En una serie de recomendaciones al organismo que conduce Marisa Graham, organizaciones que integran Infancia en Deuda elaboraron un informe sobre el primer año de gestión.
Las organizaciones que integran Infancia en Deuda (IED) elaboraron un informe sobre el primer año de trabajo de la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conducida por la abogada Marisa Graham, y sumaron recomendaciones para cada una de las funciones de esa institución.
Entre las recomendaciones “urgentes”, alertaron por “la gravísima vulneración de derechos y acceso a la salud en la provincia de Salta -que en especial afecta a niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, donde se continúan registrando fallecimientos de niñas y niños a causa de desnutrición o enfermedades relacionadas- demanda que la Defensoría se valga de los artículos 55 y 64 de la Ley 26.061”.
También, IED insta a la Defensoría a acompañar el reclamo de diversas organizaciones al Estado Nacional y a las provincias para que se garantice la continuidad educativa, el acceso a dispositivos y conectividad adecuada a cada niña, niño y adolescente del país.
Con respecto a la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, IED “considera fundamental que la Defensoría inicie las acciones judiciales y administrativas pertinentes, y tome un rol activo en el proceso de derogación del Decreto 22.278 y solicite la adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Por otra parte, las organizaciones pidieron intensificar el trabajo articulado con el Ministerio de Educación nacional y de las provincias para garantizar el acceso a la Educación Sexual Integral en todos los niveles de educación obligatoria.
“El primer año de trabajo de la Defensoría estuvo signado por la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de Covid-19, que profundizó la vulnerabilidad socioeconómica y las desigualdades que sufren las infancias y adolescencias. Actualmente, según el Indec, casi el 60% de las niñas y los niños del país viven en situación de pobreza y residen en hogares cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total. Y el 15,7% vive en hogares con ingresos que no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos”, señalaron.
En un comunicado, las organizaciones que se nuclean en IED se manifestaron “convencidas de la importancia de tener una institución independiente que asegure protección, garantía y acceso a la Justicia para las infancias y adolescencias, y con una valoración positiva de los esfuerzos realizados”.
Entre otros puntos, se pidió a la Defensoría valerse de las atribuciones de control más intensas previstas en la Ley 26.061: iniciar acciones judiciales de carácter colectivo e individual ante situaciones de vulneración de derechos de NNyA; y priorizar las medidas administrativas y judiciales necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos en las 189 denuncias que están activas, así como en las que vayan a iniciarse.
Para lograr el efectivo cumplimiento de las recomendaciones que la Defensoría emite a instituciones estatales a fin de subsanar vulneraciones de derechos o señalar problemáticas que afectan a las infancias y adolescencias, IED solicitó: contar con mecanismo de control y de seguimiento de esas sugerencias que permitan conocer e informar públicamente sobre lo dispuesto; en el caso en que esas recomendaciones no sean tomadas en cuenta, sería deseable adoptar otro tipo de medidas ante organismos y autoridades que incumplan sus responsabilidades; e incluir estándares generales de protección de derechos que puedan ser aplicables para todos los sistemas de protección locales de cada provincia del país.
Sobre las funciones de control, supervisión y sanción ante los incumplimientos de las normas de protección, en el informe se recomienda compartir las conclusiones del trabajo de diagnóstico y sistema de monitoreo, con énfasis en la importancia de su publicidad, transparencia y accesibilidad a la información recabada; y realizar una sistematización de las acciones de monitoreo sobre los diversos organismos de protección integral provinciales, identificando los principales desafíos que tiene por delante cada sistema local.
En cuanto a las funciones de asesoramiento, recepción de reclamos y denuncias de NNyA, se solicitó elaborar un protocolo para la gestión de casos, denuncias y reclamos; reforzar los canales de comunicación a nivel federal para llegar a los NNyA de todo el país que se encuentren en situación de vulneración de derechos; adoptar criterios de actuación para implementar respuestas institucionales, medidas de exigibilidad, seguimiento de casos y alertas tempranas, entre otras.
“Si bien la Defensoría informó que se recibieron 360 consultas/denuncias, se desconoce cuáles fueron las medidas adoptadas y qué articulaciones se implementaron”, se agregó en este sentido.
Finalmente, respecto de las funciones relacionadas con el monitoreo y producción de información, IED reclamó publicar un informe que dé cuenta de la situación de las infancias y adolescentes, incluyendo datos por provincia, valiéndose de las fuentes de información oficiales disponibles; y contar con información de base que oriente las acciones destinadas al monitoreo de políticas públicas y, en especial, para la determinación de acciones de carácter prioritario justificadas en la información relevada.
