Los frepasistas aceptarían buena parte del contenido de la reforma, siempre que se plasme a través de un proyecto de ley acordado en el Parlamento. Los legisladores frepasistas que impulsan el rechazo contra el decreto se reunirán con el titular del bloque aliancista, Darío Alessandro, después del lunes 22 para definir la postura a adoptar.

La diputada Marcela Bordenave dialogó esta semana con la ministro de Trabajo, Patricia Bullrich, quién le explicó algunos aspectos del decreto que los frepasistas cuestionan. Bulrich le recalcó a Bordenave que la reducción de la Prestación Básica Universal (PBU) se aplicará sólo a las jubilaciones más altas, a partir de los 1.950 pesos.

En cuanto a la edad de jubilación de las mujeres, Bullrich le recordó a la legisladora que se trata de un sistema opcional en el cual a los 60 años de obtiene el 85 por ciento del haber correspondiente y a los 65, el 100 por ciento.

La diputada frepasista escuchó los argumentos de la ministra, tal como se lo había recomendado Alessandro cuando le informó que Bullrich la había invitado a dialogar en el Ministerio de Trabajo. "Vos andá, escuchá y después vemos", le dijo Alessandro a Bordenave, quién cumnplió con la indicación en cuanto al fondo de la medida, pero fue clara al cuestionar que la reforma saliera por decreto de necesidad y urgencia en lugar de quedar instituida por una ley del Congreso.

La ministro le explicó a Bordenave que si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) no exigió la reforma previsional, el gobierno ofreció la medida de ajuste para aceitar la aceptación del blindaje financiero.

El acercamiento de la ministra al Frepaso parece preanunciar la posibilidad de un acuerdo que podría plasmarse en un nuevo proyecto de ley consensuado internamente en la Alianza, que suplantaría al decreto. El acuerdo cobró cuerpo luego que el presidente de la UCR, Raúl Alfonsín, dejó trascender ayer su apoyo al fondo de la medida, luego de su entrevista con el presidente Fernando de la Rúa en Olivos y más tarde con Patricia Bullrich fuera del Ministerio de Trabajo.

Alfonsín, según fuentes radicales, intenta acotar el efecto revulsivo del decreto entre los socios de la Alianza.