Gobernadores y legisladores peronistas quieren modificaciones al compromiso federal
Los gobernadores justicialistas endurecieron su postura frente al Gobierno nacional y reclamaron el manejo de los fondos de asistencia social y planes de empleo como condición para un acuerdo global con la Nación, que la administración delarruista consideró "inaceptable".
Después de una tensa jornada de negociaciones, el Gobierno nacional salió a cruzar con dureza una contrapropuesta de los mandatarios justicialistas, quienes se retiraron molestos con la actitud del oficialismo.
Entre tantas idas y venidas, entrada la noche el jefe de Gabinete Chrystian Colombo y el ministro de Economía, José Luis Machinea, se reunieron con la totalidad de los gobernadores justicialistas en la Casa de La Rioja, para evaluar la posibilidad de alcanzar un acuerdo fiscal y social con las provincias. Allí se lograron ciertos principios de acuerdo, pero la prosecución de las negociaciones quedó para hoy.
"Nosotros le enviamos un programa completo sobre como instrumentar políticas sociales y ellos nos contestaron con un fax", se quejó el gobernador Carlos Ruckauf, al anunciar la ruptura del diálogo con el Gobierno nacional y cuando se retiraba de la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Los gobernadores justicialistas reclamaron ayer que se les otorgue a las provincias la administración de los planes sociales y educativos y pidieron la constitución de un Plan de Seguro de Desempleo para cubrir a los jefes de hogar que perdieron su trabajo el último año. Lo hicieron a través de un documento elaborado por los mandatarios justicialistas y los representantes de los bloques del PJ en el Congreso nacional.
Allí los gobernadores y legisladores justicialistas indicaron, por medio de un breve documento, las "modificaciones de trascendencia" al anteproyecto de prórroga del Compromiso Federal que entregó el Gobierno nacional.
Los puntos reclamados por los mandatarios del PJ son los siguientes: Plan Federal de Empleo, con una administración a cargo de los gobiernos provinciales siendo el Gobierno nacional el encargado de auditarlo y fiscalizar su ejecución; proponen que el Plan se financie con "los fondos de todos los programas dependientes del Ministerio de Trabajo de la Nación" incluidos en el proyecto de Presupuesto 2001, "incrementados en la suma de 200 millones" de pesos; Plan Federal de Lucha contra el Hambre, con igual sistema de administración y control que el anterior programa, y que se integre "con todos los fondos unificados de programas alimentarios existentes en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud de la Nación".
También reclamaron que se sumen 200 millones de pesos "provenientes del remanente de recursos asignados a los Aportes del Tesoro Nacional; Plan de Seguro de Desempleo, para dar cobertrura a jefes y jefas de hogar con hijos a cargo "que hayan perdido su trabajo durante el último año"; firma de un Acuerdo Federal de Infraestructura; acuerdo de Refinanciación de Pasivos Provinciales; aprobación de un Presupuesto Federal y Solidario; Pacto de Gobernabilidad para la Nación y cada provincia cuyo Gobierno lo solicite; y Pacto Económico Fiscal que garantice el equilibrio y equidad fiscal en los términos del acuerdo suscripto el 6 de diciembre de 1999.
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