El presidente Alberto Fernández defendió este miércoles la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, sancionada el 29 de diciembre último, y negó que haya habido influencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner en los cambios introducidos en el Senado al proyecto original; por el contrario, reveló que esas modificaciones se introdujeron a partir de notas de diario Clarín.

“Cada vez que pasan estas cosas, enseguida parece que Cristina ‘mandó a hacer’… yo sé que a muchos les rinde para su público, pero ¿qué tiene que ver Cristina?”, se quejó Fernández en una entrevista en Radio con Vos, con el periodista Ernesto Tenembaum.

El presidente explicó: “Lo que pasó con la fórmula de actualización de las jubilaciones fue que nosotros mandamos al Congreso exactamente la fórmula de Cristina, la que estuvo vigente en aquel momento, que decía que dos veces al año se actualizaban las jubilaciones siguiendo un índice”.

“Nosotros tomamos ese índice y tomamos los dos períodos de actualización, marzo y septiembre. Ocurrió que los senadores advirtieron -porque el diario Clarín empezó a escribir sobre eso- que como hubo un aumento en diciembre y la actualización era cada seis meses, en Diputados -donde hay una presencia opositora mayor- podían empezar a embromar con que había que darle a los jubilados en marzo el aumento de los seis meses previos”, siguió.

“Yo dije ‘ya les di el 5%’ y ellos dijeron ‘ellos están planteando que les tenés que dar todo, porque es una nueva ley y hay que retrotraer de diciembre a marzo y pagar todo’. Lean los diarios Clarín de esos días y van a ver que ese era un caballito de batalla”, sugirió Fernández.

A raíz de eso, comentó que convocó a una reunión a los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, donde resolvieron que la fórmula, que empezó a regir el 1ro de enero, contemplara aumentos cada tres meses en lugar de cada seis. “Hicimos el costo fiscal de eso, que era un poco más, y terminamos la discusión”, dijo.

Por eso, concluyó: “Lo que ocurrió en la realidad es que no hicimos lo de Cristina, hicimos algo distinto, pero todos están convencidos de que lo hicimos porque Cristina dijo ‘hagan esto’, y eso nunca pasó”.

La nueva fórmula de movilidad previsional, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que los aumentos se otorgarán según un índice que combina en un 50% la recaudación tributaria de la ANSES, y en otro 50% la variación salarial.

En 2017 el Gobierno de Cambiemos envió al Senado la fórmula de movilidad jubilatoria que tras un reajuste sugerido por el entonces jefe de la principal oposición en esa cámara se aprobó allí sin mayores problemas. El entonces oficialismo acababa de ganar las elecciones de medio término y las perspectivas parecían muy favorables para el Gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo todo cambió cuando el proyecto llegó a la Cámara baja y terminó con la aprobación, pero en un marco de gravísimos incidentes, con 14 toneladas de piedras arrojadas en la Plaza de los Dos Congresos.

El Gobierno de Alberto Fernández suspendió dicha fórmula a poco de llegar al poder y tiene plazo hasta fin de año para elaborar otra que ponga en práctica a partir de 2021. Para cumplir con ese objetivo el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Senado el proyecto de ley que incluye la fórmula, que se conoció hace pocos días y ya tiene dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral Mixta, y es producto de 17 reuniones desarrolladas de manera virtual en la misma, con 60 Legisladores, 24 exposiciones y un informe final de 131 páginas.

Más allá de que desde la oposición se sostenga que este proyecto no tuvo en cuenta lo allí expuesto, sino que es producto de la determinación del Ministerio de Economía, lo cierto es que el proyecto ya fue plasmado en un texto que ingresó por el Senado para su tratamiento en lo que resta del último mes del año.

El objetivo es sancionar esta ley antes de fin de año para que se otorgue el primer aumento por esta fórmula en marzo de 2021, en base a la evolución de los salarios y la recaudación.

La fórmula elaborada por el oficialismo se compone de una combinación entre la evolución salarial (índice RIPTE) y la recaudación de la ANSeS, por partes iguales, similar a que se aplicó entre 2008 y 2017.

El proyecto de ley incluye en su artículo 3 una modificación sobre la periodicidad de la aplicación del Índice de Actualización de las remuneraciones para que el mismo sea consistente con las nuevas disposiciones relativas a la movilidad.