Al responder preguntas de una diputada de la oposición, la funcionaria pidió “cambiar el discurso adulto” y valorar a los niños y adolescentes que “continuaron con sus trayectorias”. Se comprometió a consultar a la ministra Vizzotti sobre la vacunación para los menores.
Por más de dos horas, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, rindió un informe ante diputadas y senadoras, durante el que afirmó que “la escuela estuvo presente” en la pandemia y pidió no subestimar “el esfuerzo” de los alumnos que continuaron con sus trayectorias educativas. Además, se comprometió a consultar a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sobre la vacunación contra el Covid para los menores.
Al responder preguntas de la diputada Carmen Polledo (Pro), sobre “el duro impacto de algunas medidas que se tomaron en la educación” como “la falta de clases y la asistencia a la escuela”, la funcionaria enfatizó: “La escuela estuvo presente, y me parece que el discurso del mundo adulto en general tiene que decir que la escuela estuvo presente, porque sino dejamos afuera el esfuerzo que han hecho muchos niños, niñas y adolescentes en las peores condiciones para sostener sus trayectorias escolares”.
“El problema es qué pasa con el cierre de los establecimientos y los vínculos que se generan; para los más chicos los vínculos interpersonales son de un valor incalculable”, continuó la abogada y remarcó que “esos 80 mil fallecidos o más, que lamentamos cada uno, son abuelos, padres, tíos de niños, niñas y adolescentes que han padecido la muerte de un ser cercano”.
La defensora reveló que en el organismo se han reunido “con los padres que estaban a favor de la presencialidad, pero también con padres y madres que estaban a favor de la no presencialidad, algunos pertenecientes a los mismos establecimientos escolares”.
Por otro lado, señaló que “siempre el gran problema de Argentina fue la escuela secundaria”, en la que “tenemos una deserción que siempre es la misma, incluso antes de la pandemia”.
“Casi el 100% de los niños que terminan la primaria entran a la secundaria”, apuntó, pero precisó que de ese total, “un 30% no la terminará nunca; y del 70% que sí la termina, la mitad la termina con sobreedad y con mucha repitencia”. “No es un problema de la pandemia, sino un problema que la pandemia desnuda y agrava”, sostuvo.
Al brindar el informe anual ante la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Vanesa Vessvessian (FdT), Graham resaltó que “son muy pocos los países que están vacunando” a menores de 18 años contra el Covid, al tiempo que se comprometió a trasladar esta inquietud a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
Además, la funcionaria aseguró que el organismo continuará trabajando por garantizar el acceso a la conectividad de niños y adolescentes, y advirtió que la asimetría digital existe no solo en el interior más profundo del país, sino también dentro de las grandes ciudades.
Al contestarle a la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), la abogada admitió: “No sabemos cuál es la causa por la cual las vacunas no pueden ser aplicadas a niños y adolescentes. Lo que sí que la vacunación se está llevando adelante en todas las jurisdicciones del país por edades. Es una de las preguntas a hacerle a la ministra (Vizzotti)”.
Y se comprometió a pedir que las vacunas estén garantizadas “por los menos para aquellos (menores) que tiene comorbilidades existentes”. No obstante, aclaró que “no hay ninguna organización que se ya presentado en pedirnos vacunas para los chicos”.
Respecto a la conectividad, la abogada subrayó que “en algunas provincias de nuestro país, la conectividad no resuelve el tema” porque hay familias que viven en parajes, y allí “es presencialidad o nada”.
Pero también remarcó que tanto en la Ciudad de Buenos, como en Córdoba Capital o Rosario, “hay lugares donde hay conectividad y lugares donde no”. “La exigencia que venimos teniendo sobre la conectividad la vamos a seguir teniendo, incluso después de la pandemia”, prometió.
Informe anual
En el inicio de su exposición, Graham habló de “los obstáculos” que enfrentó la Defensoría en su comienzo como institución, sumado a la pandemia, “se convirtieron en fortaleza”. “Conseguimos un aumento importante del presupuesto destinado para el 2020”, destacó.
En ese sentido, detalló que también se logró que “los fondos de reserva de los años anteriores, 2018-2019, se constituyeran en nexo y ya está reservados para la compra de bienes de uso de informática y tecnología, lo más caro que tenemos que enfrentar como compra”.
La abogada celebró que el organismo está presente en todas las redes sociales y consiguió “una gráfica que nos identificara, desde el logo hasta la estética de nuestra página web, que es otra gran noticia para nosotros”.
“Empezamos a tener más presencias en otros lugares del país, no solo en la Ciudad y el Conurbano. Estamos teniendo relación con las 24 jurisdicciones“, aseguró la defensora.
