La población se encuentra dividida entre los que opinan que solamente los senadores sospechados de haber recibido un soborno deben renunciar a sus bancas, y los que opinan que todos los senadores deben renunciar. Esta última alternativa, que significaría una crisis institucional inédita, es apoyada por el 43,7 % de la población.
Estos datos surgen de una encuesta realizada por Ricardo Rouvier & Asociados, que establece que un 40,9 % piensa que sólo los que están investigados deberían renunciar en el Senado, mientras que el mencionado 43,7 % se inclina porque se vayan todos. Un 7,6 % sugiere que no renuncie nadie.
Más allá de esos deseos, la gente no es demasiado optimista respecto a la resolución de la investigación, ya que alrededor del 65 % de las personas consultadas considera que la Justicia no llegará a establecer culpabilidades y por lo tanto no habrá castigo. Para ser más precisos, el 64,8 % opina de esa manera, contra un 28,7 % que se esperanza con una dilucidación de la investigación.
Estos datos no hacen más que ratificar la escasa credibilidad en la acción judicial por parte de la gente.
El Gobierno no sale indemne de la crisis política desatada por la supuesta corrupción en el Senado. Eso está claro. La encuesta de Rouvier también indagó sobre esa cuestión, determinando que un 46,3 % de la gente implica al Gobierno en el presunto soborno, contra un 53,7 % que opina lo contrario. Como se ve, las opiniones aquí están equilibradas.
Quién pagó, si hubo sobornos, es la pregunta del millón. Para un tercio de la población (30,7 %), el sobornador fue solamente el Gobierno nacional; otros en cambio consideran que fueron los empresarios u otras corporaciones (24,3 %).
Un 9,8 % le apunta al Gobierno y los empresarios en forma conjunta; un 5,8 % al Gobierno, empresarios y otras corporaciones; y un 29,3 % no sabe qué contestar. El trabajo fue realizado a través de una encuesta telefónica realizada entre 1.200 personas en la Capital Federal, provincia de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza.
