Un proyecto de ley del presidente del interbloque Frente de Todos, el senador José Mayans, y de la vice, Anabel Fernández Sagasti, de solo cuatro artículos, propone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) esté “compuesta por veinticinco jueces y juezas” y que “una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento” de dicho tribunal con su nueva integración. En su tercer artículo dice que los actuales cuatro miembros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “conservarán sus cargos” y que la cobertura de vacantes “tendrá en consideración la actual composición”, mientras que el resto de los nombramientos se irán produciendo “conforme sean designados”. 

En los fundamentos del proyecto no cuestiona a los actuales magistrados y señala que la ampliación tiene por objeto evitar los “altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces” y “favorecer la inmediatez” en la resolución de expedientes. 

La CSJN, actualmente compuesta de cinco jueces, tiene una vacante por la renuncia, producida en el año 2021, de Elena Higthon de Nolasco, lo que se suma a la del Procurador General de la Nación desde 2017, y del Defensor del Pueblo, desde 2009. 

Las razones del proyecto y de las vacantes son políticas, ya que los fallos que dicta dicho tribunal no complacen a los que gobiernan, y temen que ello se repita cuando se resuelvan las causas de la corrupción de algunos de sus funcionarios, entre las cuales están la vicepresidenta, y sus dos hijos. Las condenas al exvicepresidente Amado Boudou, al exministro Julio de Vido y a Milagros Sala, les preocupan, como ya lo demostró el presidente Alberto Fernández cuando la visitó a ella en Jujuy. 

El proyecto no es viable porque: 

1. Si las sentencias son lerdas hoy al tener que ser estudiadas y firmadas por cuatro jueces, cuando tengan que hacerlo veinticinco la “inmediatez” será mucho más que imposible; 

2. Si se intentara, como algunos proponen, dividir al Alto tribunal, en ocho salas especializadas de tres miembros cada una, ello sería contrario a la Constitución Nacional (CN) que habla de “una Corte” (Art.108) y no de ocho, y porque sus fallos podrían ser contradictorios; 

3. La designación de los nuevos jueces, a propuesta de los gobernadores, también contradice la CN (art.99 inc. 4), que exige que la misma debe hacerla el presidente de la Nación con acuerdo del Senado; 

4. Si hoy, con solo cuatro integrantes, sus oficinas ocupan más de un piso del edificio de una manzana de calle Talcahuano de la CABA, con veinticinco tendría que ocupar cuatro pisos más, lo que significaría edificar un nuevo Palacio de Justicia; 

5. En momentos de crisis económica destinar más recursos fiscales para construir un nuevo edificio y para abonar sueldos millonarios, como tendrían los cinco magistrados, y la de secretarios letrados (que cobran un plus por antigüedad desde que son abogados y no desde que ingresaron a la Justicia) y demás personal que acompañan la labor de cada magistrado, hoy sería disparatado, y un pésimo ejemplo para los que padecemos este mal momento. 

Para reformar la justicia, antes que aumentar los miembros de la CSJN, hay que cubrir el 30 % de vacantes que tiene la Justicia Federal, y es imprescindible reducir el número de pleitos, que en su mayoría los genera el Estado al chicanear juicios en su contra, contrariando a la CN, a las leyes y a la jurisprudencia de los tribunales, como ocurre con los ciento de miles de pleitos que se tramitan por los recortes a las jubilaciones, pensiones y retiros. 

Esperemos que los que nos representan en el Congreso no conviertan en ley este proyecto. 

Previo a la primera reunión de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado de este martes, la presidente del cuerpo legisladora Beatriz Ávila se refirió al temario a tratar en comisión, reiteró su rechazo -así como el de su bloque- al proyecto de ampliación de la Corte Suprema impulsado desde el Ejecutivo, y su expectativa de aprobar e implementar antes de las próximas elecciones la Boleta Única de papel. 

La senadora explicó que la comisión tiene en carpeta “cuatro proyectos de ley de transferencias de inmuebles del Estado nacional a provincias y municipios de distintas localidades, proyectos de declaración y proyectos de resolución”. Además, se trató, con la Comisión de Medioambiente, la incorporación de más hectáreas al parque nacional Sierra del Aconquija de Tucumán. 

Respecto a esto último, Ávila señaló que el parque nacional se trata de un “patrimonio histórico, especialmente todo lo que tiene que ver con la flora y la fauna”, ya que h”ay cuatro animales en peligro de extinción, por eso necesitamos sacar cuanto antes esta ley que va a significar también todo lo que tiene que ver no solamente con el cuidado del medioambiente, sino que también fomenta el turismo, fomenta actividades ecológicas y fomenta fuentes de trabajo”.  

