

“La libertad sólo sirve si la pueden ejercer quienes piensan distinto a los que detentan el poder”, cuestionó el diputado opositor, y agregó que “tenemos que aprender a escucharnos más en lugar de amenazarnos. El derecho a la protesta es fundamental, porque soporta a la estructura democrática”.

Así las cosas, remarcó que “está garantizado por los artículos 14 y 37 de la CN. Las regulaciones de todos los derechos fundamentales deben hacerse por ley del Congreso", aseguró.

 A su vez, concluyó: “La resolución de Bullrich viola principios constitucionales, como el derecho fundamental de libertad a protestar y criticar, la separación de poderes, las atribuciones del Congreso, las potestades del presidente, las competencias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y la estructura democrática del Estado”.

Diputados piden la interpelación de Tolosa Paz

Por las continuas irregularidades en la gestión del programa Potenciar Trabajo. Se reiteran las denuncias y pedidos de informes al Ministerio de Desarrollo Social.

Habiendo una investigación en curso en la que el fiscal Guillermo Marijuan denunció que desde 2020 a la actualidad, 159.919 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo viajaron al exterior, la diputada Soledad Carrizo  nuevamente exige  la presencia de la ministra Victoria Tolosa Paz  en la Cámara de Diputados para informar sobre las recurrentes irregularidades en la gestión, asignamiento  y control del programa.

“Las irregularidades en la gestión de programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo Social que hoy preside la ministra Victoria Tolosa Paz han sido una problemática reiterada durante este gobierno”, señala la diputada radical en su presentación. Desde hace dos años  la diputada Carrizo promueve esta interpelación a la ministra, sumando ahora el pedido a que informe sobre las actuales investigaciones que lleva a cabo la justicia sobre la gestión de su cartera. 

“Lejos de mostrar indicadores que fortalezcan la transparencia e incrementan el control en los programas de asistencia social para asegurar la racionalidad, eficacia y eficiencia en el correcto otorgamiento y administración de estos programas, nuevas denuncias de irregularidades han adquirido estado público y motivado procesos judiciales que hoy se encuentran en trámite”, afirma la diputada Carrizo, quién acentúa su preocupación en saber cuáles son los mecanismos de control y auditoria que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social para asegurar el correcto otorgamiento de los beneficios del programa y el control del cumplimiento de condiciones para su asignación; como así también los mecanismos de control y auditoría y si existe un entrecruzamiento de datos entre los ministerios

En el mismo sentido se le suman otros proyectos de los diputados Juan Manuel López, Martín Tetaz, Sebastián Salvador, Graciela Ocaña, Waldo Wolff y Pedro Galimberti, entre otros.

Nuevamente han tomado estado público supuestas irregularidades detectadas en los mecanismos de auditoría y control, que han impulsado al fiscal federal Guillermo Marijuan a denunciar a 159.919 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que desde el año 2020 hasta hoy salieron y entraron del país mientras eran y acumulan más de 800.000 movimientos migratorios, entre entradas y salidas de territorio argentino, en absoluta incompatibilidad e incumplimiento de los requisitos que estable el marco reglamentario del programa nacional de Inclusión socio-productiva y desarrollo local Potenciar Trabajo.

“La reiteración de este tipo de irregularidades debilita diariamente la confianza ciudadana en esta gestión y amerita una exhaustiva rendición de cuentas”, concluye Carrizo.

Un pedido para que Diputados devuelva a sus destinatarios el cuadro de Pasos Perdidos

Durante la última reunión de la Cámara baja un diputado santafesino hizo un particular reclamo que revela un dato en general desconocido.

En la sesión de Diputados de esta última semana hubo varios temas que se votaron sin oradores, para evitar extender la reunión, que ya de por sí terminó de madrugada. El primero de esos temas que se votó sin debate fue la declaración como monumento histórico nacional del Parque de la Constitución Nacional, una iniciativa del radical Juan Martín.

Y si bien estaba acordado que no tuviera oradores, el santafesino Mario Barletta pidió hablar brevemente. Fue para hacer hincapié en un detalle que ha ido quedando en un pliegue de la historia, que es el hecho de que el 1° de mayo de 1853 “nació nuestro querido país”, tales las palabras del legislador radical, que recordó que ese día se sancionó la Constitución nacional y por lo tanto merecería ser recordado como la fecha fundacional de nuestra República.

“Somos país desde ese momento, y sin embargo –y habría que averiguar por qué- nunca se cumplió ni siquiera con la ley que establece que el 1° de mayo en Santa Fe se deben realizar los actos correspondientes de conmemoración del día desde el que somos un país representativo, republicano y federal”, dijo, aportando un dato interesante para tener en cuenta a futuro.

Pero en su breve intervención, Barletta también sumó un pedido: el de comprometer a todos los diputados “para que al menos devuelvan a la provincia de Santa Fe el cuadro de la jura que está en el Salón de Pasos Perdidos, que es de la provincia de Santa Fe”. En efecto, sostuvo que “en aquel momento la provincia no tenía plata y se la pidió a Buenos Aires. Lo pagó la Cámara de Diputados, y los diputados dijeron que si lo pagaban ellos, el cuadro debía ser de ellos”.

