La SIDE es el organismo desde el cual podría haber salido el dinero de dichos sobornos. Pero esta decisión puede tener numerosas derivaciones, por cuanto podría generar controversias con países vecinos, razón por la cual el canciller Rodríguez Giavarini se opone.

De concretarse la firma del decreto, será la primera vez en el medio siglo de existencia del organismo que ello se concreta y que sólo se aplicará para este caso. La decisión se debe a un pedido directo de Fernando de Santibañes, quien solicitó a su amigo De la Rúa que fuera liberado de la obligación de confidencialidad para demostrar a la Justicia que no pagó sobornos a senadores nacionales.

Tras la autorización del Presidente, Santibañes entregará a Liporaci, por ejemplo, información sobre la cuenta que contiene los fondos de las operaciones en el exterior, a veces comunes con otros países, como los Estados Unidos. Por eso, esta estrategia de descargo -con la que Santibañes confía en permanecer en el puesto por lo menos otros seis meses- tiene el riesgo de afectar la cooperación con los servicios de inteligencia extranjeros.

Este mismo mes, la delegación de la CIA norteamericana ya había protestado ante Santibañes por lo que consideraba una “falta de colaboración” de la SIDE y denunció que sus hombres eran espiados por agentes argentinos. Esas son las razones por las que funcionarios como el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, se oponen a la iniciativa de Santibañes.

El argumento que más pesó sobre De la Rúa es que “la situación de acá es muy complicada y el tipo quiere defenderse”, en palabras de uno de los más íntimos colaboradores del Presidente.

En la SIDE, cerca de Santibañes afirman que, una vez tomada la decisión política, será responsabilidad del juez Liporaci el cuidado de toda la información secreta. “Confiamos en que será responsable, dijeron.

Durante la última semana, Santibañes intentó ampliar la información brindada semanas atrás a Liporaci, que éste -según trascendidos de Tribunales- había considerado insuficiente. Para ello consultó al ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, quien le resumió en un memorandum sus obligaciones legales, que le impedían revelar información clasificada como secreto de Estado.

Tras ello, Santibañes acordó con Gil Lavedra enviar cuadros más amplios con los movimientos de los fondos de la SIDE a la Oficina Anticorrupción, el miércoles último.