La presentación del informe preliminar de la comisión que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero siguió generando polémicas, al cuestionar la diputada justicialista Cristina Fernández de Kirchner el "manejo personalizado y poco institucional" que, a su juicio, hizo la titular del cuerpo, Elisa Carrió, con sus pesquisas.
Por otra parte, los diputados radicales que integran la comisión anticiparon que hoy realizarán una exposición de su punto de vista sobre ese informe preliminar y los acontecimientos del viernes pasado, cuando Carrió encabezó la presentación del documento rodeada de militantes políticos y de organizaciones de derechos humanos.
La diputada Kirchner continuó con su embestida contra la diputada chaqueña en una conferencia de prensa en la que objetó algunas cuestiones del informe y criticó la forma en que fue anunciado. La denuncia más fuerte de la legisladora patagónica es el supuesto encubrimiento en el que habría incurrido Carrió al no mencionar en el informe -ya que no lo dijo en la conferencia de prensa del viernes-, la participación del diputado Carlos Balter, del Partido Demócrata de Mendoza, en una de las firmas involucradas en la denominada "Operación Chimborazo". Por ese nombre se conoce a la pesquisa policial que determinó las conexiones de firmas argentinas en maniobras de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico por el Cartel de Cali.
Según denunció Kirchner, una de las empresas mencionadas en el informe es la mendocina Magitur, sobre la que se destaca que participaba como vicepresidenta de la comisión directiva la diputada Ana María Mosso (PJ-Mendoza), ex ministra de Economía provincial durante el gobierno del peronista Arturo Lafalla.
Al respecto, Kirchner dijo que en este caso existieron "omisiones personales inexplicables", al no volcarse en el documento de la comisión que el síndico de Magitur era el diputado Balter.
Así, Kirchner acusó implícitamente de favoritismo a Carrió, ya que habría ocultado la participación de Balter en virtud de que su principal colaborador en la comisión es el también demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez.
Comentó que Carrió "hizo un fogoso alegato en favor de la jueza María Servini de Cubría, mientras que en la denuncia que hizo junto a Gustavo Gutiérrez en el Senado de Estados Unidos, decía que se abrió en 1991 una causa penal sobre el BCCI de Gaith Pharaon y que a pesar del tiempo transcurrido no hubo fallo".
Por otra parte, el diputado justicialista Carlos Soria dijo estar "totalmente de acuerdo con lo que dice el informe", pero ahora "hay que avalar lo que se dijo con pruebas, hay más de 3 mil pruebas que no tuvimos oportunidad de confrontar con lo que dice el informe, pero que existen y sería muy importante y saludable que esta investigación se cursara a la justicia para reimpulsar viejas causas y muy conocidas".
Pernasetti también objetó la difusión del preinforme, al que calificó de "show político" y dijo que nunca se utiliza esta metodología, sino que "se hace en el recinto de sesiones ante todos los diputados".
"Hay que rencauzar el funcionamiento y cumplir con las tareas para lo cual fue creada la comisión", agregó Pernasetti, quien también se quejó de que recibió modificaciones el capítulo que redactó sobre los bancos. Además, objetó que se haya incluido en el preinforme un capítulo "escrito por Mario Cafiero que no es miembro de la comisión".
Por su parte, la radical Margarita Stolbizer dijo: "No firmaré nada hasta no leer en detalle todo el preinforme" y destacó que "fue grave haber convocado a un acto político de un trabajo de investigación que se venía haciendo seriamente de parte de todos los diputados".
Por su parte, el demócrata de Mendoza, Gustavo Gutiérrez, aseguró que aquellos que pidieron una prórroga para leer en detalle el preinforme se parecen a "los estudiantes que piden 72 horas para estudiar las últimas bolillas" y ratificó que "firmó el predictamen", aunque indicó tener algunas disidencias en el tema redactado por Mario Cafiero sobre la deuda externa.