“Sería un gesto de verdadero federalismo que ese cuadro esté en la provincia que se le pidió al pintor y que se exhiba en la Legislatura de la provincia de Santa Fe”, concluyó el expresidente del radicalismo.

Avanzó en Diputados la declaración de Monumento Histórico Nacional del Parque de la Constitución 

La Cámara baja le dio media sanción al proyecto que homenajea la sanción de la Constitución Nacional en 1853. El predio se ubica en la provincia de Santa Fe.

Por 197 votos a favor y 3 en contra -de Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo-, la Cámara baja dio media sanción al proyecto que declara “Monumento Histórico Nacional” al Parque de la Constitución Nacional. 

El Parque de la Constitución Nacional es una intervención urbana conmemorativa de los principios de nacionalidad, ciudadanía, federalismo y república que rigen la vida de los argentinos desde la sanción de la Carta Magna en la ciudad de Santa Fe, el 1° de mayo de 1853.  

Tal cual destaca la iniciativa, la ciudad de Santa Fe, que albergó el nacimiento de nuestra ley fundamental, le rinde homenaje junto a todos los ciudadanos de la Nación, a través del conjunto conmemorativo Parque, Monumento y Museo, cuya importancia y trascendencia alcanza a todo el territorio nacional. 

El predio se encuentra ubicado en el extremo sur de la ciudad, frente al río Santa Fe y representa un lugar privilegiado de 17 hectáreas de superficie, próximo al área fundacional y en un medio ambiente natural ribereño, de cercanía y franca accesibilidad. 

Más precisamente, está situado en avenida de la Constitución Nacional, intersección con calle 1° de Mayo, en la ciudad de Santa Fe, en el predio conocido como Caleta Sur, y delimitado por el Riacho Santa Fe al Este y Sur, la avenida de la Constitución Nacional al Oeste y el predio del Club Náutico Sur al norte. 

Tras la votación, el diputado Mario Barletta (UCR) resaltó que “muy pocos recuerdan que el 1ro. de mayo de 1853 nació nuestro querido país, al sancionarse la Constitución”. “Sin embargo, y habría que averiguar por qué, nunca se cumplió con la ley que establece que el 1ro. de mayo en Santa Fe se deben realizar los actos correspondientes de conmemoración”, dijo. 

El santafesino reclamó además un compromiso de “todos los diputados acá presentes” para que “al menos le devuelvan a la provincia de Santa Fe el cuadro que está aquí al lado, en el Salón de Pasos Perdidos, que es la jura y que es de la provincia de Santa Fe”. “Sería un gesto de verdadero federalismo que ese cuadro esté en la Legislatura de Santa Fe”, añadió. 

Autor de la iniciativa, el diputado Juan Martín (UCR) destacó que este Parque “no se trata de un monumento más, sino que le hace homenaje al conjunto patrimonial que reivindica los valores republicanos”. 

“En momentos tan difíciles como este, me parece que el mensaje que estamos dando y celebro es que vamos a salir con mejor calidad institucional, con mejores instituciones y eso honra la Constitución Nacional”, sostuvo. 

Además de valorar que legisladores de diferentes bloques acompañaron el proyecto, que también contó con involucramiento de la sociedad civil, Martín elogió que el museo del predio es de “referencia a nivel nacional e internacional” que “le hace homenaje con creces a nuestra Carta Magna”. 

Espert pidió que se declare el estado de sitio en Rosario

A través de una iniciativa, el diputado libertario se basó en los artículos de la Constitución que establecen declarar el estado de sitio ante un caso de “conmoción interior”.

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) presentó este jueves un proyecto de declaración para establecer el estado de sitio en la ciudad de Rosario y Villa Constitución.

El economista libertario argumentó que “la escaldad de violencia y, el desconocimiento de las reglas por parte de varios grupos de violentos relacionados con el narcotráfico, denota que tal situación afecta el orden constitucional”.

Del mismo modo, mencionó al artículo 23 y al inciso 29 del articulo 75 de la Constitución Nacional que establece “declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo”.

Asimismo, nombró al preámbulo de la ley suprema y explicó: “Consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”.

Así también, explicó que tal proyecto se debe a “la alarmante cifra de homicidios que posee la ciudad, como los comerciantes son amenazados, los medios de comunicación intimidados y también como los habitantes de algunos de los barrios de la ciudad de Rosario han optado por hacer justicia por mano propia ante la ineficacia del Estado Provincial para poner orden en la problemática que los aqueja”.

“La Constitución no se ha hecho solamente para dar libertad a los pueblos, se ha hecho también para darles seguridad, porque se ha comprendido que sin seguridad no hay libertad”, concluyó Espert.

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Marra: “La Constitución Nacional establece que es ilegal cortar la calle”

El legislador porteño de La Libertad Avanza dialogó con parlamentario.com acerca de su polémico proyecto para prohibir las movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y salió a responderle a quienes lo acusan de “coartar la libertad” de los porteños.

Días después de haber presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires su primer proyecto para prohibir la realización de movilizaciones que no permitan circular con normalidad por el distrito, el legislador de La Libertad Avanza Ramiro Marra dialogó con parlamentario.com acerca de la iniciativa y salió al cruce de quienes la cuestionaron.

