El legislador socialista reclamó el procesamiento de los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné, a quienes les imputan los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y engaño al electorado por haber falseado el resultado del escrutinio y cambiado el sentido del voto del pueblo.
También se presentó ante el Consejo de la Magistratura solicitando la destitución de los camaristas por la comisión de delitos y mal desempeño aportando pruebas concluyentes.
No obstante pedir la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto Bravo como sus abogados, recusaron a todos sus miembros, en base a los reiterados pedidos de juicio político que el diputado presentó en su condición de presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
A través de un escrito de 130 páginas se detallaron una serie de irregularidades cometidas por los camaristas, entre ellas que al fiscal le ocultaron el expediente, por lo que no pudo intervenir en el juicio.
Además, el texto dice que "ocultaron pruebas decisivas para resolver el caso y en forma desnaturalizaron el voto con la intención de favorecer a quien no fue consagrado en las urnas".
Bravo, con el apoyo de Juan Carlos Dante Gullo, había obtenido mayor cantidad de sufragios en las elecciones del pasado 14 de octubre; y luego de que la Junta Electoral lo consagrara senador, la Cámara falló en contra y decidió que la banca era para Beliz.
El diputado socialista considera que ante esto "la Justicia Criminal deberá investigar también a Beliz y sus representantes".
En la presentación se destaca que violaron todas las reglas relativas a la seguridad jurídica, a la defensa en juicio, a la cosa juzgada, al debido proceso y a la voluntad soberana del pueblo cuando se desconocieron los derechos políticos que consagra la Constitución.
Bravo criticó "los fundamentos antidemocráticos que la Cámara uso en el fallo para convalidar el fraude que con malicia reclamó Beliz en el expediente, mientras que públicamente sostenía que iba a 'respetar la voluntad popular'".
El representante del ARI también pidió la intervención del Senado para que "ponga orden en este conflicto institucional, ya que la Justicia y, especialmente la Corte, no ofrece ninguna garantía".
Bravo manifestó que "ninguna sentencia, y mucho menos esta, que es ilegal y fraudulenta, puede tener más valor que la soberanía del pueblo expresada en las urnas".
