La flamante cúpula de la CGT mantuvo este martes un encuentro con diputados de extracción sindical para fijar posición ante la reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso en sesiones extraordinarias. Aunque el texto definitivo todavía no se conoce, los gremialistas anticiparon su rechazo y advirtieron que la propuesta “no va a dar ninguna solución al crecimiento del país”.

En la reunión, realizada en la sede de la calle Azopardo, participaron los integrantes del triunvirato cegetista Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, junto a los legisladores Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Mario Manrique y Vanesa Siley, además del diputado electo Hugo Moyano (h).

El objetivo fue unificar criterios frente a una reforma que, según trascendidos, incluiría cambios sensibles como la limitación de las cuotas solidarias, la reglamentación del derecho de huelga en sectores estratégicos —transporte, educación y salud— y la incorporación del concepto de salarios dinámicos. “Todo lo que se está discutiendo son versiones y globos de ensayo”, señaló Sola, quien remarcó que las filtraciones “no nos satisfacen”.

El dirigente del sindicato de Seguros fue categórico: “No va a haber un cambio fenomenal porque se modifiquen algunas reglas del trabajo; muy por el contrario, se va a perjudicar el tejido social”.

En la misma línea, Palazzo sostuvo que se analizaron “estrategias y proyectos superadores de lo que debe ser una reforma laboral progresiva e inclusiva y no la quita de derechos que pretende el presidente Milei”. Yasky, por su parte, había anticipado en redes sociales: “Queremos cambios laborales para que las personas que trabajan vivan mejor que en el presente, no peor que hace un siglo.”

Mientras tanto, en la Casa Rosada, la mesa política del oficialismo definió que en los próximos días se presentarán los proyectos de reforma laboral e impositiva, junto con el Presupuesto 2026, en el marco de las sesiones extraordinarias. El Gobierno busca acelerar el debate parlamentario, pero la CGT y los diputados sindicales ya dejaron claro que se preparan para resistir cualquier intento de flexibilización que implique pérdida de derechos.

La Comisión de Legislación del Trabajo realizó este martes una nueva reunión informativa, presidida por el diputado nacional Martín Tetaz (UCR), donde expusieron representantes de asociaciones de abogados, de pymes, de sindicatos y de la CGT, entre otros.

Las exposiciones durante la reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo se dieron en el marco del análisis y consideración de los proyectos de ley modificatorios de las leyes 14.250 y 23.551 sobre cotizaciones ordinarias y extraordinarias y contribuciones de solidaridad, con estado parlamentario, girados a esta Comisión en única competencia y de competencia mixta.

En primer lugar, en representación de la Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas, Luisa Contino, recalcó que “el Estado debe, fundamentalmente, promover la libertad sindical, la negociación colectiva y hacerlo de manera adecuada y no tratar de prohibir ni regular los objetos de la negociación como sería la contribución solidaria”.

Pablo Alfredo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYMEL) se refirió al aporte de las empresas. “No rechazamos el aumento a la gente, sí este aporte”, señaló y en ese sentido, agregó: “Creo que el aporte patronal no tiene que ser voluntario, no tiene que existir, porque pasa a ser un costo más laboral, no salarial”.

Desde la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses, Julio César Núñez, aseguró que “cuando analizamos estos proyectos vemos que vacían de recursos y debilitan a la estructura sindical”. En contrapartida, consideró que “las cotizaciones ordinarias, extraordinarias y las cláusulas de solidaridad son aportes fundamentales para la estructura sindical y garantizan la libertad plena sindical, equitativa y sostenible”. “Sin sindicatos sólidos, los conflictos laborales no van a desaparecer, sino que se desbordan”, complementó.

Un fuerte debate abrió durante la reunión el diputado del Pro Gerardo Milman, quien planteó que todos los argumentos escuchados a favor de sostener la cuota solidaria sindical fundamentan la constitucionalidad de esa norma, “cuestión que yo no discuto: es constitucional, hace décadas que existe”. El debate es que hay una propuesta para que esa cuota sea solidaria, acotó, para preguntar entonces “si esta propuesta es constitucional también, así como lo es la cuota obligatoria”.

