El encuentro está convocado para las 11.30 en el despacho de Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, y es intención del Poder Ejecutivo que allí se defina un texto que permita el tratamiento de la norma pasado mañana en el Senado, y si es posible en la Cámara baja también. Es que el Gobierno pretende tener aprobada la ley antes del primero de febrero próximo, fecha que marcará la finalización de la feria judicial de verano, cuando se espera que ingresen una importante cantidad de pedidos de quiebra producto del agravamiento de la crisis económica en los últimos dos meses.

Sin embargo, el trabajo no se presenta sencillo, ya que mientras el Poder Ejecutivo pretende que la iniciativa se apruebe tal como fue redactada por la Jefatura de Gabinete, postura que es apoyada por la mayoría del bloque de senadores justicialistas, en el propio oficialismo y en la UCR se le pretenden introducir modificaciones.

Por ejemplo, la senadora Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis), titular de la comisión cabecera que trató el proyecto, Legislación General, es una férrea defensora del mantenimiento del instituto del cram down (salvataje) junto a la capitalización compulsiva de la deudas que establece el texto que impulsa el Gobierno.

Sin embargo, su compañero de bancada Miguel Angel Pichetto (Río Negro), que junto a Negre de Alonso serán los representantes del PJ en la reunión de hoy, ratificó que "la línea del Poder Ejecutivo es que se elimina el 'cram down'".

"En la crisis que vive el país no podemos dejar las empresas nacionales en manos de cualquier fondo de inversión para que se lo quede al 30 por ciento de su valor", agregó Pichetto. Es más, para el senador peronista el dictamen elaborado el viernes último "no hay que tocarlo", postura que choca de frente con la de su compañera de bancada, que también sostiene la necesidad de ponerle límite a la capitalización compulsiva".

"Estoy de acuerdo con la capilización con ajustes, como ponerle límites. Lo ideal sería circunscribirla a la emergencia pública que declaró el Congreso con la sanción de esa ley" y que finaliza el 10m de diciembre del 2003, afirmó Negre de Alonso.

Según la senadora puntana, "dejar abierta la capitalización 'sine die' rompería el crédito, porque ningún banco va a querer dar un préstamo cuando tiene el riesgo de que deba capitalizar sus acreencias y no recibir un peso a cambio. No hay seguridad jurídica".

Por su parte, el bloque radical también quiere introducir ciertas modificaciones al proyecto, tal como adelantó el titular de esa bancada, Carlos Maestro (UCR-Chubut). El radicalismo también apunta a limitar la capitalización, aunque en este caso se trataría de buscar una fórmula que "beneficie al empresariado nacional, pero no hacer un jubileo".

Se trataría, agregó Maestro, de acotar el instituto de la capitalización a aquellas empresas que tengan sus acciones en el país y que, por lo tanto, tributan impuestos en la Argentina, por lo que se excluiría a aquellas que las tengan en el exterior.

Sin embargo, Pichetto tampoco admitió esa posibilidad e insistió en la necesidad de aprobar la propuesta del Poder Ejecutivo porque "hoy la balanza está inclinada para el sector financiero, y esta ley abre un camino a la negociación para preservar la empresa nacional, el giro comercial y las fuentes de trabajo".

Los tres puntos centrales de la norma en debate son los siguientes:

– Suspensión por 180 días de las sentencias judiciales por deudas hipotecarias y prendarias.

– Capitalización compulsiva de las acreencias. Es decir que los bancos, a cambio de dinero, recibirán acciones preferidas de aquellas empresas que se declaren en concurso de acreedores.

– Prohibición de girar fondos al exterior para el pago de deudas con bancos extranjeros.