La mayoritaria bancada peronista dejó la cantidad necesaria de senadores dentro del recinto como para permitir que el radicalismo y sus aliados se impusieran en una votación en particular donde dos artículos fueron votados por escaso margen.

Al imponerse en la votación en particular el oficialismo evitó que el proyecto regresara para su análisis a la Cámara de Diputados y cumplió con la urgencia requerida por el gobierno.

Antes de la sanción de la norma, senadores de la oposición calificaron de "barbaridad" y de "superficial" la ley de ajuste y advirtieron la posibilidad de quedar nuevamente sospechados de facilitar una aprobación mediante sobornos, mientras los oficialistas se mostraron favorables a una rápida aprobación a fin de evitar que continúe subiendo el riesgo país.

Mientras los peronistas Jorge Yoma y Héctor Maya criticaron con dureza el proyecto de ley oficial que el cuerpo debatía, el ex titular del bloque, Augusto Alasino, se mostró preocupado porque otra vez los senadores podrían ser mirados por la sociedad con recelo por facilitar la sanción de una ley tan controvertida y a la que, públicamente, se han opuesto. Así, Alasino señaló que la nueva norma, enviada desde el Ejecutivo, "es un remedo de la Ley Laboral y, en consecuencia, por qué no va a estar teñida de sospecha, ya que hay muchos medios que empezaron a decir que nosotros recibimos beneficios a cambio de su sanción", remarcó.

"Estoy alertando para que después de que votemos esta ley no pase una cosa parecida a lo de los sobornos", señaló, al recordar el escándalo desatado el año pasado, luego que el peronismo votó favorablemente la Ley Laboral enviada por el gobierno y trascendiera que habrían recibido sobornos para volcarse en ese sentido.

En tanto, Yoma calificó de "barbaridad" la iniciativa debatida hoy porque "no sólo establece condiciones impositivas regresivas sino que, concretamente, anula aspectos centrales de la Constitución Nacional".

"Además, transforma en quimérica la percepción de los haberes jubilatorios porque así como ahora se hace un ajuste, quedan abiertas las puertas para que este recorte se profundice", advirtió.

Por su parte, Maya opinó que se trata de "una iniciativa superficial y secundaria en relación a la gravedad de la crisis".

"Es de muy bajo nivel, mediocre y precaria porque el país requiere medidas mucho más profundas", sostuvo el senador entrerriano, a la vez que aseguró que "con bajarle el sueldo a los jubilados no se arregla nada", ya que "esto genera más recesión y más desocupación", resaltó.

Por su parte, en representación de la UCR, José María García Arecha criticó a sus pares de bancada que se manifestaron en oposición a la sanción del ajuste, desafiando la disciplina partidaria.

"De los 21 senadores de la UCR, 19 creemos que esto debe ser votado así. Si alguno, creo que son uno o dos, interpreta lo contrario, allá ellos, cargarán con su responsabilidad ante la historia", sostuvo.

Al expresar la necesidad de votar a favor de la ley, García Arecha expuso su preocupación por los índices del riesgo país registrados esta semana, en relación con el camino que fue siguiendo la iniciativa en el Congreso.

En ese sentido, señaló que "la media sanción de Diputados trajo un alivio muy grande en el riesgo país, el lunes y martes", en cambio, "cuando aparecieron distintas interpretaciones para su consideración en el Senado, entramos de vuelta en problemas", concluyó.

Por su parte, el presidente Fernando De la Rúa siguió paso a paso la sesión del Senado en que se trataba esta noche la ley de déficit cero desde la Quinta de Olivos, donde también mantuvo distintas reuniones para analizar la protesta de piqueteros anunciada para el martes con cortes de ruta en todo el país.

Quienes se encargaron, como en los últimos días, de trajinar los despachos del Senado para lograr, primero, la sesión, y luego, la sanción de la ley, fueron el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo y el ministro del Interior, Ramón Mestre, quienes se reunieron con los senadores radicales.

Colombo, el principal operador oficial a favor de la ley, también se reunió con el jefe del bloque justicialista, el sanjuanino José Luis Gioja. Ya desde temprano, el vocero del gobierno, Juan Pablo Baylac, anunció que De la Rúa mantendría "varias reuniones" con sus colaboradores más inmediatos para pasar revista a las medidas del Gobierno a fin de garantizar la seguridad ante los piquetes en protesta por el nuevo ajuste.

Al mismo tiempo, en sintonía con la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, Baylac confirmó que el Gobierno seguiría con expectativa la sesión de la Cámara alta, un dato obvio, desde que el Presidente decidió volver antes de su viaje a Perú para impulsar la sanción de la ley. Esa expectativa tuvo su imagen más patente en la presencia de Colombo, Gallo y Mestre en uno de los palcos del Senado, desde donde comenzaron a seguir la sesión: luego del inicio del debate, se retiraron, presumiblemente para informarle en persona al Presidente el estado de situación.

