En lo que bien puede considerarse un revés para el ministro de Infraestructuras, Carlos Bastos, la Cámara de Diputados derogó el decreto de necesidad y urgencia impulsado por esa cartera, que había impuesto modificaciones de fondo al marco regulatorio del sistema eléctrico y era cuestionado por las provincias.
Paralelamente aprobó un proyecto de ley que crea una Comisión Bicameral que controlará y supervisará la administración de los gastos reservados y de las partidas presupuestarias de carácter secreto o de acceso limitado.
De este modo, con la sanción de esta iniciativa, el uso que se haga de los fondos reservados en forma generalizada pasará a tener control parlamentario, ya que los organismos del Estado que tengan asignado este tipo de partidas presupuestarias deberán rendir cuentas ante el Congreso de su utilización.
En cuanto a la derogación del 804, la iniciativa fue sancionada con el voto favorable de 135 diputados de la Alianza, el justicialismo y otras bancadas menores, en tanto que fue rechazado por 13 legisladores del cavallismo y provinciales.
La medida, considerada "polémica" por las provincias, llevó al Senado a derogarla hace más de un mes, a propuesta del peronista disidente Eduardo Arnold (Santa Cruz), proceso que se completó ahora en la Cámara baja. Esto ocurrió después de que el ministro de Infraestructura concurrió en cuatro oportunidades a la Cámara de Diputados para defender el decreto, tarea que finalizó con un acuerdo de redacción de una nueva norma que la comisión de Energía discute con representantes de la cartera nacional y de la Secretaría de Energía.
El titular de la comisión de Energía, Víctor Fayad, intentó postergar la derogación del 804/01 hasta la semana próxima argumentando "los importantes avances que hemos obtenido en la modificación del polémico decreto".
"No queremos vivir crisis como las de Brasil o la de California, hemos avanzado firmemente, hemos mejorado el proyecto y por lo tanto no veo la necesidad de que arranquemos con la derogación del decreto ahora mismo dejando un vacío legal", explicó.
Sin embargo, desde el justicialismo el vicepresidente de esa bancada, Miguel Angel Pichetto, y hasta el propio vicepresidente del bloque de la Alianza, Horacio Pernasetti (UCR-Catamarca), hicieron valer el acuerdo político para derogar el decreto.
Sólo respaldaron la posición de Fayad los diputados del interbloque de Acción por la República cuyo presidente, Marcelo Dragan (Tierra del Fuego), aseguró que votaría en contra de la derogación porque "no queremos (los diputados cavallistas) ser responsables de una crisis energética".
El decreto 804 se convirtió en eje de polémicas porque, entre otras medidas, creaba la figura del comercializador en el mercado eléctrico y cambiaba las reglas de juego en materia del cálculo de la tarifa del suministro, que de realizarse en forma estacional pasaría a establecerse día a día.
El proyecto que crea la comisión Bicameral de Tratamiento y Control de Gastos Reservados votado por unanimidad tendrá la misión de fiscalizar "la correcta utilización y ejecución" de los controvertidos fondos reservados que tienen la SIDE, y los ministerios del Interior y de Defensa. Este tipo de gastos se empezaron a utilizar durante la dictadura de Juan Carlos Onganía -el militar que derrocó al gobierno democrático de Arturo Illia-, quien lo institucionalizó a partir de la ley secreta 18.032.
El proyecto, redactado en base a iniciativas de los aliancistas Darío Alessandro, Raúl Baglini y Jesús Rodríguez, prevé que las comisiones legislativas encargadas del control de estos fondos presenten anualmente al Ejecutivo y al Congreso un informe público con "un análisis y una evaluación" de la ejecución de esos gastos.
El dictamen fue votado en un breve trámite luego de la explicación brindada por el diputado radical Jesús Rodríguez, quien ofició de miembro informante, sobre los cambios introducidos a la iniciativa como la eliminación de un párrafo referido a la publicidad de las normas secretas. En ese sentido, el párrafo eliminado establecía que "toda normativa dictada por el Poder Ejecutivo que le dependan será publica" y que una "ley especial determinará en qué casos y con qué efectos se procederá a establecer clasificaciones de seguridad" para ciertas normativas.
También se estableció que la Comisión Bicameral de Control de Gastos Reservados será integrada por siete miembros de las tres principales fuerzas políticas, y el presidente tendrá que ser un miembro de la oposición, como propuso el justicialista bonaerense Eduardo Camaño.
