Con una reunión informativa y la presencia de un ministro y un secretario, comenzará este martes la discusión en el seno del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.
A partir de las 14, arranca finalmente el debate del proyecto de ley denominado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Será en un plenario de comisiones que tendrá como cabecera a la de Legislación General, encabezada por Gabriel Bornoroni; Presupuesto y Hacienda (José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz).
La reunión de este martes está prevista que se extienda no más allá de las 20, y como la del miércoles, será informativa.
Para este martes, según confiaron fuentes legislativas a parlamentario.com, entre las 14 y las 17 se presentará el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre Reforma del Estado. De 17 a 20, será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Quedarán pendientes, pero concurrirán al Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Interior, Guillermo Francos; el de Infraestructura, Guillermo Ferraro; y la de Capital Humano, Sandra Pettovello.
No está confirmado cómo seguirá el debate este miércoles, y seguramente también el jueves, como así también si se suman otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley ómnibus.
En la denominada “ley ómnibus” se encuentran aquellas cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo no puede legislar, como aspectos tributarios y electorales. El texto contiene más de 664 artículos y 183 páginas (sin los anexos).
En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.
Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.
Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega.
Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique.
Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.
Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.
Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (retenciones).
También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles.
En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.
En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.
A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”.
Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.
También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”.
En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.
El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.
Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.
Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.
El Presidente le tomó juramente a los nuevos ministros tras una semana de alta tensión política. A la hora de hablar de la interna con la vicepresidenta Cristina Kirchner, le decidó unos dardos al expresidente Mauricio Macri.
En pleno discurso tras la asunción de los flamantes ministros que integran el Gabinete nacional luego del tembladeral que tuvo el Gobierno luego de perder las elecciones PASO, el presidente Alberto Fernández le dedicó varias frases al ex presidente Mauricio Macri, sin nombrarlo, y a la oposición sin olvidar las elecciones generales de noviembre.
“No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan”, afirmó el jefe de Estado, quien planteó que hay “dos países en pugna” y el del Frente de Todos “no es el que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte”.
En otro pasaje de su alocución, Fernández recordó las elecciones PASO de 2019 y la actitud que tuvo Macri al señalar: “Cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente”.
Luego, fue contundente sobre las tensiones vividas la semana pasada en la coalición gobernante. “No me veran atrapado en disputas innecesarias ni en disputas internas”.
“No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, mi única preocupación es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de los cuatro años de desdichas que precedieron a mi gobierno y de los dos años de pandemia”, remarcó el Presidente antes de tomarles juramento a los nuevos ministros.
“La solución del problema de los argentinos está en que estemos más unidos que nunca”, remarcó en un acto en el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo ausente.
El mandatario señaló que “cuando la gente no nos vota no nos enojamos con la gente, nos enojamos con nosotros y nos preguntamos por qué habrá sido, debatimos de cara a la gente”, y sostuvo que “la Argentina no la resuelve un Presidente ni un grupo de ministros, vamos a trabajar con todos y con todas”.
“Somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares y la voz del pueblo”, destacó, y detalló: “A lo largo de la semana escuché a muchos y muchas porque quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó como votó”.
Fernández anticipó que “lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar desde ahora, y que tienen como objeto dar respuesta a una parte del electorado al que la pandemia ha dejado mal y al que todo el crecimiento económico no ha llegado con la velocidad que hubiésemos querido que llegue, y en eso estamos trabajando”.
En la ceremonia asumieron sus funciones Juan Manzur, en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Santiago Cafiero, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería, y Pesca; Jaime Perzyck, en Educación, y Daniel Filmus, en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, Juan Ross se hizo cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa.
Además, agradeció “a cada uno de los ministros y ministras (que dejaron sus cargos), me honraron con el esfuerzo que han hecho y lo valoro particularmente porque sé en qué escenario de dificultad tuvieron que trabajar. Vamos a seguir trabajando unidos, en la Argentina que queremos construir todos y todas hacen falta”.
Durante el acto estuvieron presentes los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, además participaron por videoconferencia los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni.
También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales, y miembros del Gabinete.