Incorpora entonces una cláusula transitoria para la aplicación de la primera actualización semestral de las prestaciones, teniendo en cuenta que el período de referencia de la misma se desarrolla durante la emergencia pública declarada por la Ley Nº 27.541 y su modificatoria.

El artículo 2° del anteproyecto aprobado por la Comisión Mixta Bicameral, establece que la entrada en vigencia del nuevo esquema de movilidad comenzará a ser aplicado a partir del 1° de marzo de 2021. A tales efectos, se tendrá en cuenta para su cálculo, la evolución de los salarios y la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) durante el segundo semestre de 2020.

El proyecto incorpora entonces una disposición transitoria por la cual la actualización correspondiente a partir del 1° de marzo de 2021 estará dada por la diferencia entre el incremento que resulte de la aplicación de la nueva fórmula en el mes de marzo de 2021 y el incremento dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para el mensual diciembre de 2020, la que en ningún caso producirá la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria.

La comisión bicameral mixta que debe proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad jubilatoria realizó este lunes una nueva reunión por videoconferencia, presidida por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), con la participación del exdiputado nacional Juan Carlos Díaz Roig y del exsecretario de Seguridad Social Juan Carlos Paulucci.

Díaz Roig, quien también fue presidente de la Caja de Previsión Social de Formosa y de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, criticó duramente la Ley de Reparación Histórica y propuso volver a la fórmula sancionada en 2008, y mejorarla “incorporándole una cláusula gatillo para que la inflación sea definitivamente el piso para los jubilados, y no el techo”.

Además, opinó que la fórmula podría segmentarse: “Lo ideal sería establecer un parámetro, que podría ser cinco veces la distancia entre el haber mínimo y el máximo, y un aumento de la movilidad parejo para todos”.

El especialista aclaró que la comisión debe abocarse a la movilidad y no al cálculo del haber, aunque consideró que “bueno sería que a corto plazo se revisara la determinación del haber inicial”, a la vez que enfatizó que “no puede haber una reforma jubilatoria que disminuya los derechos del jubilado”.

Asimismo, Díaz Roig sostuvo que con la fórmula del kirchnerismo, el haber le ganó “un 4%” a la inflación, pero con el cálculo aprobado en 2017 con la gestión de Mauricio Macri, “perdió el 42%”.

Al explicar cómo funciona el sistema previsional argentino, indicó que el 50% de su financiación corresponde a impuestos, un 25% a contribuciones patronales, y el restante 25%, a los aportes de los trabajadores.

El exlegislador cuestionó la fórmula de la Ley de Reparación Histórica, que combinada el índice de inflación (70%) con el RIPTE (30%), y argumentó que “el RIPTE mide los convenios que no tienen cláusula gatillo, es decir, que siempre están por debajo de la inflación”.

“Era matemáticamente imposible que la ´fórmula Pichetto´ permitiera ganar por encima de la inflación”, ironizó Díaz Roig, en alusión al aporte que hizo el exsenador para modificar el proyecto original que había enviado entonces el Poder Ejecutivo.

Por su parte, Paulucci consideró que “como ha sido generalmente”, la fórmula “tiene que ser una combinación entre el aumento de salarios, el índice de costo de vida y la recaudación”.

“Lo que tenemos que buscar es que el régimen sea sustentable. Y mientras tanto hacer un consenso general con respecto al régimen previsional”, señaló.

Y agregó: “La movilidad tiene que tener un sustento serio y tangible, y creo que lo hay. Ocurre que hay muchas excepciones: no solamente está el trabajo informal, que es un número alarmante, sino que también están las sumas no contributivas que tienen muchos convenios colectivos de trabajo, y que no pagan aportes y contribuciones”.

También mencionó otros factores, como la evasión, “que afecta no solamente a las jubilaciones y pensiones, sino también a la economía en general”.

La comisión bicameral mixta encargada de proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad jubilatoria realizó este lunes una nueva reunión informativa con la participación de dos especialistas.

La bicameral, integrada por legisladores y funcionarios de los ministerios de Trabajo, Economía y ANSES, escuchó a Elsa Rodríguez Romero, directora de la Comisión de Previsión de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA) y Guillermo Jáuregui, director de la Revista Jubilaciones y Pensiones.