En ese sentido, el libertario insistió en que “la Constitución Nacional establece que es ilegal cortar la calle e impedir la libre circulación”, por lo que remarcó que el texto recientemente presentado en la Legislatura porteña busca hacer cumplir la normativa vigente.

“Los trabajadores estamos completamente cansados de sufrir todos los días la manipulación de los piqueteros”, insistió.

- Su primer proyecto legislativo tuvo mucho impacto en las redes y los medios de comunicación. ¿Por qué cree que sucedió esto?

-No es más que el reflejo del humor social de los porteños. Los trabajadores estamos completamente cansados de sufrir todos los días la manipulación de los piqueteros. Hoy por ejemplo, el corte de la 9 de Julio no solo repercutió a los automovilistas, sino también daño la circulación normal del transporte público.

- Teniendo en cuenta que usted viene del ala liberal, ¿no considera que prohibir las actividades que impidan la libre circulación (como por ejemplo las movilizaciones) puede afectar a las libertades de los ciudadanos?

-En ese punto hay una confusión de conceptos, como liberal no estoy en contra de que el Estado brinde seguridad a los ciudadanos y haga cumplir la ley. En su lugar, estoy a favor de tener un estado eficiente que haga cumplir la ley como corresponde. Actualmente, la Constitución Nacional establece que es ilegal cortar la calle e impedir la libre circulación ¿Pero cuántas veces vimos que el gobierno haga cumplir ese derecho? La ley debe respetarse.

- Más allá de este proyecto, ¿qué otras iniciativas tiene previsto impulsar en la Casa?

-Tenemos varios proyectos, siempre buscando eficientizar el rol del Estado en la sociedad. En algunos puntos buscando limitar sus capacidades y en otros puntos suplir ciertas ineficiencias. No puedo adelantar más que eso, pero mi equipo y yo venimos trabajando arduamente para lograr cambiar la realidad de la ciudad.

- ¿Cómo está siendo el trabajo legislativo dentro del bloque y con las otras bancadas? ¿Qué expectativas tiene para después del 1 de marzo?

-Esto es política, más allá de las diferencias políticas, debemos apostar por llegar a un consenso y lograr el mayor equilibrio posible. Mi ideología política me lleva a luchar por la libertad y el desarrollo de las personas, y busco hacerlo de la mejor manera posible. Si los demás bloques buscan lo mismo, están más que invitados a sumarse a trabajar con nosotros, jamás le cerramos la puerta a nadie.

Media sanción para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Personas Mayores

El proyecto recibió el aval del Senado por unanimidad. La discusión pasa ahora a la Cámara de Diputados.

El Senado dio media sanción este viernes, por unanimidad (67 votos positivos), a un proyecto para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada el 15 de junio de 2015 por la Organización de Estados Americanos (OEA).

El documento contiene más de 40 artículos específicos para asegurar el reconocimiento y el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores, resultado de un proceso de negociación iniciado años antes.

La Convención presenta un carácter vinculante y, por ende, indica que los Estados firmantes y ratificantes tienen la obligación de disponer de recursos para “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

Los postulados del documento fueron adoptados por Argentina en 2017, mediante la Ley 27.360.

En la Convención se define como persona mayor a “aquella de 60 años o más”; mientras que el término vejez se entiende como una “construcción social de la última etapa del curso de vida”, y al envejecimiento como un “proceso gradual".

Durante el debate, la oficialista Norma Durango indicó que este instrumento, adoptado por Argentina en 2017, "es el primero en su género y constituye un hito". Al repasar los principios que establece, destacó que contempla "el enfoque de género, muy importante ya que las mujeres somos más longevas".

Para la pampeana no hay "momento más oportuno que este" para otorgarle jerarquía constitucional, ya que estamos ante "una pandemia que ha puesto en evidencia en todo el mundo las contradicciones culturales que sufrimos en torno a la vejez".

"Vivimos en un planeta gerontoglobalizado, con un crecimiento del envejecimiento poblacional sostenido y feminizado como nunca en la historia de la humanidad", subrayó. También agregó que "el Covid ha hecho visible el grosero proceso de exclusión de las personas mayores en el mundo digital".

La senadora opinó que declarar la jerarquía constitucional de esta Convención "no solo será un hecho de justicia para ellos", sino "un mensaje de esperanza dirigido a la humanidad en su conjunto".

En tanto, la macrista Gladys González resaltó los principios de la Convención respecto a "la autonomía, la realización, la independencia, la participación, la equidad, la valorización social", que hacen a que "tengamos una vida y una vejez digna".

"Este año es muy significativo que nosotros estemos sancionando este proyecto", consideró y señaló que "el Covid puso a los adultos mayores como protagonistas para lo malo y lo bueno". En el sentido negativo por ser parte de las personas de riesgo ante la enfermedad, y en el sentido positivo por "haber sido protagonistas del cuidado, del amor de sus familias, de la comunidad y sociedad".

Finalmente, la bonaerense expresó que esta Convención "nos viene a exigir" abandonar "la cultura del descarte".