El Gobierno pidió poderes especiales al Congreso para sepultar al régimen monetario que durante una década fijó al peso con el dólar en una paridad uno a uno y así dar paso hacia una devaluación que ayude a revivir a un país en llamas.
La solicitud quedó plasmada en un proyecto de ley que sería aprobado este fin de semana y que barre de un plumazo con las bases monetarias que desde hace una década son parte de la idiosincracia de los ciudadanos: que por cada peso en sus bolsillos hay un dólar respaldándolo y que le da valor.
El presidente Eduardo Duhalde pidió al Congreso prohibir las tarifas nominadas en la moneda estadounidense y cualquier forma de indexación en esa divisa para "pesificar" completamente los precios y tarifas de bienes y servicios, e implantar un sistema monetario que permitirá la existencia de un tipo de cambio flotante.Pero, si el Gobierno no logra que la moneda local inspire confianza tal como el dólar, las consecuencias pueden ser nefastas: una inundación de consumidores avasallando las casas de cambio para comprar el "billete verde", cuyo precio se dispararía por las nubes.
Duhalde busca con la devaluación poner en marcha una economía estancada desde 1998 y proteger al mismo tiempo a los consumidores de un brote inflacionario, sin ahorrar en medidas que pueden enfrentar al gobierno con los bancos y las empresas de servicios públicos, cuyas tarifas están nominadas en dólares.
"Señores, la devaluación ya está descontada en el país", aseguró Duhalde ayer ante un grupo de empresarios y sindicalistas que recibieron su declaración con una lluvia de aplausos.
A la vez, y en una velada crítica hacia los bancos, el mandatario prometió terminar con "décadas de una alianza del poder político con el poder financiero y no con el poder productivo".
El Gobierno envió el plan económico a la Cámara de Diputados para que sea sancionado inmediatamente y el sábado complete su aprobación el Senado.
El paquete no debería tener mayores inconvenientes en ser aprobado por el Congreso, controlado por el peronismo y donde la segunda fuerza, la Unión Cívica Radical, aceptó poner cuatro hombres en el gabinete de Duhalde para dar una señal de que cooperará con su gestión.
El tipo de cambio variable, que regulará la mayoría de las actividades que usan divisas como el turismo, coexistirá con un dólar oficial que aún estará regido por el sistema de convertibilidad monetaria, pero -a diferencia de atar al peso y el dólar en una relación uno a uno como lo hace actualmente- lo fijaría entre 1,30 y 1,40, según asesores presidenciales.
"La idea es que haya dos mercados. El mercado oficial, establecido por una decisión de la autoridad monetaria… y el mercado libre… en donde la moneda va a fluctuar con lo que diga el mercado", explicó a una radio el senador peronista Oscar Lamberto, futuro secretario de Hacienda del Ministerio de Economía.
Las exportaciones, el principal beneficiario de una devaluación, apenas representan 10 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el deprimido consumo interno abarca casi el 80 por ciento. Además, las tarifas de los servicios públicos están nominadas en la divisa estadounidense, como así también la mayoría de los préstamos bancarios otorgados a los consumidores.
Ante esto, el Gobierno pidió al Congreso autorización para imponer una política de precios máximos para impedir un pico inflacionario. Además, propuso la convertir a pesos todas las tarifas nominadas en dólares y lo mismo con los préstamos de los bancos otorgados en la divisa estadounidense.
Para compensar a las entidades financieras por esta medida planea crear un impuesto extraordinario a las exportaciones petroleras.
A la vez, el proyecto de ley enviado al Congreso dispone "pesificar" todos los contratos celebrados en el país en moneda extranjera en todos los órdenes, desde el alquiler de una vivienda hasta un contrato entre el Estado y una empresa internacional.
De los 74.550 millones de pesos y dólares que tienen prestados los bancos, 58.735 millones están nominados en la divisa estadounidense.
Además, el proyecto de ley establece reestructurar las condiciones en que fueron realizados los depósitos en los bancos para comenzar su devolución en la medida en que lo permita la solvencia del sistema financiero.
En tanto, la pesificación de las tarifas castigará a las empresas de servicios públicos a las que el Estado les concedió a principios de la década pasada la concesión de empresas estatales, aceptando que las tarifas estuvieran ancladas al dólar.