Jáuregui realizó un repaso histórico de las diferentes leyes de movilidad en el país que puedan tener o no sustentabilidad actuarial, movilidad sustentable y movilidad segmentada. “La fórmula en la Argentina tiene mucho que ver con la sustentabilidad de cada sistema y está atada intrínsecamente a la inflación”, analizó.

Además, el abogado recordó y defendió la fórmula establecida en la Ley 26.417, a la que consideró “una fórmula más conservadora y prudente de ajuste semestral pero que le pone un tope al importante flujo de beneficios y evita que se caiga el sistema”.

“Primero se debe construir un mecanismo de movilidad que proteja a las prestaciones contra la desvalorización monetaria y que sea sustentable del sistema, y luego dicha movilidad puede segmentarse para mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben menores ingresos”, reflexionó Jáuregui. 

En tanto, Rodríguez Romero se refirió a los distintos índices de movilidad que fueron implementados en nuestro país y “han fracasado por discrecionalidades y por movilidades automáticas que han sido derogadas cuando se tenían que otorgar sumas importantes”.

“El régimen debe tener el atributo de la sustentabilidad y no de la movilidad del haber, y también la perspectiva desde el afiliado y el beneficiario. Es la única manera de sostener la seguridad social”, señaló.

De igual modo, la abogada previsional dijo que los problemas de litigiosidad son una constante de los últimos 40 años y concluyó que “es imprescindible la elaboración de un índice salarial que refleje fielmente la evolución de las remuneraciones percibidas por los activos que deber ser automática y de mantenimiento del nivel de vida”. 

Dos especialistas expusieron este lunes en una nueva reunión virtual de la comisión bicameral mixta encargada de proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad previsional, tras la suspensión del cálculo anterior.

Del encuentro, encabezado por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) participaron el abogado previsional y docente Miguel Ángel Fernández Pastor; y Gabriel De Vedia, fiscal federal de la Seguridad Social y fiscal subrogante de Primera Instancia en el Fuero del Trabajo.

Fernández Pastor, quien trabajó en distintos organismos nacionales e internacionales de seguridad social, se refirió al financiamiento del sistema y explicó que “del ‘93 para acá ocurrió la baja de contribuciones patronales, una decisión política tomada por (Carlos) Menem y (Domingo) Cavallo y nunca reemplazada”.

“Esa disminución implica la pérdida de ingresos para la ANSES de 2,99 puntos del PBI, es decir, con eso solo alcanzaría para que el sistema no fuera deficitario. A eso habría que agregarle que la devolución del IVA por la coparticipación a las provincias implica otro punto y medio. Es decir, si todos los recursos originarios estuvieran a disposición de la ANSES, sería un sistema superavitario, que podría dar mejores prestaciones”, explicó.

Además, sostuvo que la “Ley de Reparación Histórica” sancionada en la gestión anterior “alteró muchísimo el sistema” porque “se le dio otro uso” a los recursos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad).

El especialista advirtió que “la fórmula no será la que vote el Parlamento sino lo que la Justicia interprete que esa fórmula dice”. “La definición final va a ser siempre judicial”, insistió, y puso como ejemplo el fallo Badaro, que fue “a contrapelo de todas las decisiones legales”, ocasionando una pérdida de “15.000 millones de dólares”.

Por esa razón, propuso “una fórmula sencilla y simple que permita la menor cantidad posible de interpretaciones” y “que no motive la intervención judicial”. Además, consideró que el cálculo “debería ser igual para todos”.

En ese sentido, opinó que la fórmula sancionada en 2008, basada en recaudación y salarios, “dio buen resultado”. “Es una buena fórmula porque no pone en riesgo las arcas del Estado”, destacó, aunque aclaró que “habría que agregarle un fondo anticíclico” para “pagar la diferencia cuando los beneficiarios ganan menos que la inflación, y que cuando haya crecimiento económico, una parte del excedente arriba de la inflación sea devuelto por los jubilados para recapitalizar el FGS o ese fondo anticíclico para cuando haya crisis económica, y así sucesivamente”.

Por su parte, De Vedia resaltó que “la sociedad argentina está expectante” en torno a este tema y recordó que en el artículo 55 de la Ley de Solidaridad Social se estableció que la nueva fórmula debe garantizar “una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución”, con especial atención en los sectores más bajos.