De la Rúa adelantó su retorno al país, luego de asistir a la asunción a la presidencia del peruano Alejandro Toledo, precisamente para seguir de cerca las negociaciones por el nuevo ajuste, gestiones que encabezaron el jefe de Gabinete y el ministro del Interior.

De los 21 artículos de la norma sancionada hace diez días por Diputados sólo tres generaron polémica, aunque desde temprano el oficialismo y el PJ habían acordado que se impondría la postura del gobierno gracias al alejamiento de una decena de peronistas. Pero al promediar la sesión, mientras se desarrollaba una veintena de discursos, el oficialismo comenzó a descubrir que no todos los que contaban como votos propios acompañarían la sanción en particular.

Mientras tanto, en el bloque peronista advirtieron que eran muchos más de los que se pensaban los senadores que no estaban dispuestos a abandonar el recinto para el momento de la votación en particular de la ley.

Así, se llegó a la votación del artículo 10 que establece el recorte de haberes jubilatorios y de salarios para la Administración Publica, organismos descentralizados, centralizados y entes autárquicos. Y que modifica el artículo 34 de la Ley de Administración Financiera en el cual se dispone que el Estado deberá reducir sus gatos cuando no tenga los suficientes recursos tributario.

Con 43 senadores presentes el oficialismo necesitaba la mitad más uno para ganar la votación (22) y los consiguió gracias a que el entrerriano Alcidez López cambió su voto negativo por la abstención y a que el presidente del cuerpo, Mario Losada (Misiones), hizo valer su voto doble para desempatar la votación.

Esto porque los también radicales Leopoldo Moreau (Buenos Aires) y Alberto Maglietti (Formosa) cumplieron con su promesa de votar en contra al igual que el Autonomista Liberal José Romero Feris.

A favor del Gobierno también se sumó el hecho de que Felipe Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, se retiró del recinto a pesar de que había manifestado que votaría en contra y a que el peronista Omar Vaquir (Santiago del Estero) votó con el oficialismo, a dos meses de que fuera aprobada definitivamente su designación como embajador en Kuwait.

La votación se complicó porque fueron más de los que se calculaban los senadores peronistas que no quisieron "avalar la rebaja de las jubilaciones" con sus ausencias: José Luis Gioja (San Juan), Beatriz Raijer (Córdoba), Jorge Massat (Santa Fe), Julio San Millan (Salta), Horacio Zalazar (Chaco), Osvaldo Sala (Chubut), Rubén Pruyas (Corrientes) y Eduardo Arnold (Santa Cruz). También permanecieron en el recinto los peronistas Carlos Verna (La Pampa), Jorge Yoma (La Rioja), Alberto Tell (Jujuy), Daniel Baum (Neuquen), Hugo Saguer (Chaco), Remo Costanzo (Rio Negro) y Gerardo Palacios (Tierra del Fuego).

Se llegó al desempate en el artículo por los votos negativos de los peronistas disidentes Héctor Maya (Entre Ríos), Antonio Cafiero (Buenos Aires) y Daniel Varizat (Santa Cruz) y tras un momento de incertidumbre en el que Losada tuvo que leer el reglamento para aclarar la validez del voto del presidente del cuerpo.

Otro artículo polémico, el 12, que establece que el gobierno deberá garantizar con el ingresos de nuevos recursos incorporados a la ley, un piso de 1000 pesos en jubilados, pensiones y sueldos estatales, fue ganado sólo por un voto de diferencia, en este caso porque Alcidez López revirtió su voto y lo hizo en forma afirmativa.

Por último, el artículo 14, que dice que los jueces no podrán dictar medidas cautelares que afecten los recursos del Estado, fue aprobado por dos votos de diferencia: el positivo de López y a que el peronista Palacios se levantó de su banca para bajar el número de quorum.

Palacios tuvo que dejar su banca tras algunas discusiones para intentar que fueran otros los que abandonar el recinto; de hecho el tucumano José Carbonell, que votó en general y luego se levantó, pasó por las bancas de varios de sus compañeros pidiendo que ayudaran a los radicales.

El rionegrino Remo Costanzo también pedía por lo bajo a algunos de sus pares que dejaran el recinto. A tal punto llegó la presión que al término de la reunión la cordobesa Raijer reconoció que "me presionaron más mis compañeros de bloque que la gente del oficialismo".

Los diez peronistas que cumplieron con la promesa de irse del recinto al momento de votar: Augusto Alasino (Entre Ríos), Eduardo Bauzá (Mendoza), Emilio Cantarero (Salta), José Carbonell (Tucumán), Carlos Corach (Capital), Carlos de la Rosa (Mendoza), Enrique Martínez Almudevar (La Pampa), Eduardo Menem (La Rioja, Ernesto Oudin (Misiones) y Manuel Rodríguez (Formosa).

Igualmente, el radicalismo debió trabajar bastante para juntar a su gente: anoche debió rescatar de Ezeiza al rionegrino Edgardo Gagliardi que llegó de Europa, disponer de una avioneta para traer al Autonomista José Romero de Feris de Corrientes y acelerar la recuperación del mendocino José Genoud, que hacía tres meses que no asistía al Senado por problemas de salud.