Apenas una semana después de la Asamblea Legislativa donde se aprobó el llamado a elecciones, los vientos comenzaron a soplar fuertemente hacia otros rumbos en el Congreso y ahora son pocos los legisladores peronistas que creen que podrán insistir con la convocatoria a comicios para marzo si la Corte Suprema falla en contra del acuerdo sellado en las últimas horas del convulsionado 20 de diciembre.
Sin embargo, si no media una decisión judicial, son vastos los sectores en el justicialismo que creen que se debe cumplir el acuerdo sellado entre gobernadores y legisladores para convocar a elecciones.
En este marco, el juez federal subrogante de Mar del Plata, Mario Robbio, suspendió la aplicación de la ley de lemas para el comicio presidencial del próximo 3 de marzo, al pronunciarse en favor de una medida de "no innovar" presentada ante la Justicia. La decisión del magistrado se originó en una presentación de un abogado radical, Eduardo Rodríguez Solanas, quien afirmó que la Asamblea Legislativa carece de facultades para legislar en materia de sistemas electorales.
No sólo marcaron límites los delasotistas Juan Carlos Maqueda y Eduardo Di Cola, sino que también lo hicieron Oscar Lamberto y José Luis Gioja.
"El acuerdo sólo puede ser suplantado por un nuevo acuerdo. De cualquier otro modo, habrá consecuencias muy marcadas", amenazó uno de esos legisladores.
El diputado cordobés delasotista Eduardo Di Cola advirtió que no respetar lo resuelto por la Asamblea Legislativa, podría derivar en un conflicto "institucional" que agravaría el cuadro de situación. "Pretender cambiar las reglas de juego sobre la marcha es una picardía que el país no está en condiciones de aceptar", sostuvo Di Cola.
El primer movimiento que sacudiría el entramado construído por la asamblea sería un fallo de la Corte Suprema contra la resolución de los legisladores. "Si la Corte dice que no podemos llamar a elecciones tenemos que elegir a un candidato por dos años", sinceró la diputada justicialista Graciela Camaño.
El domingo pasado, la Asamblea fijó tres directivas: Rodríguez Saa sería el nuevo presidente, su mandato caduca el 5 de abril y el 3 de marzo se votaría para elegir a quien concluyera el mandato dejado trunco por Fernando de la Rúa con la ley de Lemas.
La Justicia puede cuestionar la convocatoria a elecciones y el sistema de lemas, ya que existe una discusión constitucional sobre las atribuciones de la asamblea para modificar leyes vigentes.
La decisión más crítica gira en torno al plazo impuesto por los asambleístas para el mandato de Rodríguez Saá. "La Corte Suprema no puede decirnos que el actual presidente debe concluir el mandato, si se impugna la convocatoria a elecciones debería volverse a reunir la Asamblea Legislativa para extender su gestión hasta el 2003 o elegir a otro presidente", evaluó Camaño.
En coincidencia con la opinión de la diputada bonaerense, la mayoría de los bloques peronistas cree que la decisión sobre la continuidad o la caducidad del mandato de Rodríguez Saa debe quedar en manos del Congreso.
En el mapa dibujado en las bancadas de senadores y diputados del PJ, el delasotismo se muestra como el grupo más inclinado a favor de la convocatoria a elecciones.
El duhaldismo, que en un principio era un aliado incondicional de los cordobeses al momento de promover los comicios, fue debilitado por la incorporación de sus dirigentes en el gobierno de Rodríguez Saá.
El menemismo, como se sabe, está dispuesto a aliarse con la UCR para evitar una votación anticipada, al igual que la mayoría de los partidos de las provincias más pequeñas que gobierna el PJ. Por tal motivo, los impulsores de las elecciones reconoce ahora que, si se conforma una nueva asamblea, carecen de los votos necesarios para insistir con la convocatoria.
Este sería el escenario políticamente más deseado por los seguidores de Rodríguez Saá, quien el jueves con algunos mandatarios provinciales les aseguró que no era su intención violar el pacto que suscribieron antes de la Asamblea Legislativa.