“La seguridad social se enmarca en los derechos humanos”, afirmó y citó los artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales referidos a la temática. En ese marco, pidió respetar los principios de universalidad, solidaridad, redistribución del ingreso y sustitutividad, entre otros.

“No sería inconstitucional pensar que por un tiempo pueda haber una fórmula diferenciada para los sectores más bajos, pero siempre que no sea en detrimento de las jubilaciones más altas”, señaló De Vedia, y añadió: “Si queremos dar una movilidad diferenciada, el pato no lo tiene que pagar ningún jubilado. Hay que buscar los recursos en otro lado”.

Por último, propuso a los legisladores “ganar tiempo” y realizar un “test de razonabilidad” sobre la fórmula propuesta para verificar si es constitucional y “evitar la litigiosidad”.

La comisión mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria continuará con la ronda de invitados, a fin de recibir distintos aportes de especialistas.

Para el encuentro de este lunes, a partir de las 16, la bicameral recibirá a Claudia Danani, Licenciada en Trabajo Social y en Ciencias Políticas; a Sergio Rottenschweiler, Magister en Economía de la UBA; y a Marcelo Copello, Magister en Economía, Georgetown University, con mención en Políticas Sociales.

La bicameral está presidida por el diputado Marcelo Casaretto (FdT), e integrada por los diputados Carlos Heller (FdT) y Luciano Laspina (Pro), por la Comisión de Presupuesto; el mencionado Casaretto (FdT) y Alejandro Cacace (UCR), por la Comisión de Previsión Social; Luis Pastori (UCR) e Hilda Aguirre (FdT), por la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales.

En tanto, los representantes del Senado son Carlos Caserio (FdT) y Esteban Bullrich (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Daniel Lovera (FdT) y María Belén Tapia (UCR), por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La comisión también la conforman miembros del Gobierno: el jefe de Gabinete de Asesores, Miguel Baelo; el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Goñi; y el secretario de Política Tributaria del Palacio de Hacienda, Roberto Arias.

La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, presidida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, recibió este lunes los aportes de Leonardo Eric Calcagno, doctor en Economía Universidad de Orleans, Francia; y Eduardo Levy Yeyati, ingeniero en la UBA y doctor en Economía en Universidad de Pensilvania, USA.

Levy Yeyati manifestó que para elaborar una fórmula pueden utilizarse diversos instrumentos como el índice de salarios, de inflación, o de recaudación, o una combinación de ellos en diversas proporciones. Asimismo, aseguró que en la actual coyuntura de crisis económica, agravada por la pandemia del Covid-19, aplicar la fórmula de movilidad suspendida en diciembre de 2019 por la ley 27.541 “solo agravaría sustancialmente la delicada situación fiscal”.

Por su parte, Calcagno presentó un modelo con proyecciones de diversas alternativas hasta el año 2040, pero señaló que una eventual fórmula de movilidad jubilatoria, que como base para el análisis contiene salarios y precios al consumidor con límites de acuerdo a la evolución de la recaudación, solo podría comenzar a aplicarse en 2022 cuando las variables económicas se hayan estabilizado y que, entre tanto, este año solo podría intentarse empatar de alguna manera con la inflación.

Ambos especialistas coincidieron en que la actual coyuntura impone grandes desafíos para arribar a una solución que apunte a la sostenibilidad del sistema previsional, y que además de las cuestiones de movilidad debe buscarse la formalización del empleo y el aumento de la recaudación revisando los esquemas de financiamiento del sistema previsional en conjunto con la relación con las provincias.

Estuvieron presentes los miembros de la comisión, por el Poder Ejecutivo: Luis Bulit Goñi y Miguel Baelo del Ministerio de Trabajo; Roberto Arias del Ministerio de Economía; la jefa de asesores de la ANSES; y la secretaria técnica de la Comisión, Adriana Micale.

Por el Frente de Todos participaron los diputados Marcelo Casaretto (presidente) y Carlos Heller, y los senadores Carlos Caserio y Daniel Lovera. Por Juntos por el Cambio participaron la senadora María Belén Tapia y los diputados Alejandro Cacace, Luciano Laspina y Luis Pastori. Fueron invitados y participaron además otros legisladores de distintos bloques, entre ellos los oficialistas Florencia Lampreabe, Eduardo Fernández y Victoria Rosso.