Le contestaron los diputados sindicales Mario Manrique, Hugo Yasky y Sergio Palazzo. Este último explicó porqué a su juicio no es constitucional la propuesta de la cuota solidaria. “Muy sencillo -arrancó-, porque tiene jerarquía constitucional el Convenio 87, tenemos el principio de autonomía sindical con relación al Estado, y el Convenio 98 con relación a los empleadores”.

“El 87 forma parte integrante de la Constitución Nacional por remisión, porque existe un pacto internacional y que es de los que deben ser aprobados en el marco constitucional. Quiere decir que el principio de autonomía sindical está consagrado y esto vulnera el principio de autonomía sindical”, sostuvo el diputado Palazzo, que comparó ese principio con la autonomía universitaria. “Para nosotros está bien en los dos casos”, afirmó.

La doctora Natalia Salvo, de la Asociación Civil Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio, explicó que los proyectos “tienden a destruir o pulverizar el esqueleto protectorio del derecho colectivo del trabajo”. “Los sindicatos son personas jurídicas, tuvieron existencia y protección a partir del inicio del siglo veinte, justamente por las desigualdades que había producido la libertad y la voluntariedad en el marco de las relaciones productivas de trabajo”, argumentó.

El titular cegetista Rodolfo Daer intervino por zoom, para advertir que eran convocados por esa comisión por segunda vez, “no para hablar de los temas y problemas que tenemos de coyuntura y proyección, que son resolver las cuestiones del trabajo; ni de un plan de empleo, ni de qué es lo que está pasando con la caída del trabajo formal”. Por el contrario, sostuvo que se estaba incurriendo en la misma equivocación de la Ley Bases, “que no modificó las multas, como había que  hacer, sino que las eliminó, generando cada vez más precariedad e informalidad en el trabajo”.

“No estamos convocados para hablar de trabajo”, se quejó, sino para “cercenar las posibilidades de construir organizaciones sindicales; cercenar la acción sindical, y en esto hay una grave contradicción con lo que vivimos permanentemente en nuestro país, donde el conflicto es propio del sistema en que vivimos por la contradicción de intereses”. Para Daer, “lo único que estamos haciendo es intentar disminuir y desvirtuar la posibilidad de equilibrio entre trabajadores y sectores empresarios”.

Entre otras cosas se quejó de la limitación del derecho a huelga, o “la pretensión de desvincular al trabajador del convenio colectivo de trabajo, porque la gran aspiración es no solo la descentralización de la negociación colectiva, sino el descuelgue de la negociación colectiva al romper las vinculaciones: que cada uno discuta su propio contrato laboral o que cada uno pueda discutir su propia convención. Es el único instrumento social que genera condiciones de trabajo en una misma actividad”.

En una larga exposición, Daer también cuestionó el proyecto para evitar la reelección de los sindicalistas, comparándolo con lo que sucedería si eso se hiciera por ejemplo con los legisladores. En el caso de los gremios representaría a su juicio un “vaciamiento”, dijo, aunque aclaró que no significaba ello que no tuviera que haber renovación en los gremios. “Pero lo que no se puede hacer es de un plumazo vaciar a la estructura sindical”, resumió, concluyendo que “nada de esto es para generar trabajo, para mejorar la calidad de vida, ni para revertir la gran desigualdad que tiene nuestro país; pero sí hay un tema laboral que también está incluido en varios proyectos, que tiene que ver con la pérdida de derechos, que es la pérdida dela ultraactividad, que rompe el criterio de progresividad del derecho en la Argentina”.

También vía zoom, Rolando Walter Kraemer, presidente de la Asociación de Kiosqueros Unidos del Chaco, ratificó que “siempre las cargas terminan sobre el costo laboral”. En ese sentido, instó a que las leyes reflejen “la realidad económica y social de cada grupo, no puede unificarse en una solo rama cuando hay muchas diferencias en cada una”.

