El puntano Fernando Salino, presidente de Convicción Federal, anticipó su voto en contra, y reveló que dentro de su espacio hay legisladores que tienen "menos discrepancias" que otros con el proyecto.
El senador nacional Fernando Salino, presidente del bloque Convicción Federal -dentro del interbloque Popular-, admitió que su bancada podría dividirse a la hora de votar el Presupuesto 2026, luego que trascendiera que algunos integrantes del espacio acompañarían en la votación en general el proyecto del Gobierno.
"Creo que la Argentina necesita Presupuesto, en el bloque Convicción Federal estamos viendo la posición de cada uno de los cinco, cada uno representa a provincias distintas", dijo sobre el bloque que integran, además de él, la jujeña Carolina Moisés; el riojano Fernando Rejal; el catamarqueño Guillermo Andrada; y la tucumana Sandra Mendoza, última en sumarse.
Salino dirige el bloque de legisladores con impronta y agenda "federal" que a comienzos de este año se alejó de la bancada comandada por José Mayans, aunque se mantuvieron y actualmente mantienen dentro del interbloque peronista/kirchnerista, hoy conformado por los bloques Justicialista, Convicción y Frente Cívico por Santiago, bajo el nombre Popular.
En declaraciones con radio Rivadavia, el puntano confirmó su voto: "Yo voy a votar en contra del Presupuesto". Y, en cuanto a sus pares, expresó que van a "evaluar la situación, ver cuál es la mirada. Algunos tenemos más discrepancias, otros tienen algunas menos, pero no es el Presupuesto que claramente nos gustaría a ninguno de los cinco".
"Seguramente no tendremos una posición uniforme", afirmó. Además, cuestionó el debate exprés de la ley de leyes. "En la Comisión de Presupuesto hubo un atropello, esperábamos un tratamiento mucho más profundo y equitativo. Nuestras preguntas no han sido del todo respondidas", señaló.
Para el opositor, "el oficialismo no terminó de resolver las diferencias que tiene; hay sectores que pretenden que corrijamos lo que pasó en Diputados", indicó en referencia al Capítulo XI que fue rechazado en la cámara de origen y proponía la derogación de leyes insistidas por el Congreso.
En esta línea, consideró que "si el Ejecutivo presiona en este sentido se le va a dificultar"; mientras que si se vota el texto tal cual salió de la Cámara baja "aparentemente los votos están".
"Que a nosotros no se nos respete la proporción y no se nos permita trabajar en el Presupuesto no contribuye en nada a que nosotros aportemos positivamente", se quejó sobre los lugares que le dieron al peronismo en las comisiones. Al mismo tiempo, consideró un "error garrafal" del Ejecutivo que "tendría que tener otro diálogo con los legisladores" porque "en definitiva somos quienes tenemos que votar".
Sobre la iniciativa, Salino criticó el artículo 30 que prevé la derogación de artículos de leyes que hacen al financiamiento en educación, ciencia y defensa. "Yo fui ministro de Educación de San Luis, no puedo aprobar el artículo 30. Fui rector de la Universidad de la Punta, no pudo aprobar el artículo 30", manifestó.
Por otra parte, observó que "el Ejecutivo celebra volver a endeudarse. No propone salirnos de la deuda, sino seguir endeudándonos y crear condiciones para nuevos elementos de deuda".
El puntano Fernando Salino busca acotar plazos, evitar sanciones tácitas y garantizar un control más efectivo sobre el Poder Ejecutivo.
En un contexto de creciente debate sobre los límites del Poder Ejecutivo y el rol del Congreso en la validación de decretos, el senador Fernando Salino (Unión por la Patria - San Luis) presentó un proyecto de ley que propone modificar tres artículos clave de la Ley 26.122, que regula el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes.
La iniciativa, acompañada por los senadores Jesús Rejal y Guillermo Andrada, busca establecer plazos concretos y perentorios para el tratamiento legislativo de los DNU, reforzando el mandato constitucional y evitando que el silencio parlamentario se traduzca en una vigencia indefinida de normas dictadas por el Ejecutivo.
Entre los principales cambios propuestos se destacan:
♦ Plazo de vigencia limitado: Los decretos perderán vigencia si no son aprobados por ambas Cámaras en un plazo máximo de 90 días corridos desde su publicación.
