Con la ley antievasión, el Gobierno contará con una nueva herramienta que ayude a combatir la evasión fiscal y, de esa manera, incrementar la recaudación tributaria y reducir el déficit fiscal para cumplir con las metas propuestas en el Presupuesto Nacional.

El proyecto aprobado limita las operaciones en efectivo a 10 mil pesos, establece la obligatoriedad en la instrumentación de mecanismos electrónicos de control de producción primaria y crea el cheque cancelatorio. También establece un nuevo sistema de percepción de aportes previsionales para las pequeñas y medianas empresas constructoras y dispone la posibilidad de que el Poder Ejecutivo cobre a las AFJP y ART un impuesto del 7 por mil por cada afiliado, destinado a financiar el cobro de impuestos por parte de la AFIP.

La iniciativa fue modificada en relación con la versión que salió de Diputados hace casi dos meses, por lo que el proyecto deberá volver a la cámara baja en segunda revisión.

Al respecto, el justicialismo eliminó el artículo que ratificaba el llamado bloqueo fiscal, nombre con el que se denomina la prohibición que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de indagar en ejercicios anteriores si no encuentra irregularidades al analizar los dos últimos balances.

En cuanto a la emergencia económica, el tema había comenzado a tratarse, pero cuando los senadores justicialistas comenzaron a deslizar en sus discursos las modificaciones que pensaban realizar en el tratamiento en particular, la sesión entró en un debate entre oficialistas y opositores.

Ante la ausencia de senadores de la Alianza en el recinto al momento de la votación, el flamante presidente del bloque PJ, José Luis Gioja, manifestó “la intención de nuestro partido de trabajar”, mientras que su compañero Jorge Yoma le pidió a los radicales que “mañana traigan un funcionario del Poder Ejecutivo para que defienda el proyecto”.

Horas antes, el gobernador santacruceño Néstor Kirchner, acompañado por el senador Daniel Varizat, había cargado en la Cámara alta contra el proyecto, denunciando la existencia de “un pacto de necesidad y urgencia” entre el Gobierno y un sector de los legisladores peronistas que tendría el propósito de “aprobar leyes que consoliden el modelo de ajuste y concentración económica”.

Kirchner aseguró que el pacto “tiene el consentimiento del presidente y es manejado por el ministro del Interior, Federico Storani, en acuerdo con los presidentes de los bloques del Congreso”.

Rápidamente le salió al cruce el subsecretario de Interior, César Martucci, quien dijo que “el único pacto que tiene el Gobierno es con la gente”.