La diputada Graciela Ocaña informó que "ARI giró una nota a Camaño para que se conforme en forma urgente la Comisión de Juicio Político" para que "se ponga a estudiar los diversos juicios contra la Corte Suprema que tienen estado parlamentario". Además anunció que ARI presentó un nuevo pedido de juicio político contra los nueve ministros de la Corte Suprema por el desempeño que tuvieron en la causa armas que terminó con la liberación del ex presidente Carlos Menem y su cuñado Emir Yoma, según manifestó Ocaña.

Al respecto referentes de los principales partidos políticos coincidieron en la necesidad de producir cambios y hasta remover a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y en esa línea la diputada Elisa Carrió advirtió acerca sobre el peligro de un recambio similar al que ocurrió en 1995 tras el Pacto de Olivos.

El jefe de gobierno porteño Anibal Ibarra ratificó su posición a favor de purificar la Corte porque hay "una situación de arrastre, de hace muchos años, que nació mal, con una ampliación de cargos" a la vez que reclamó "la reformulación" de su composición, a partir de la reducción de miembros. A su turno Carrió explicó que los ministros de la Corte, debido a la inamobilidad que gozan sus cargos, sólo pueden ser removidos mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente o a través del juicio político.

Al respecto advirtió acerca de la posibilidad que algunos de los integrantes del máximo tribunal presente su renuncia como ocurrió en 1995 con Rodolfo Barra y Mariano Cavagna Martínez, para que se designaran nuevos miembros con el acuerdo del radicalismo y el justicialismo.

"La Corte tiene que ser destituida por ese mecanismo (el del juicio político)", enfatizó Carrió al tiempo que alertó que "hay que tener mucho cuidado con la nueva integración" ya que " lo que la gente quiere es una Corte independiente no una nueva cara de lo mismo".

En la Comisión de Juicio Político hay 14 pedidos de juicio político contra el alto tribunal que fueron impulsados por particulares y por legisladores de diferente bancadas, debido a su actuación sobre la causa armas y el recorte salarial, entre otros casos abordadas por los ministros de la Corte.

Hasta ahora se han conformado sólo Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo, Relaciones Exteriores y Peticiones Poderes y Reglamento, en tanto que quedan unas 40 comisiones que se deben constituir en los próximos dos meses.

De todos modos, la posibilidad de remover a los miembros de la Corte Suprema que se le reclama al gobierno de Eduardo Duhalde desde distintos sectores sólo podría ser viable a través de un juicio político, mientras que la opción de poner a los jueces en comisión únicamente podría ser ejercida por una Asamblea Constituyente.

Abogados constitucionalistas consultados coincidieron en señalar que el único camino para la remoción de los integrantes del máximo tribunal es el juicio político a través del Parlamento, tal como esta previsto en la Constitución Nacional.

La Carta Magna -en sus artículos 53, 59 y 60- explica que la Cámara de Diputados es quien ejerce el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, para lo cual necesita de las dos terceras partes de sus integrantes presentes. Al Senado, en tanto, le corresponde juzgar a los acusados por Diputados. "Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes", aclara el artículo 59.

El constitucionalista radical Jorge Vanossi -quien podría ser designado como ministro de Justicia- advirtió que "no se pueden hacer cambios con la varita mágica" y dijo que "la Constitución tiene previstos procedimientos de cambio y hay que respetarlos".

Por su parte, el constitucionalista Eduardo Barcesat -quien presentará hoy en Diputados un pedido de enjuiciamiento y remoción de la Corte Suprema- explicó que un juicio político "no requiere pruebas ni investigacion, sino solamente cotejar sus resoluciones con la Constitución Nacional".

En ese sentido, el abogado recordó las diversas denuncias pidiendo el enjuiciamiento de la Corte por fallos como "el 'per saltum' en el caso Aerolíneas Argentinas, los pronunciamientos en materia de irreversibilidad en los aumentos dispuestas por las concesionarias de servicios públicos, y las reiteradas negativas ante los distintos recortes salariales".

Gregorio Badeni, en cambio, dijo que "si alguien tiene acusaciones puntuales para formular a algunos miembros de la Corte o a todos, que las haga y que las pruebe en el marco de un juicio político".