El presidente Fernando de la Rúa vetó en su totalidad la ley que autorizaba a los municipios a cobrar una tasa del 2 por ciento a las compañías telefónicas por el uso de espacio público en cada comuna. Con lo cual dio por cerrado un capítulo que generó fuertes controversias en distintos niveles.
Las disputas, de cualquier modo, seguramente se renovarán en los próximos días, pues los intendentes descontaban la promulgación de la ley a partir de un compromiso que lograron del propio Presidente hace un par de semanas. Ese compromiso fue el saldo de un ruidoso paso por la Casa de Gobierno que concretaron más de 200 jefes comunales, entre los que estuvo el porteño, Aníbal Ibarra, en reclamo de la promulgación.
Los empresarios de telecomunicaciones, en tanto, se opusieron desde un principio a la instrumentación de este impuesto, por considerar que esa carga les obligaría a tener que incrementar sus "recortes" de personal.
Ante esto, el presidente de la Federación Argentina de Municipios, el radical Jaime Linares, sostuvo que "De la Rúa no tuvo valentía para luchar contra los privilegios y a favor de la autonomía municipal reconocida en el artículo 123 de la Constitución Nacional". Linares recordó que "poco más del 8 por ciento del Gasto Público se realiza en los municipios y comunas, por eso entendemos que nuestro reclamo es justo y tenemos derechos constitucionales que nos avalan para insistir ante el Congreso Nacional una nueva aprobación de los que este gobierno vetó".
También el intendente de Rosario, Hermes Binner, calificó de "discriminatoria" la decisión del gobierno nacional y consideró que el veto de la ley "implica un retroceso en la autonomía establecida en la Constitución".
Por su parte, el intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, calificó de "lamentable" la decisión del gobierno y anticipó que propondrá "que todos los municipios nos declaremos en pie de guerra ante esta medida".
Por su lado, el diputado socialista Rubén Giustiniani consideró que el Congreso Nacional "debe rechazar el veto a la nueva ley de Telecomunicaciones" y sostuvo que "la situación de crisis que vive el país se supera dejando de ser genuflexos con el poder económico y duro con los trabajadores y desocupados".
Los responsables de Telecom y Telefónica advirtieron en su momento que la aplicación de este impuesto chocaba contra el contenido de los pliegos de licitación de la vieja ENTel, por lo que recurrirían no sólo a la justicia local, sino también a la internacional.
El propio secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, sostuvo públicamente en mayo pasado, mientras se discutía la Ley en el Congreso, que la ejecución de esta normativa "afectaría la seguridad jurídica". Aguiar, sin embargo, no logró convencer a los Intendentes sobre la inconveniencia de la Ley y llegó a ser desacreditado por estos hace dos semanas, cuando los mandatarios expresaron sus quejas en la Casa de Gobierno.
La legislación vetada establecía la competencia municipal para la fijación del derecho de ocupación por el uso diferencial del espacio aéreo y terrestre.