Sobre el personal de la Defensoría, Graham precisó: “Hoy por hoy somos 70, somos pocos para el volumen de trabajo que tenemos. Hay 50 (personas) en las áreas sustantivas y 20 en las áreas de apoyo”. “Estamos ahora esperando que el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) nos firme una nueva resolución con la inclusión de once personas más”, añadió.
La funcionaria recordó que con la pandemia los temas de agenda se reenfocaron sobre “seguridad alimentaria; el tema de los ingresos en los hogares; deserción escolar, sobre todo en el secundario; y la cobertura insuficiente para la primera infancia”.
En referencia a la Asignación Universal por Hijo, la abogada ponderó el pronunciamiento de la Defensoría sobre los requisitos para acceder a este beneficio y el diálogo encarado con el Poder Ejecutivo para lograr los cambios que se dieron a través del decreto 840/2020. Asimismo, mencionó el pronunciamiento realizado sobre la necesidad de ampliar la cobertura de la tarjeta Alimentar.
Graham enumeró que el organismo actuó en casos de “restitución internacional de menores; interrupción legal del embarazo en niñas menores; el caso del asesinato de dos niñas argentinas en Paraguay; y el desalojo en Guernica”.
Además, el jefe de Gabinete de la Defensoría viajó a Formosa y mantuvo diálogo con autoridades provinciales, como con denunciantes, y luego se presentó “un informe a UNICEF Argentina, al Comité de Prevención contra la Tortura, y a la Secretaría de Derechos Humanos”.
A continuación, se refirió a “un caso emblemático para nosotros” como es el trabajo en el Chaco Salteño con niños de la comunidad wichi donde, entre otras cosas, se llevaron adelante operativos de identidad y Renaper entregó “2.166 documentos nuevos”, al tiempo que “170 chicos fueron registrados” y “ANSeS incorporó 5.871 chicos a la AUH”.
Por otra parte, la titular de la Defensoría anunció que se está trabajando para que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires “tengan su propio defensor”, como es el caso de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones y La Pampa.
“Hemos avanzado en 12 provincias sensibilizadas en el tema del defensor”, dijo, y afirmó que hay “cuatro que están más cerca” como Jujuy, San Juan, Catamarca y Mendoza. “Tenemos la expectativa de llegar a fin de año con por lo menos dos defensores más”, agregó.
En otro tramo, la funcionaria apuntó que algunos de los “obstáculos” con los que se encontraron fue “con la confusión sobre nuestro rol” y “las resistencias” de “jueces y juezas que no nos dejaron intervenir en algunos expedientes, no reconociéndonos legitimidad”, al igual que algunos fiscales y defensores.
Sin embargo, remarcó que, como contrapartida, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Nacional ha tomado pronunciamientos de la Defensoría como “base argumentativa para sus fallos”. “El Poder Judicial siempre es más resistente a los cambios por su estructura, y también el Ministerio Público”, cuestionó.
Graham estuvo acompañada por el defensor adjunto, Facundo Hernández; y la directora de Investigación Aplicada, Vanesa Salgado; quienes también contestaron preguntas. Además, la defensora aseguró que enviarán más respuestas por escrito.
Los diputados Negri, Ritondo y López enviaron una nota a la defensora del Niño para saber si tomó intervención y exigieron protocolos específicos para la minoridad.
El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio solicitó a la defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, que informe si intervino en el caso de la niña de 10 años que fue detenida durante unos minutos en Santiago del Estero por no utilizar barbijo para protegerse del coronavirus.
En una nota enviada a la defensora, los diputados Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) advirtieron sobre “la ausencia de protocolos respetuosos de la Convención de los Derechos del Niño, a pesar del rango constitucional y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)”.
Los legisladores además solicitaron “la intervención del gobierno de la provincia de Santiago del Estero para establecer pautas y protocolos de actuación policial en procedimientos donde exista la presencia de niñas, niños y adolescentes para procurar su efectivo cumplimiento con el firme objetivo de prevenir, evitar e impedir prácticas de privación de libertad” en este sector etario.
Por último, manifestaron su compromiso de “trabajar para erradicar cualquier práctica institucional que avasalle sus derechos y que permita ir hacia un trato acorde a su desarrollo bio/psicosocial, garantizando que todo efector de la ley y el orden público conozca y tenga la capacidad de evaluar con criterio su intervención en cada situación que involucre a niños, niñas y adolescentes”.
En una votación histórica, la Cámara alta aprobó el nombramiento de la abogada por 47 votos a favor y21 en contra. Senadoras de distintos bloques hablaron de un proceso inédito y ejemplar. Fuerte rechazo del sector “celeste”.
