El Senado dio media sanción a un proyecto de ley por el cual se estableció un tope del 7 por ciento anual del stock de las deudas que presenten las provincias al pasado seis del corriente a los efectos de pagar o garantizar títulos públicos, bonos, letras de tesorería y/o préstamos con entidades bancarias y financieras o no financieras.
En otro orden, se supo que el Poder Ejecutivo solicitó acuerdo al Senado para la designación como embajadores de los senadores radicales Luis León y José María García Arecha y de la justicialista Beatriz Raijer. Los tres legisladores finalizan su mandato el 10 de diciembre próximo y en el caso de Raijer es la segunda representante peronista a quien se designa como embajadora ya que antes lo fue el santiagueño Omar Vaquir.
La iniciativa referida al límite en el monto de la coparticipación pertenece a los senadores José Luis Gioja (PJ-San Juan), presidente de la principal bancada opositora, y Carlos Verna (PJ-La Pampa), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara alta, fue aprobada sin oposición por los diferentes bloques tras dos breves exposiciones de apoyo del propio Verna y de Juan Carlos Altuna (UCR-Chubut).
La limitación de la afectación al siete por ciento se relaciona con las transferencias diarias y automáticas que realiza, en favor de los tesoros provinciales, el Banco de la Nación Argentina (BNA), en base a la recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de los diversos impuestos coparticipables.
En el proyecto aprobado por el Senado que la deuda pública de las provincias podrá convertirse en préstamos garantizados o bonos nacionales garantizados de acuerdo con lo establecido en los títulos II y III del decreto 1.387/01 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), con el correspondiente permiso de la provincia interesada y del Ministerio de Economía. Dicha conversión podrá hacerse si se asume la deuda correspondiente y se la garantiza con recursos de la Coparticipación Federal conforme a la actual ley 23.548 que rige en la materia o al régimen que eventualmente pueda reemplazarla, tal como debiera hacerse en cumplimiento con lo dispuesto en la reforma constitucional de 1994. En el proyecto también se estableció que dentro del límite del siete por ciento aludido, los importes que correspondan a cesiones de derechos realizadas por las provincias sobre impuestos coparticipables, no serán pasibles de retención alguna por parte de los organismos del gobierno nacional.
La ley en trámite tiene por objeto dejar sin efecto el artículo tercero de la Resolución 1.075/1993 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, entonces también a cargo del actual ministro de Economía, Domingo Cavallo, por el cual se apeló para retener fondos coparticipables que dieron lugar a los actuales reclamos de los gobernadores de provincia.
