Se armó un grupo opositor a las atribuciones especiales

Legisladores y gremialistas de distintas fuerzas convinieron en no otorgarle al ministro de Economía, Domingo Cavallo, los poderes especiales que solicitó a fin de reactivar la economía.

El acuerdo se alcanzó en una reunión celebrada en la sede del gremio de Aeronavegantes, en la que estuvieron el líder de la CGT disidente, Hugo Moyano; los diputados justicialistas Mario Das Neves y Saúl Ubaldini; la diputada frepasista Alicia Castro; el referente del Polo Social, Luis Farinello; y el gremialista Julio Piumato, entre otros.

Das Neves explicó que "el proyecto presentado por Cavallo plantea en el artículo 10 y 11, una fuerte reforma constitucional, lo que viola los principios existentes". El legislador chubutense advirtió que la iniciativa "propone que se le den facultades más que extraordinarias al ministro, permitiéndole la derogación de las leyes en lo laboral, en la seguridad social y en lo previsional, además de poner a todo el sector público bajo la órbita del derecho privado".

La anfitriona, la diputada aliancista Alicia Castro, indicó en ese sentido que el grupo no está "dispuesto a que Cavallo reemplace al Parlamento", y señaló además que "los poderes extraordinarios o la suma del poder público están terminantemente prohibidos" por la Constitución. "El poder hoy lo tienen los mercados, los sectores financieros de la economía concentrada, que han hecho un golpe de mercado e instalaron en el poder a Cavallo, que obtuvo sólo el 10 por ciento de los votos en las elecciones", disparó Castro.

Junto a la diputada aliancista estuvieron sus pares del Frepaso Ramón Torres Molina y Gustavo Cardesa, el padre Farinello, los sindicalistas Moyano, Juan Manuel Palacios (UTA) y Julio Piumato (judiciales), y los diputados peronistas Mario Das Neves, Saúl Ubaldini y María del Carmen Falbo.

Según trascendió, el diputado peronista Das Neves ya habría elaborado, incluso, una denuncia en la que se acusa a Cavallo de "traición a la Patria" para presentar ante la Justicia "en caso de que sea necesario". En ese marco, Moyano sostuvo que la central que conduce está analizando la posibilidad de organizar una marcha para protestar contra la delegación de superpoderes a Cavallo, y adelantó que pedirá reuniones con legisladores y gobernadores del PJ para hacerles conocer su posición.

Hugo Moyano advirtió que otorgar poderes especiales al ministro de Economía "sería doblemente peligroso conociendo su temperamento, su forma de proceder y sus antecedentes".

"Insiste tanto con el artículo 76 que parece que quisiera llevarnos al año 76", expresó el sindicalista, al hacer un paralelo entre la normativa que faculta el otorgamiento de poderes especiales y el año en que se inició la última dictadura militar.

"Hemos coincidido en que no se le puede otorgar poderes totales y absolutos porque no hay confianza en lo que ha dicho que puede llevar adelante", explicó el dirigente camionero, quien destacó que los legisladores que estuvieron en la reunión "estaban totalmente en desacuerdo en otorgarle estos poderes".

"Va a quedar tierra arrasada de nuestro país", dijo el titular de la CGT "disidente" que amenazó con "movilizar a la gente y recurrir a la justicia" para evitar que el funcionario obtenga los poderes especiales, aunque evitó evaluar hipotéticas hulegas.

Paralelamente, el jefe de la CGT oficial, Rodolfo Daer, denunció que el proyecto que envió Domingo Cavallo al Congreso busca encarar un nuevo proceso de privatizaciones y despedir de la órbita del Estado a unos 100 mil trabajadores. Al manifestar su oposición a que le sean delegados los superpoderes a Cavallo, Daer advirtió que el ministro de Economía quiere privatizar "las universidades, el Banco Nación, la AFIP y la Aduana", entre otros organismos estatales.

En declaraciones formuladas en el Congreso, donde trató de convencer a los diputados para que no deleguen sus poderes a Cavallo, el jefe de la CGT dialoguista señaló además que el plan del nuevo ministro "sólo puede ser viable con el Parlamento cerrado, como hizo (Alberto) Fujimori en Perú".

"La Ley de Competitividad abre un camino que tiene que ver con la reestructuración del Estado, que va a implicar 100 mil compañeros estatales despedidos", enfatizó Daer.

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