Por Carolina Ramos
En una votación histórica tras 15 años de mora, el Senado aprobó la designación de Marisa Graham como Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estaba vacante desde su creación. La abogada, que prestó juramento este mismo viernes, fue avalada por 47 votos a favor y 21 en contra, tras un debate donde se coló su posición a favor de la legalización del aborto.
Graham durará en funciones cinco años -con posibilidad de ser reelecta una vez-, y tendrá la misión de “velar por la promoción y protección de los derechos de los niños”.
“Esta era una deuda social que hoy estamos empezando a saldar. Los niños no pueden seguir esperando más por la garantía de sus derechos y su defensa ante las instituciones”, resaltó la senadora Norma Durango, expresidenta de la comisión bicameral que seleccionó a Graham.
La pampeana destacó que el proceso se selección fue “histórico, inédito, transparente y ejemplar más allá de los partidismos, con un único y claro objetivo: terminar con esta espera y que las niñas y niños cuentan con una figura que resguarde el cabal cumplimiento de sus derechos”.
Además, subrayó que la candidata “reúne los requisitos necesarios e indispensables en materia de experiencia, idoneidad y compromiso para ocupar el lugar de la primera Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes”.
La discusión sobre el aborto legal no tardó en reaparecer en el recinto. “Oh casualidad, en 2018, todas aquellas que se embanderaron en la designación del Defensor del Niño son las mismas que se embanderaron en el pañuelo verde, que después de pasar una votación tan conflictiva en el Senado se acordaron de tratar el Defensor del Niño”, alertó la riojana Clara Vega.
En la misma línea, el jujeño Mario Fiad (UCR) consideró que “no hay duda de que no encajan las manifestaciones de la doctora Graham como activa militante del aborto invocando el derecho de las mujeres”. “Si hay un conflicto entre la voluntad de la madre y los derechos del niño por nacer, genera dudas si efectivamente garantizará los derechos del niño por nacer”, dijo.
La kirchnerista Nancy González, defensora del aborto legal, rebatió las críticas y aclaró que Graham “pasó por todas las circunstancias para tener las cualidades de ser nombrada”. “No podemos, por sus pensamientos, por sus posicionamientos, dejar de nombrar a una persona o juzgarla”, retrucó.
Hubo un caso particular, el de la misionera Magdalena Solari Quintana, quien a pesar de haber votado en contra del aborto legal en 2018, apoyó la figura de Graham y consideró que “va a honrar el cargo”. “Esta no es una cuestión de verdes o celestes. Hay seres humanos que la votamos y que confiamos en ella, que seguramente va a dar lo mejor como ser humano. Tengo las mejores referencias de ella como persona, que creo que es la mejor carta de presentación”, expresó.
En su discurso, Durango recordó cómo fue el proceso de selección, en el marco de la Ley 26.061, que creó el cargo en el año 2005. El trabajo se realizó en una comisión bicameral de la que participaron cinco senadores y cinco diputados, en su mayoría mujeres. Pasaron por la presidencia la senadora Durango y las diputadas Carla Carrizo (UCR) y Samanta Acerenza (Pro).
En ese marco, con la participación de 90 organizaciones de la sociedad civil, se realizó un concurso de oposición y antecedentes. Los postulantes se sometieron a un examen escrito y luego tuvieron que presentar un plan de trabajo y defenderlo ante los integrantes de la bicameral en una audiencia pública. “Pocas comisiones han hecho un trabajo tan exhaustivo”, acotó Durango.
En total hubo 68 postulantes, la mayoría mujeres, y se presentaron más de 6.000 adhesiones y solo nueve impugnaciones a las distintas candidaturas. El examen fue aprobado solo por 15 de ellos, y fueron 14 los que expusieron sus planes de trabajo y respondieron preguntas de los legisladores.
Graham fue nominada por unanimidad el 25 de abril del año pasado, y el 26 de junio recibió el aval de la Cámara de Diputados, en una votación a mano alzada. También se dio luz verde a Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos.
Al inicio de la sesión en el Senado se desató un debate técnico en torno a la vigencia del dictamen de Graham. Fue cuando la radical antiabortista Silvia Elías de Pérez intentó frenar el tratamiento del dictamen, advirtiendo que “está vencido” y por lo tanto no se podía votar.
La tucumana se basó en el artículo 106 del reglamento del Senado, que en su tercer párrafo señala que los dictámenes “se mantienen en vigor hasta la próxima renovación del Cuerpo”. Es decir que, según esta interpretación habría caído el 10 de diciembre último.