Comunicado por la misma modalidad, Daniel Reffatti, presidente del Centro Comercial de Victoria, de la provincia de Entre Ríos, se refirió a la situación de las pymes y a las cámaras que representan a dichas organizaciones en el interior que atraviesan “una coyuntura económica sumamente compleja”. “Trabajen para que los aportes de las empresas queden en nuestras cámaras, provincias y pueblos, porque les vamos a dar el fin que necesitan y formará parte de la economía que mueve los pueblos”, puntualizó.

El secretario General de la Comisión Interna de la empresa gráfica Anselmo Morvillo, Sebastián Rodríguez, afirmó que “somos víctimas de las crisis capitalistas”. En la misma línea, solicitó analizar la situación “desde la perspectiva de que estamos frente a una reforma laboral que viene de la mano del FMI”.

Desde el sector industrial PyMEs, Sandra Nicolás pidió diferenciar la cuota salarial del aporte empresario y que no todas las pymes estén en la misma bolsa.

Sostuvo que las pequeñas y medianas empresas “están cerrando”, y advirtió que son precisamente las PyMEs las que pueden salvar en este momento al país. “Somos las que nunca bajamos las persianas hasta que el agua nos llega hasta acá”, graficó. En un relato muy crudo que trazó desde su situación personal, por haber tenido que vender su empresa y transformarse en empleada de la misma, dijo que “toda esta discusión está buena, pero las PyMEs no pueden dar más… No somos grandes empresas, somos pequeños y medianos empresarios. Cuando se habla de que hay que aportar esto o lo otro, si cada vez hay menos trabajo, ¿qué vamos a defender? ¡Las PyMEs nos estamos muriendo, y somos las que damos trabajo”.

En otro pasaje dijo que “no podemos estar todas en la misma bolsa, porque cuando se habla de aportes, tenemos que andar contando los pesos, cambiando los 100 dólares que hay abajo del colchón… ¿Qué me van a hablar de derechos? Los derechos es dar trabajo”.

En tanto, Agustín Comas, abogado laboralista del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDh), hizo hincapié en el tema del aporte solidario que realizan trabajadores no afiliados a las entidades sindicales. “Nos oponemos a este tipo de proyectos de ley, porque entendemos que hay una clara violación a la autonomía sindical”, expresó e insistió en que “el único objetivo de los proyectos de ley es debilitar a las organizaciones sindicales para pasar por arriba los derechos de los trabajadores”.

El asesor de la Cámara Argentino Armenia, Jorge Samouelian, mostró su posición favorable a la mayoría de los proyectos en discusión que -según dijo- “buscan la abolición del carácter compulsivo de la cuota o contribución de solidaridad para el no afiliado”. Para ello, se fundó normativamente en apuntar a “colaborar en la reducción del costo laboral y no en contra del sindicato”. “No estoy en contra del aporte, sino de la imperatividad del aporte al no afiliado”, concluyó.

Ante planteos de los diputados sindicales, Samouelian aclaró que no buscaba con sus planteos la indemnidad de pago de indemnizaciones. “No busco mochila”, dijo, y reconoció es la economía la que debe generar las condiciones para crear trabajo, en cuyo caso “obviamente va a haber más aportantes oficiales al sindicato. Y eso es lo que busco: sindicatos sólidos”.

Pidió reparar en el hecho de que hace más de diez años que “hay 6 millones y monedas de trabajo en blanco”, eso quiere decir que “todos nos equivocamos”. “Busco en buena fe cambiar algo, desde la legislación laboral, que es de lo que sé. Estas cosas que tenemos  hoy impiden la fuerza productiva libre. ¿Cuándo va a haber trabajo? Si el Gobierno, este o el futuro, encuentran el camino correcto en la economía, van a generar las condiciones para eso”.

