La Cámara Federal confirmó la "falta de méritos" de todos los senadores involucrados en la causa que investiga si existieron sobornos en la Cámara alta para la aprobación de la ley de reforma laboral, según informaron fuentes tribunalicias.
El fallo recordó, al mismo tiempo, que el juez Gabriel Cavallo deberá continuar con la pesquisa en la cual "la comunidad toda y también los involucrados reclaman con carácter impostergable un rápido y definitivo esclarecimiento para salvar la salud moral e institucional de la República".
La Sala I del Tribunal integrada por los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani ratificó así lo resuelto el último día hábil de 2000 por el entonces juez federal Carlos Liporaci, quien renunció al cargo cuando estaba siendo investigado por el Consejo de la Magistratura. "No resulta procesalmente aceptable que la causa pueda avanzar con el escaso aporte brindado por quienes, por otro lado, públicamente reclaman el esclarecimiento de lo sucedido… quienes han relativizado sus dichos vertidos a través de los medios de prensa en las oportunidades en que debieron testimoniar bajo juramento", dijeron los magistrados.
El fallo alude además a la "confusa memoria de algunos testigos y su ausencia de preocupación cívica respecto al hecho" y la "irresponsable disparidad de actitudes que se observa en alguno de los destacados actores de la dirigencia política".
El pronunciamiento agrega que los políticos que se presentaron en la causa hicieron "grandilocuentes declaraciones en las escalinatas del edificio de Comodoro Py 2002, lamentablemente relativizadas al llegar a la Sala de Audiencias".
Por ello, concluyen los magistrados que "respecto de la acreditación del hecho en sí, ya se ha señalado en los párrafos que preceden que los testimonios se limitan a dar cuenta de la existencia de versiones".
Contra la resolución que dictó las "falta de mérito", ahora confirmada por la Cámara, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado interpusieron en su oportunidad un recurso de apelación ("mantenido" en segunda instancia por el fiscal de Cámara Germán Moldes) en el que pedían que, al menos, siete senadores -un radical y seis justicialistas- fueran procesados. Según los representantes del ministerio público "existían elementos" para dictar los procesamientos de los legisladores Javier Meneghini (UCR), Augusto Alasino (PJ), Remo Costanzo (PJ), Ricardo Branda (PJ), Angel Pardo (PJ), Emilio Cantarero (PJ) y Alberto Tell (PJ). Estos siete parlamentarios, junto a Eduardo Bauzá (PJ), Ramón Ortega (PJ), Alcídes López (UCR) y Raúl Galván (UCR), eran quienes estaban siendo investigados por el presunto delito de "cohecho pasivo", es decir, aceptación de coimas.
Pero la Sala I, en una resolución de doce carillas, coincidió con la "falta de mérito" dictada por Liporaci, luego reemplazado por el juez Cavallo tras renunciar cuando estaba siendo investigado por el Consejo de la Magistratura.