Para la décima reunión del próximo lunes 20, a las 16, se citó a Claudia Dadani, Licenciada en Trabajo Social y en Ciencias Políticas, y Doctora en Ciencias Sociales por la UBA; y Marcelo Capello del IERAL, Magister en Economía, Georgetown University, con mención en Políticas Sociales.

La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula jubilatoria que reemplace a la anterior, que se encuentra suspendida, se reunió por quinta vez este martes para escuchar a dos especialistas en la materia.

Del encuentro virtual, presidido por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) participaron el abogado y docente universitario Jorge García Rapp, y el titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Marcos Makon.

Rapp brindó una exposición sobre la evolución histórica de la movilidad jubilatoria a nivel legislativo y jurisprudencial, mientras que Makon se refirió a la situación actual de los regímenes previsionales especiales.

Estuvieron presentes, por parte del Poder Ejecutivo, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Miguel Baelo; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Por el Frente de Todos participaron los diputados Casaretto, Carlos Heller e Hilda Aguirre, y el senador Daniel Lovera, mientras que por Juntos por el Cambio estuvieron los senadores María Belén Tapia y Esteban Bullrich, y los diputados Alejandro Cacace, Luciano Laspina y Luis Pastori.

También participaron legisladores que no integran la comisión, como los oficialistas Eduardo Fernández y Florencia Lampreabe; Alicia Terada, Graciela Ocaña, Virginia Cornejo y Gisela Scaglia y Pablo Blanco por Juntos por el Cambio; y Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda).

En las próximas reuniones expondrán Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Cono Sur; y Andras Uthoff, consultor de Eurosocial.

Cabe recordar que, el pasado 4 de junio, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo de la comisión para elaborar una nueva fórmula jubilatoria.

Hasta ese momento, el Poder Ejecutivo otorgará los aumentos por decreto, tal como lo viene haciendo en el marco de la Ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre, que suspendió la fórmula previsional aprobada en la anterior gestión.

El Poder Ejecutivo envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo de la comisión mixta para elaborar una nueva fórmula jubilatoria y establece que, en ese lapso, el Poder Ejecutivo seguirá otorgando los aumentos por decreto.

La comisión, integrada por legisladores del oficialismo y la oposición y representantes del Poder Ejecutivo, tenía plazo hasta junio para proponer una nueva fórmula previsional, que luego debía ser debatida en el Congreso.

Sin embargo, ante el retraso de la comisión y las dificultades para elaborar una fórmula por el fenómeno de la pandemia -que alteró todas las variables económicas-, se recomendó al Ejecutivo que ampliara el plazo hasta fin de año, algo a lo que Juntos por el Cambio se opuso.

El proyecto ingresado en la Cámara baja lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y consta de cuatro artículos.

En el primero, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 “la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241, sus modificatorias y complementarias, establecida en el artículo 55 de la Ley 27.541”.

“Durante este período, el Poder Ejecutivo Nacional determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la Ley 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y a las beneficiarias de menores ingresos”, agrega a continuación.

Asimismo, se prorroga también hasta fin de año “la labor de la comisión mencionada en el tercer párrafo del artículo 55 y en el artículo 56 de la Ley 27.541”.

Dicha comisión, que preside el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) cuenta con mayoría del oficialismo y esta semana resolvió convocar a especialistas y requerir informes a organismos públicos para avanzar en la nueva fórmula y revisar los regímenes especiales.

Los representantes de Juntos por el Cambio, en tanto, rechazaron que el Poder Ejecutivo siga otorgando aumentos de manera discrecional y advirtieron que con la fórmula suspendida, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, los jubilados hubieran recibido un incremento mayor.

La comisión está integrada por los diputados Marcelo Casaretto (presidente), Carlos Heller, Hilda Aguirre, Luciano Laspina, Alejandro Cacace y Luis Pastori; y los senadores Belén Tapia, Carlos Caserio, Daniel Lovera y Esteban Bullrich.

En nombre del Poder Ejecutivo, figuran el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; los secretarios de Políticas Tributarias, Roberto Arias, y de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Miguel Baelo.