Consultada respecto al proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia del Gobierno para ampliar la cantidad de sus miembros a 25, reiteró su posición “absolutamente en contra”. En diálogo con el portal del Senado Argentina, manifestó que no cree que sea el momento: “Una ley de esta envergadura, básicamente necesita consenso político. Consenso de las mayorías de las fuerzas políticas que constituyen el Senado de la Nación. Eso en este momento no hay. Desde Juntos por el Cambio no vamos a acompañar el aumento de miembros de la Corte”. 

Finalmente, respecto al proyecto de Boleta Única que obtendrá pronto tratamiento en la Cámara baja expresó que “sin lugar a dudas, ya están comprobados los beneficios que tiene la boleta única para el ciudadano. La oportunidad de que todas las fuerzas políticas, desde las mayoritarias a las minorías tengan exactamente las mismas posibilidades, y se evite lo que suele suceder en actos eleccionarios que te roban la boleta, o no consiguen. Se elimina también la cantidad de papeles en una elección, pero sobre todo da la posibilidad de que el ciudadano realmente refleje en su voto lo que él quiere votar”. 

En este sentido, concluyó que cree que “va a ser un avance muy significativo en lo que es institucional para nuestro país. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, que lo más importante es que es solicitado por la sociedad civil. Esto es algo que ha nacido de distintas Organizaciones No Gubernamentales. Lo que tiene que haber es voluntad política para cambiar este sistema”. 

Después de que el Frente de Todos propusiera aumentar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, el legislador porteño del GEN Sergio Abrevaya cuestionó la intención del oficialismo en Nación de avanzar con la formación de una comisión de notables que tendrá como función analizar y proponer cambios en el máximo tribunal, por lo que advirtió que “la Justicia no puede opacarse con la impunidad”.

En ese sentido, el diputado explicó que “otra vez reformarían la Justicia federal, la Corte y el Consejo de la Magistratura” e insistió en que “como en muchas provincias del interior, donde la Justicia es una continuidad del Ejecutivo, movida por los eternos gobernadores millonarios, que manejan el poder legislativo y el judicial y controlan la vida de sus coprovincianos a través de ese sistema. Ellos jamás serán enjuiciados por impunidad, porque la Justicia les pertenece”.

Al mismo tiempo que aseguró que “ahora intentan trasladar este formato a la Nación, como lo hicieron Menem y Cristina, ahora intentan hacerlo nuevamente” y señaló que “este modelo es el que persigue Cristina Fernández de Kirchner, ejemplar representativo, que pertenece a la misma familia de propietarios de provincias, como sucede en Santa Cruz. Ella mueve las piezas hacia la impunidad”.

“La única manera de tener una Justicia independiente, es no someterla al manoseo”, concluyó tajante el diputado de la Ciudad.

Ya lo  hizo otras veces, pero esta vez afirman que va en serio. Y el que lo afirma -sin hacer referencia a sus anteriores anuncios en el mismo sentido- es el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien confirmó este domingo que el Gobierno mandará el proyecto de reforma judicial esta semana.

¿En qué consiste? “En la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del cambio de Capital Federal a la Ciudad Autónoma, lo que se llaman competencias ordinarias deben pasar a la Ciudad de Buenos aires y yo me propuse hacer un reordenamiento de todo el sistema de la Justicia Federal”, explicó el presidente a Página 12. Según el mandatario, será “un reordenamiento que va mucho más allá de Comodoro Py. Es un cambio en toda la justicia federal nacional con el propósito de que eso funcione bien”.

El presidente afirmó que el proyecto es “tan ambicioso como necesario”. La reforma, dijo, “tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera, con más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales”.

“Es una ley muy ambiciosa que implica reconstruir el fuero federal y además avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria a la justicia de la Ciudad, que es algo que está pendiente”, agregó el primer mandatario, que reconoció que hay una serie de problemas a abordar.

Y en ese sentido le apuntó a la Corte Suprema y se preguntó si para lograr un mejor funcionamiento debería ampliar o no la cantidad de jueces o dividirlos en salas, por ejemplo. También le apuntó al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, y hasta se preguntó si se pondrá en marcha el juicio por jurados de una vez por todas. “Todo eso va a ser objeto de análisis en un consejo que me asesore durante 60 días”, anticipó.

Respecto del juicio por jurados, confesó que era muy “resistente” a su implementación, pero admitió que la experiencia le fue demostrando que “los jueces también son muy influidos por los medios y por el contexto”, ante lo cual considera ahora que “es muchomás difícil influir a doce personas que a una y por ahí el juicio por jurados es una solución”.

Por otra parte deslizó la posibilidad de revisar la figura del arrepentido, ley con la que afirmó no haber estado “nunca de acuerdo”. “El concepto del arrepentido es en el Derecho Penal el confeso. No hacía falta crear una figura del arrepentimiento. Hay gente que genuinamente se arrepiente y confiesa su delito. El sistema del arrepentido puede generar una enorme perversión de incentivar a alguien a decir lo que no ocurre tan solo para poder sentirse liberado”, señaló.