“El Gobierno en estos momentos”, escribió el legislador Federico Zamarbide (JxC). Ilustró su tuit con una foto de afganos intentando escapar del régimen talibán. Polémica.
Tras la presentación de las renuncias a disposición de los ministros nacionales que pertenecen al espacio que conduce la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado mendocino de Juntos por el Cambio Federico Zamarbide escribió varios mensajes en su cuenta oficial de Twitter, pero la polémica se encendió por su comparación con la situación del pueblo afgano intentando en forma desesperada escapar del régimen talibán subiéndose a un avión.
“El gobierno en estos momentos”, escribió.
Luego, remarcó: “’Para todo hombre de bien, su renuncia siempre es indeclinable’, Mariano Moreno”.
En su primer tuit, señaló: “Explotó la interna y los 40 millones de argentinos de rehenes”.
Este miércoles en el Senado estuvieron en los palcos Martín Guzmán y Eduardo “Wado” De Pedro. Una forma de mostrar “sintonía” entre dos poderes del Estado.
Cuestión de dar una señal de unidad y conjunción entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el Gobierno volvió a enviar este miércoles al Congreso a algunas de sus principales espadas al Congreso, para asistir al desenlace de temas que le representan especial interés.
En efecto, este miércoles se registró la presencia de Martín Guzmán desde uno de los palcos del Senado, para asistir al último tramo del debate de la modificación del impuesto a las Ganancias para las empresas. Incluso las cámaras de Senado TV comenzaron a poncharlo mientras la senadora Anabel Fernández Sagasti brindaba su discurso y llegaron a compartir entonces pantalla.
Se hizo eco de esa presencia el presidente del bloque oficialista, José Mayans. “Presidenta, antes de la votación simplemente quisiera darle las gracias al ministro de Economía que está presente en esta sesión y que está acompañando la sanción de esta ley”, señaló el formoseño.
El propio ministro luego reflejó en las redes sociales su propia presencia. “Celebramos la sanción de la ley que reforma el Impuesto a las Ganancias de Sociedades. Es otro paso muy valioso para seguir construyendo una estructura tributaria con principios de progresividad, sostenibilidad e incentivos adecuados para la inversión y la creación de empleo”, señaló, destacando luego el papel del Parlamento al apuntar que “de la mano del Congreso de la Nación, desde el 10 de diciembre de 2019 hemos venido revirtiendo el deterioro tributario que se generó en los 4 años previos, sentando bases para una Argentina más equitativa, estable y con mayor dinamismo productivo”.
No fue el único ministro presente en el Congreso este miércoles. También lo hizo Eduardo “Wado” De Pedro, el ministro del Interior, quien asistió con motivo del debate de la modificación del cronograma electoral, tal cual lo había hecho en Diputados cuando la media sanción. Concurrió acompañado por Patricia García Blanco, quien es secretaria de Asuntos Políticos y está muy abocada a la cuestión electoral. Sin embargo estas presencias no tuvieron el destaque esperado, pues por problemas técnicos terminó no habiendo debate en ese tema y se pasó directamente a la votación.
“Quiero destacar la madurez y la predisposición de todos para tomar esta medida que busca cuidar las salud de las y los argentinos”, resaltó el ministro del Interior en su cuenta de Twitter.
Es una costumbre especialmente habitual entonces en esta administración la de hacer que sus ministros se muestren en el recinto de cada cámara cuando se trata una ley que les compete especialmente. Pasó también, sin ir más lejos y como más cercano antecedente, también en el Senado, el 14 de mayo pasado, cuando se aprobó el proyecto que establece el derecho a la Educación Ambiental Integral como una política pública nacional. Esa vez los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, asistieron desde uno de los palcos a la aprobación por unanimidad.
Otro ejemplo de presencias notorias lo tuvo sin ir más lejos el debate de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que concitó la asistencia rotativa de funcionarias como la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el entonces ministro de Salud, Ginés González García. En rigor, hubo esa vez más funcionarias presentes: la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti; las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Cecilia Nicolini; la titular de AySA, Malena Galmarini; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz; y referentes históricas de la lucha por el aborto legal como Nelly Minyersky y Marta Alanis. También se vio a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, entre otras figuras de esta gestión.