Dijo haber trabajado intensamente en derogar las indemnizaciones agravadas, manteniendo el sistema original, y al respecto dijo haberse convencido, cuando vio que con lo de la mochila iban a chocar con el mismo iceberg, “me convenció que lo mejor era no innovar y mantener la reparación tarifada y previsible, par ano tener excusas para no cumplir, en esa coherencia”. Lo que debía hacerse en realidad era, dijo, “sacar del sistema indemnizatorio todo lo que se agregó, con fines loables después de los 2000 con la Ley 25.345 y 25.343, y estoy convencido que eso va a aportar”. Y aseguró que “hoy es mucho más la cantidad de trabajadores que cobran y de juicios que no nacen como tales cuando frente a mí, recibo una liquidación que me pide 12 sueldos y no 63, o 73, y esto es legal”.

Y respecto de un planteo hecho por el diputado Manrique que negó que haya trabajadores que no quieran estar registrados, dio muchos ejemplos en sentido contrario: los que prefieren seguir cobrando un plan social; los que están jubilados y no saben que, por el contrario, son muy buscados por los empleadores, o los que no quieren aportar al sindicato. “Me duele eso”, aseguró.

Ricardo Peidró, secretario General Adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), reafirmó que “las iniciativas tienen un planteo infantil con un objetivo concreto”. “No existe la libertad de un trabajador en su individualidad con la necesidad de un trabajo y en un marco de precarización laboral y desocupación frente a la imposición del patrón”, resaltó.

Además, expusieron Julio Vázquez, director de la Cámara de Perfumerías de la República Argentina; el doctor Gustavo Ciampa, titular de la Cátedra de la materia Derecho Colectivo del Trabajo, de la UBA; Gustavo Adolfo Michel, trabajador de Shell; Sergio Arce, del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Morón; Rubén Alegre, trabajador del neumático, que fue despedido de Fate; y el diputado nacional Hugo Yasky (UP), en su condición de secretario general de la CTA.

Durante su presentación en un plenario de comisiones de Diputados para debatir sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, el secretario de Transportes, Franco Mogetta, sostuvo que “lejos de tener un ensañamiento con los trabajadores, nuestro posicionamiento es firme frente a los abusos de los dirigentes gremiales”.

“Un dirigente gremial que lanza una huelga y se va de vacaciones a España con toda su familia (por Pablo Biró), la verdad que un flaco favor le está haciendo al sector, a los argentinos y a toda la compañía que dice defender”, lanzó en contra del titular de APLA.

Y, acto seguido, cuestionó a “un sindicato que defiende trabajadores que abren valijas y se roban las pertenencias de los pasajeros”, en referencia a los tres empleados de Intercargo que fueron despedidos por robar equipaje. “Son delincuentes, no son trabajadores”, enfatizó y generó las quejas desde Unión por la Patria. "Que se rectifique", reclamó Carlos Heller, mientras que una compañera suya le gritó al funcionario: "Chorro sos vos". Mario “Paco” Manrique, líder de SMATA, se levantó inmediatamente de su silla.

Mogetta siguió: “Hablan de trabajadores y están defendiendo delincuentes. La postura del Gobierno es firme frente a esos abusos que han estado acostumbrados estos señores creyéndose dueños de la compañía”.
Cuando se le otorgó la palabra, Manrique expresó: “Como diputado nacional y representante sindical puedo aceptar que se ponga en tela de juicio el accionar de los gremios, los privilegios de los laburantes y un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo y estoy dispuesto a discutirlas. Lo que no puedo aceptar es que un funcionario de la Nación trate de ladrones a los trabajadores. Eso es inadmisible”.

“Si nos empezamos a agredir de esa manera, seguramente el debate que tengamos hacia adelante no va a ser fructífero para nadie”, consideró y pidió que “por favor respetemos a los laburantes”.
Al hacer alusión a otro tramo anterior de su intervención, Mogetta resaltó que “he justamente distinguido a los trabajadores honrados de quienes han cometido irregularidades”. “No estoy tratando a todos los trabajadores de delincuentes ni mucho menos”, aclaró.

Manrique, quien opinó que los argumentos del Ejecutivo eran flojos, le señaló que a ese ejemplo “no lo puede poner dentro de los motivos por los cuales usted considera que hay que privatizar Aerolíneas Argentinas”.