♦ Tratamiento expreso y urgente: Una vez emitido el dictamen por la Comisión Bicameral Permanente, ambas Cámaras deberán tratarlo en un plazo de 20 días corridos, incluso durante el receso parlamentario.
♦ Rechazo por una sola Cámara: Se establece que el rechazo por parte de una sola Cámara será suficiente para derogar el decreto, corrigiendo el criterio vigente que exige el rechazo por ambas.
En los fundamentos del proyecto, Salino argumenta que, a 19 años de la sanción de la ley, la experiencia parlamentaria acumulada demuestra la necesidad de ajustar su funcionamiento para evitar distorsiones institucionales. “No resulta conveniente que el mero silencio de las Cámaras implique una vigencia sin límite de la norma”, advierte el texto, señalando que esta situación puede derivar en conflictos judiciales y vulnerar el equilibrio entre poderes.
Además, se destaca que el proyecto busca una interpretación armónica de la Constitución Nacional, especialmente del artículo 82, que excluye la sanción tácita de leyes, y que debería aplicarse también al tratamiento de decretos.
La propuesta se suma a otras iniciativas en tratamiento en ambas Cámaras que apuntan en la misma dirección: fortalecer el control legislativo sobre los DNU y garantizar mayor transparencia y seguridad jurídica en su aplicación.
El proyecto de ley establece, además, la declaración de emergencia en el sistema vial por dos años. También incrementa el presupuesto de Vialidad Nacional y dispone la excepción del organismo dentro del alcance del DNU 70/23 para eludir su conversión en sociedad anónima.
Los senadores nacionales del bloque Convicción Federal presentaron un proyecto de ley para blindar a través de un marco legislativo a la Dirección de Vialidad Nacional y declararlo “ente público de carácter estratégico”. En sintonía con el espíritu de la iniciativa, también proponen dictar la emergencia en el sistema vial por dos años.
El texto lleva las firmas del puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés, el riojano Fernando Rejal y el catamarqueño Guillermo Andrada. Además, el proyecto amplía el presupuesto de Vialidad Nacional, plantea alternativas de financiamiento específico y exceptúa al organismo de los alcances del decreto de Javier Milei 70/2023 para evitar su transformación en sociedad anónima.
Este jueves la Justicia suspendió por seis meses el alcance del DNU 461/2025 por el que el Gobierno nacional ordenó la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional tras la presentación de diferentes amparos por del gremio Sevina. Este proyecto de ley fue ingresado el pasado 2 de julio.
📢Desde Convicción Federal rechazamos la disolución de #VialidadNacional.
🤝🏻Defendemos a los trabajadores, las familias que transitan por las rutas nacionales y el desarrollo productivo. El vaciamiento deja aislados a pueblos enteros. #NoEsAhorroEsDestruccion#ConviccionFederal pic.twitter.com/34Uko68uql— Bloque Convicción Federal (@conviccionfed) July 16, 2025
Después del envío del proyecto a la Cámara alta, la senadora Moisés explicó que “el objetivo es cuidar las vidas que transitan por nuestras rutas argentinas, evitar que el transporte de nuestros productos circule en riesgo y garantizar la continuidad de todas las obras públicas en la Red Vial Nacional, que quedaron canceladas desde diciembre de 2023, mitigando el deterioro causado por la falta de inversión del Gobierno nacional”.
“Es impostergable abordar esta situación con responsabilidad y compromiso federal. Desde el Gobierno Nacional ejecutaron Vialidad en las últimas horas de la vigencia de las facultades delegadas: sin planificación ni mantenimiento las rutas se deterioran a un ritmo vertiginoso. La red vial es un componente clave para el desarrollo, la conectividad y la seguridad de todos los argentinos”, manifestaron los integrantes de Convicción Federal.
El proyecto de ley fue presentado por mesa de entradas del Senado después de una reunión de los cuatro senadores junto a trabajadores del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de VN. Tras el encuentro, incorporaron al texto la obligación de un relevamiento integral del estado de las rutas nacionales, con un plan preventivo y correctivo, protocolos frente a emergencias y fijar estándares mínimos de mantenimiento de infraestructura.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda logró quórum sin la presencia del libertario Atauche. Fernández Sagasti anticipó un pedido de sesión para la semana que viene. Quiénes acompañaron a Unión por la Patria en la firma de los despachos. Abdala anunció que van a desconocer la reunión y los despachos.
