Luego de trabajosas negociaciones, los legisladores lograron consensuar un texto breve en el que puntualizaron que "pretender que todo un Gobierno, al ejercer sus funciones, puede constituir una asociación ilícita, es una aberración jurídica que encierra prejuicios políticos incomparables con una sana y democrática administración de la Justicia".

De esto modo, el justicialismo parlamentario se sumó a la estrategia del Consejo Nacional Justicialista que emitió un durísimo comunicado condenando la detención del ex mandatario Menem, quien fue acusado por el juez Jorge Urso de ser jefe de una asociación ilícita.

El documento fue firmado por los presidentes de los bloques del Senado, José Luis Gioja, y de Diputados, Humberto Roggero, debido a que los sectores más afines al tándem Carlos Ruckauf-Eduardo Duhalde, no estaban dispuestos a avalar esta declaración de clara defensa del ex presidente. Hasta ahora, el bloque de diputados había expresado un tibio apoyo a Menem, pero ahora, con esta declaración, cambia radicalmente su postura, expresada el jueves pasado con un texto que contenía las posiciones de los subbloques del menemismo, Federal (duhaldista-ruckaufista) e Independiente.

El documento plantea que "en verdad, ser peronista, nunca ha sido una tarea fácil: la calumnia o la diatriba de ayer, dando paso hoy a la persecución y hasta la suspensión de garantías constitucionales" y que "ya hemos sufrido ultrajes de las dictaduras, jamás nos imaginamos esto en un gobierno democrático".

"Nos sorprende este doble discurso de un político que, en privado y aludiendo a su condición de jurista, sostiene que resulta una aberración aplicar la figura de asociación ilícita, y que como presidente y en público calla a todas las luces lo que hoy es evidente", agrega.

En otro tramo, el PJ parlamentario objeta con dureza la acusación del juez contra Menem y señala que "pretender que todo un gobierno, al ejercer sus funciones, pueda constituir una asociación ilícita, es una aberración jurídica que encierra prejuicios incompatibles con una sana y una democrática administración de justicia".

El menemismo debió trabajar bastante para convencer al resto de la dirigencia peronista para que suscribiera el duro documento. Según varios de los participantes, el gobernador pampeano Rubén Marín trajo el borrador del texto sobre el cual se trabajó durante las más de dos horas que duró la reunión en Matheu 130.

Quienes intentaron morigerar la dureza inicial del texto fueron los representantes del PJ santafesino, representados por su titular y ministro de Gobierno provincial, Angel Baltuzzi, el diputado nacional Carlos "Chango" Funes y el diputado provincial Jorge Georgetti.

Marín intentó absorber al "reutemismo", al señalar que el gobernador santafesino había enviado su adhesión a través de estos funcionarios, pero colaboradores de Funes y Georgetti desmintieron la afirmación del pampeano. El senador Eduardo Menem y los diputados Manuel Baladrón, Martha Alarcia y Daniel Scioli reclamaron que en cada provincia el PJ realice movilizaciones y actos de repudio a la detención de Menem.

Ante semejante propuesta, Marín ofreció la presencia de la mesa de conducción en cada acto, pero el gobernador jujeño Eduardo Fellner y los representantes del PJ santafesino pidieron que iniciativas de ese tipo sean aprobadas por cada distrito.

Al igual que ocurrió en las reuniones previas a la asamblea que el PJ celebró hace mes y medio en el Congreso -cuando Menem aún no había sido detenido- el único párrafo que no sufrió modificaciones fue aquel en el que se cuestiona a la figura de asociación ilícita. Sobre este punto, los ausentes Ruckauf, De la Sota y Reutemann coinciden con el menemismo en que "semejante figura penal no puede ser aplicable a un gobierno".

El resto de los párrafos fue corregido, ya que, según algunos menemistas, los términos del texto que acercó originalmente Marín, "eran muy duros".