Fuertes rechazos de legisladores y entidades de defensa del consumidor generó el proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Economía, que pretende modificar el régimen de tarjetas de crédito para permitir que los resúmenes de cuentas sean utilizados como elementos de ejecución, en caso de morosidad.
El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores de la Cámara de diputados, Mario Das Neves, calificó a la iniciativa como "un verdadero disparate".
"Sería como darle un revólver cargado a las entidades financieras", razonó el legislador justicialista de Chubut. Das Neves recordó, además, que cuando se trató la Ley de Tarjetas, aprobada por el Congreso en el '99, "nosotros rechazamos el artículo 39 que pretendía equiparar los resúmenes de las tarjetas con un instrumento ejecutivo".
No obstante, estimó que si el proyecto es enviado al Congreso tal como anticipó el ministro de Economía, José Luis Machinea, "no va a pasar. Va a ser rechazado".
Por su parte, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, recordó también que cuando la Alianza no era Gobierno "se opuso" a la aprobación de ese artículo en el Congreso. "El resumen de las tarjetas no se puede asimilar a un elemento ejecutivo como el cheque rechazado porque le quitaría a los usuarios la posibilidad de defensa", justificó, aunque reconoció que sí se podría utilizar como un elemento "preparatorio".
El legislador de la Alianza abogó para que su partido "mantenga la coherencia", manifestada durante el tratamiento de la Ley de Tarjetas de Crédito y también anticipó que me voy a oponer al proyecto durante su tratamiento parlamentario.
En tanto las entidades financieras y las tarjetas de crédito optaron por el silencio y prefirieron no realizar declaraciones hasta que el proyecto salga a la luz.
El argumento del Gobierno y de las entidades para impulsar la modificación es que la alta morosidad impide bajar las tasas de interés que cobran los emisores de tarjeta. Sin embargo, tanto Polino como Das Neves advirtieron que las entidades bancarias deberían haber tenido en cuenta esto antes de salir a "inundar el mercado", sin analizar las condiciones económicas de los poseedores.