Sin la presencia de Ezequiel Atauche, la oposición logró activar la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para dictaminar los tres proyectos con media sanción que serán llevados al recinto en los próximos días: la actualización por ley de los haberes jubilatorios; la prórroga de la moratoria previsional; y la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
El presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, se hizo presente en la reunión realizada en el Salón Arturo Illia y reiteró en más de una oportunidad que la oposición “hizo una auto convocatoria”. Después insistió en que la reunión “carece de la formalidad necesaria”. Advirtió, además, que el oficialismo no va a reconocer la reunión, ni tampoco los dictámenes, y que el plenario para pasar a la firma fue fijado para el próximo 15 de julio.
Con el acompañamiento de dos senadores radicales y una del Pro, Anabel Fernández Sagasti aclaró que “la última interpretación del reglamento la hace la mayoría del Senado y acá estamos presentes, y si no la vamos a hacer en el recinto”. Acto seguido, anticipó un pedido de sesión especial para el próximo jueves 10 de julio, donde el temario incluirá los tres proyectos despachados.
Con la presencia del secretario parlamentario Agustín Giustinian, Fernando Salino -en su rol de vicepresidente-, Mariano Recalde, María Teresa González, Juan Manzur, Carlos Linares, Eduardo “Wado” de Pedro y Fernando Rejal de Unión por la Patria; Martín Lousteau y Pablo Blanco del radicalismo (llegó con la reunión comenzada); y Guadalupe Tagliaferri del Pro fueron quienes avalaron los tres dictámenes.
Fernández Sagasti aclaró que "la última interpretación la hace la mayoría, y sino el pleno del Senado".
Según constató este medio, Ezequiel Atauche no respondió las notas de convocatoria a reunión de comisión elevadas por UP y los tres senadores dialoguistas. A las horas de terminado este encuentro, se manifestó a través de X: "Como siempre, Javier Milei tiene toda la razón".
"El kirchnerismo no quiere asumir que ya no puede hacer lo que se le canta. Ayer lo vimos en Diputados, hoy en una comisión irregular que convocaron de prepo en el Senado. ¿Quieren poner palos en la rueda? No los vamos a dejar", remarcó el legislador jujeño.
Como siempre, @JMilei tiene toda la razón. El kirchnerismo no quiere asumir que ya no puede hacer lo que se le canta. Ayer lo vimos en Diputados, hoy en una comisión irregular que convocaron de prepo en el Senado.
¿Quieren poner palos en la rueda? No los vamos a dejar. pic.twitter.com/uhbNPVq8Vj
— Ezequiel Atauche (@ezeatauche) July 3, 2025
El jefe del interbloque opositor, José Mayans, fue el primero en tomar la palabra y cargó contra el jefe de bancada oficialista, presidente de Presupuesto y Hacienda: “Se cree el dueño del Senado, y la invitación se la mandamos al presidente y a la presidenta del Senado para que nadie mire para otro lado”. En otro momento, aseveró que “trascendió que estuvo apretando a secretarios para no hacer la reunión”.
Tanto los legisladores de Unión por la Patria como los dialoguistas presentes elevaron un reclamo contra las autoridades de la Cámara alta por la ausencia de la transmisión oficial. “Este es el canal de Senado, no un canal de partidario”, aseveró el senador fueguino Pablo Blanco. Luego, cargó contra Atauche y señaló que “hace una hora me dijo que iba a venir a fijar fecha, pero no cumplió con su compromiso”.
En virtud de la validez del encuentro, Martín Lousteau remarcó que “está claro que un senador (en referencia al jujeño) no puede contra una mayoría decir qué se hace y qué no se hace”. Y cuestionó: “Convocó a las reuniones después de que todos estuviéramos acá”. Minutos antes, Abdala se hacía presente en el Salón -con la intención de desactivar la reunión- anunciado la convocatoria a asesores para el 8 y a plenario para el 15 de julio.