Sin embargo, la vicepresidenta Cristina Kirchner intervino para defender la vigencia del dictamen, al entender que se rige por la Ley 13.840, denominada “Ley Olmedo”, que regula el trámite de los proyectos de ley. Según esta norma, la vigencia es de dos años, con uno más si es que obtienen aprobación de alguna de las Cámaras.
Elías de Pérez advirtió en que “esto no es un proyecto de ley, es un concurso que se envía a ambas Cámaras en forma conjunta”, por lo que insistió en aplicar el reglamento de la Cámara alta. Pero la senadora Durango aseveró: “No estamos frente a una ley, pero sí ante un acto que requiere tratamiento y aprobación por ambas Cámaras”.
Finalmente, Cristina sometió el tema a votación, y a mano alzada la mayoría de los senadores avaló la interpretación de la Presidencia, que avalaba la vigencia del dictamen.
La senadora radical, férrea opositora al aborto legal, aseguró que el pliego de Marisa Graham está “vencido”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) consideró que “el Senado se encamina a convalidar un concurso cuyo dictamen se encuentra vencido”, en referencia al pliego de Marisa Graham como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes.
La tucumana, férrea opositora al aborto legal, se quejó que “flaco favor le haremos a la institucionalidad de este país” con el tratamiento de la designación de la abogada.
“Es incomprensible que se haya puesto en discusión, y propuesto en la labor de trabajo de esta sesión especial durante el período extraordinario de sesiones, el tratamiento de un dictamen vencido”, insistió.
En contra de Graham, por su posición a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la legisladora enfatizó que “las razones del apuro para tratar este tema, el atropello de violentar o desconocer reglas procesales legislativas, las deben dar los responsables que convocaron a esta sesión”.
“Lo que no vamos a permitir es que se vulneren las reglas. Ayer fuimos testigos de un escandaloso espectáculo en el recinto de Diputados, donde se usaron artilugios para lograr quórum. Hoy nos presentan una labor con un dictamen vencido”, agregó la senadora de Juntos por el Cambio, interbloque dentro del cual habrá miembros que voten a favor, ya que el tema es transversal en todos los bloques.
Elías de Pérez dijo: “No podemos aceptar de ninguna manera que no se cumplan nuestras propias reglas. No podemos aceptar que se vulnere el reglamento proponiendo el tratamiento de un dictamen vencido”.
“A pesar de que la designación del defensor del Niño es una deuda de hace más de 15 años que tiene el Congreso de la Nación, eso no habilita a que se realice con un procedimiento irregular, dejando de lado principios básicos como el de preclusión procesal y buena fe”, concluyó.
Integrantes del interbloque presentaron una nota en la previa de la sesión donde se votará la designación.
En la previa de la sesión donde se votará el nombramiento de Marisa Graham como Defensora del Niño, siete senadores -en su mayoría, de Juntos por el Cambio- presentaron una nota ante las autoridades advirtiendo que el pliego de la abogada “caducó” por la renovación parlamentaria, y por lo tanto no podría tratarse en el recinto.
La misiva fue firmada por los senadores Belén Tapia, Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard y Silvia Giacoppo, quienes en 2018 votaron en contra de la ley de aborto, la cual Graham apoya.
También acompañaron la nota Pablo Blanco -incorporado en diciembre-, Clara Vega -quien integra el Interbloque Federal- y Eduardo Costa -que votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo-.
Los senadores citan el artículo 106 del reglamento del Senado, que indica que “los dictámenes de las comisiones permanentes, de que se haya dado cuenta al Senado o que se encuentren en el Orden del Día pendiente, se mantienen en vigor hasta la próxima renovación del cuerpo, siempre que antes no se produzca la caducidad en virtud de la Ley 13.640 y sus modificatorias”.
El reglamento también indica en dicho artículo que “los dictámenes de las comisiones especiales caducan de acuerdo con las disposiciones de la ley mencionada”.
“El tratamiento de este tema en estas condiciones no solo podría sentar un peligroso precedente para el tratamiento de otros asuntos, sino que además no estaría teniendo el tratamiento apropiado, con el proceso correspondiente para la designación de un cargo tan sensible y relevante”, argumentaron los legisladores.
Sin embargo, en noviembre del año pasado, la comisión bicameral que propuso a Graham firmó una resolución aclaratoria en la que especificó que para la vigencia del concurso se contabilizan 180 días hábiles legislativos, con lo cual el pliego caducaría en abril próximo.
En la Cámara de Diputados, el pliego de Graham fue aprobado a mano alzada en junio de 2019, y este mes fue incluido por el presidente Alberto Fernández en el temario de sesiones extraordinarias para completar su tratamiento en el Senado.
