La diputada Micaela Morán (UP) presentó una iniciativa que fija plazos para contestar solicitudes de información y comparecer ante el Parlamento. Incluye sanciones económicas y penas de prisión para quienes incumplan.
Ante las reiteradas ausencias de funcionarios de esta gestión a citaciones de parte de la oposición, la diputada nacional Micaela Morán (Unión por la Patria) impulsa un proyecto de ley que busca regular el procedimiento para la contestación de pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y la presencia de ministros en el Congreso, tal como lo establece la Constitución Nacional en sus artículos 71 y 100 inciso 11.
La propuesta establece que el Poder Ejecutivo deberá responder por escrito en un plazo máximo de 30 días hábiles y de manera “precisa y completa” los requerimientos aprobados por las Cámaras. Además, los ministros y autoridades de organismos estatales estarán obligados a concurrir cuando sean citados para brindar informes verbales, ya sea en sesiones, comisiones o plenarios.
El proyecto fija sanciones para los incumplimientos: descuento del 20% del salario para funcionarios que obstaculicen el procedimiento y, en casos reiterados, la consideración de falta grave. También incorpora al Código Penal el artículo 249 bis, que prevé penas de prisión de dos meses a dos años e inhabilitación especial para quienes omitan responder tras reiteración del requerimiento.
Morán fundamenta la iniciativa en la necesidad de fortalecer el control parlamentario sobre la gestión del Ejecutivo y garantizar un flujo de información “completo y de calidad” para robustecer las instituciones democráticas. La propuesta se inspira en normas similares vigentes en provincias como Chaco y Tierra del Fuego.
El proyecto busca garantizar transparencia y prevenir la corrupción mediante declaraciones juradas digitales, interoperabilidad en tiempo real y control automatizado con inteligencia artificial. Incluye la obligación de informar activos como criptomonedas y mantener la rendición de cuentas hasta cinco años después de dejar el cargo.
El diputado nacional Mariano Campero presentó un proyecto de ley que establece un régimen integral de trazabilidad y control de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, con el objetivo de fortalecer la transparencia y prevenir el enriquecimiento ilícito. La iniciativa deroga la Ley 26.857 y modifica artículos de la Ley 25.188, creando un sistema más riguroso y tecnológico.
La propuesta obliga a presentar declaraciones juradas patrimoniales y de intereses a quienes ocupen cargos en los tres poderes del Estado, incluyendo autoridades nacionales, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, funcionarios del Ejecutivo, representantes sindicales y autoridades de obras sociales. También deberán cumplir gobernadores y ministros provinciales que reciban transferencias no automáticas de fondos nacionales.
Entre las principales novedades se destacan:
El proyecto también prevé sanciones por incumplimiento, que incluyen suspensión de haberes, inhabilitación para ocupar cargos y denuncias penales en casos de falsedad u ocultamiento. Además, establece multas para quienes hagan un uso indebido de la información publicada.
Campero fundamentó la iniciativa en la necesidad de superar las falencias del sistema actual: “El régimen vigente no permitió detectar oportunamente casos de enriquecimiento ilícito. Esta ley incorpora tecnología, trazabilidad y control continuo para garantizar transparencia y confianza en la función pública”.
La iniciativa es impulsada por senadores del Frente de Todos y alcanza a los tres poderes del Estado. Impone exámenes de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina.
La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio presentó el proyecto de ley de coherencia de los funcionarios públicos en la lucha contra el narcotráfico, que establece la realización de examen antidoping a los representantes de los tres poderes del Estado.
“La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia”, argumenta la titular del bloque Unidad Ciudadana.
El proyecto establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria.
El control estaría a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y alcanzaría a:
El proyecto prevé que, ante la detección de la presencia de una droga ilegal, la autoridad de aplicación establecerá conjuntamente con la máxima autoridad de cada uno de los poderes el proceso de suspensión y/o licencias hasta su recuperación, respetándose las garantías constitucionales del debido proceso.
La iniciativa está encabezada por el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, senador José Mayans; y además de Di Tullio, lleva las firmas de la senadora Anabel Fernández Sagasti y el senador Oscar Parrilli.
El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó los lineamientos centrales de la ley de leyes ante la Comisión de Presupuesto de Diputados este miércoles. También expusieron tres funcionarios. Las presentaciones continúan la próxima semana.
A casi dos semanas de haber ingresado el Presupuesto 2023 a Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados, este miércoles el ministro de Economía, Sergio Massa, volvió al Congreso para explicar los principales ejes del proyecto ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, acompañado de tres funcionarios, pero la próxima semana las exposiciones continúan.
Luego de que el tigrense, desde el Salón de Pasos Perdidos, explicara a sus excolegas los principales puntos del Presupuesto 2023 que prevé una inflación promedio de 60 % para el próximo año y una reducción del déficit al 1,9 %, fue el turno de los secretarios del Ministerio de Economía, que se desplazaron hasta la Sala 2 del Anexo C para exponer y responder preguntas ante los diputados.
En esta primera jornada hicieron su presentación el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, los secretarios Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas).
Según informó el titular de la Comisión, el oficialista Carlos Heller, el tratamiento del Presupuesto continuará la próxima semana, a priori el martes 4 de octubre a las 11, pero remarcó que “aún estamos definiendo la agenda con los invitados a exponer”.
Para la semana venidera, los días 4 y 5 estaba previsto que expongan los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Alexis Guerrera (Transporte) y Claudio Moroni (Trabajo). A ellos se sumarían probablemente los ministros Carla Vizzotti (Salud) y Jaime Perzcyk (Educación).
También estaba en agenda la participación del titular de la AFIP, Carlos Castagneto; la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, y el director general de Aduana Guillermo Michel.
Posiblemente también lo haga el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, cuya presencia también fue requerida desde la oposición. Las fuentes consultadas precisaron que, si Pesce no expone este jueves, lo hará la semana siguiente, aunque admitieron esa participación “no está ciento por ciento confirmada”.
A partir de la semana venidera comenzará el debate entre los diputados hasta llegar al recinto, probablemente entre el 26 y 27 de octubre.
De esta manera Claudio Bargach fue nombrado como representante de esa Casa en el COPUA y Sergio Abrevaya como consejero académico del consejo del centro de formación judicial por el estamento del Parlamento porteño.
En la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura de la Ciudad autorizó la designación de dos nuevos funcionarios para distintos organismos locales: por un lado, se estableció a Claudio Bargach como representante de la Legislatura en el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA); mientras que por el otro se revocó la designación de Luis Esteban Duacastella Arbizu en el cargo de consejero académico del consejo del centro de formación judicial por el estamento de la Legislatura y asumirá en su lugar Sergio Abrevaya.
La designación de Bargach fue autorizada por los legisladores porteños luego de que Julián Santarsiero, quien ocupó el cargo en el COPUA hasta el pasado 15 de febrero cuando presentó su renuncia al mismo.
En tanto en el caso de Abrevaya, el ex legislador comenzará a formar parte del Centro de Formación Judicial es un órgano del Tribunal Superior de Justicia, con autonomía académica, institucional y presupuestaria que tiene como finalidad la preparación y formación permanente para la excelencia en el ejercicio de las diversas funciones judiciales.