En un extremo de la primera fila, el senador puntano, en soledad, insistía con que “no se han cumplido las formalidades en tiempo y forma de convocatoria a la reunión, y por eso no vino Senado TV”. Y nuevamente, repitió: “Es la primera vez que ocurre que llaman de un día para el otro”.
Del otro extremo, la senadora nacional Juliana di Tullio, acompañada por sus pares de interbloque, aclaró que “la reunión fue pedida por diez senadores de la Nación”. En otro momento, advirtió que “no hay antecedentes de una administración del Ejecutivo que tenga tanto apego por cerrar el Senado de la Nación”, y respaldó a la reunión en cuestión: “Hicimos un ejercicio político”.
Luego de varios idas y vueltas, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri tomó el micrófono y afirmó: “Presentamos con 48 horas el pedido de plenaria -al término de la reunión que presidió Carmen Álvarez Rivero el martes pasado-”, y ratificó que “el plazo está cumplido”.
En el final, Fernando Salino, en su rol de autoridad circunstancial de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, arengó que “no nos vamos a dejar trampear en el recinto porque esto fue reglamentario y tuvimos quórum e hicimos las cosas de buena fe”. “Todos sabían de esta reunión”, concluyó.
Por último, los diez senadores nacionales presentes firmaron el despacho de las tres iniciativas y se dio por finalizada la reunión. En caso de que el oficialismo considere que la moción de esta jornada no fue válida, desde Unión por la Patria apelarán a la decisión del pleno en el recinto. Dicho sea de paso, de tener a los 34 legisladores del interbloque y a los 3 firmantes del dictamen, el quórum estaría garantizado.
La bancada integrada por Fernando Salino, Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Jesús Rejal fue bautizada con el nombre de “Convicción Federal” y funcionará dentro del interbloque opositor.
Carolina Moisés
Un día ocurrió: las internas dentro de Unión por la Patria en el Senado tuvieron sus consecuencias y cuatro senadores decidieron conformar un nuevo bloque, que igualmente continuará dentro del interbloque, el cual es la primera mayoría en la Cámara alta con 34 miembros.
Bajo la decisión de abordar una agenda federal, reclamo que también tiene un grupo de senadores del otro lado del Congreso, el puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y el riojano Jesús Rejal integraron el nuevo espacio nombrado “Convicción Federal”.
UP estaba conformado hasta ahora por los bloques Frente Nacional y Popular, a cargo de José Mayans, y del cual eran parte Andrada y Rejal; y el de Unidad Ciudadana, comandado por Juliana Di Tullio, en el que estaban hasta este miércoles Moisés y Salino.
Ahora, el principal interbloque opositor, conducido por Mayans, está conformado por el FNyP, UC y Convicción Federal, al que sus creadores calificaron como “una nueva expresión” dentro de UP.
Mediante un comunicado, los senadores aseguraron que con este nuevo bloque “se refuerza la estrategia de apertura y debate interno” y “los miembros formarán parte de las decisiones sobre los temas estratégicos, sumando voces en oposición al Gobierno nacional, y dando mayor visibilidad a la problemática e intereses de sus provincias en lo que corresponde a la participación política, posición sobre proyectos específicos y la agenda legislativa del Senado de la Nación”.
“La visión federal es una necesidad urgente que se viene reclamando fuertemente desde diversos sectores del peronismo y hoy se expresa legislativamente en este nuevo bloque”, remataron, en alusión al pedido de que se aborde una agenda amplia y no sólo comandada desde Buenos Aires, como consideran impulsa la presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner.
El bloque estará presidido por Salino, del riñón del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, mientras que Moisés será vicepresidenta. La jujeña se había desmarcado de su bloque en una serie de votaciones. La última fue en la Ley Antimafias, mientras que una de las más recordadas fue el capítulo del RIGI en la Ley de Bases, que también votó a favor Andrada, quien responde al gobernador de su provincia, el catamarqueño Raúl Jalil, quien está cada vez más alineado con Casa Rosada. En cuanto a Rejal pertenece al entorno del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien le disputó a CFK la presidencia del PJ, aunque luego su lista fue rechazada por la justicia.
Uno de los últimos episodios que también dio muestras de la rebeldía contra la presidenta del peronismo fue que Moisés decidió presentar su propio espacio para las elecciones legislativas locales, ante la oposición a la intervención del PJ en esa provincia.