La bancada justicialista logró incorporar a la iniciativa una disposición que establece que cada área de la administración deberá presentar antes del 30 de abril del 2001 un plan de reducción de gastos que permita destinar ese ahorro a la recomposición de los salarios del sector público.

La aprobación de este cambio en el artículo 18 del Presupuesto volverá a colocar en el centro de la discusión parlamentaria el recorte salarial de la administración pública, dado que la Cámara baja deberá analizar este punto del proyecto en el recinto junto a las demás modificaciones que pueda incorporar el Senado. Sin embargo, ante la anulación de los recortes del 12 y del 15 por ciento aplicados a los empleados estatales, incorporada al proyecto de Presupuesto con mayoría simple de votos, el oficialismo podrá insistir con la redacción original del artículo, con esa misma proporción de votos.

De este modo, no resultaría un escollo mayor para la Alianza volver a reunir a sus filas en defensa de la vigencia del recorte salarial, aunque la discusión de este punto removerá las aguas de la coalición dada la postura de rechazo a esta medida que mantienen algunos integrantes del ala crítica del oficialismo. De todos modos, el Frente de Gremios Estatales -que elaboró propuso esa modificación que llevó al recinto el senador justicialista Jorge Yoma- destacó la decisión de la Cámara alta y anunció que iniciará una ronda de conversaciones con los diputados para intentar que se mantenga la cláusula en le proyecto definitivo.

"La modificación introducida abre la puerta para que los trabajadores estatales recuperemos nuestro salario", indicó la Unión del Personal Civil de la Nación que encabeza Andrés Rodríguez.

El nuevo artículo establece que de los ahorros producidos "se efectuará una recomposición salarial privilegiando a los agentes de grados inferiores del escalafón respectivo".

La voz cantante de la bancada justicialista para proponer la modificación del artículo 18 fue llevada este mediodía por el senador Jorge Yoma, quien destacó que la propuesta del PJ no implica "un aumento del gasto", sino que "obliga a las áreas a presentar un programa de reducción de gastos superfluos". En este sentido, el artículo 18 aprobado -que deberá ser reconsiderado en Diputados- prevé que antes del 30 de abril cada área de la administración pública deberá presentar un plan de reducción de gastos en lo que hace a "servicios no personales" y "gastos de funcionamiento".

"Nosotros creemos que es sano transitar por el camino de la recomposición salarial", aseveró Yoma, quien consignó que, a partir de la definición de una nueva pauta de déficit en el proyecto de Presupuesto 2001, "desaparecen las causas esgrimidas para el recorte por el Ejecutivo".

Por su parte, el aliancista Juan Carlos Altuna consignó que su bloque no estaba dispuesto a "aceptar ninguna modificación de este tema" porque consideraba que "la situación de las cuentas fiscales es tan delicada" como la que reinaba en el momento en que el Ejecutivo dispuso la quita salarial.

El ministro José Luis Machinea calificó de "acto demagógico" la decisión de los senadores justicialistas, y anticipó que pedirá a los diputados que anulen esta reforma.

El ministro aseguró que pedirá a los diputados que dejen sin efecto esta medida, porque, según dijo, "constituye un aumento del gasto de 600 millones de pesos que no podemos a afrontar".