El proyecto de Busti apunta a declarar a la Argentina dentro de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, donde en el artículo 27 establece que si un país está en emergencia puede "suspender derechos patrimoniales, en este caso los pagos del servicio de la deuda, capital e intereses".

De esa manera, añadió el legislador, "hay que comunicar la decisión a la OEA y así, la Argentina va a tener una defensa cuando se presenten las querellas y juicios por la falta de pago, ya que tendrá el amparo dentro de un organismo supranacional que tiene jerarquía Constitucional tras la reforma del 94".

El proyecto apunta a "colocar al país dentro de una mejor la situación jurídica posible, ya que resulta lógico que va a haber presentaciones judiciales". Paralelamente, el ex gobernador entrerriano adelantó que existe la intención de "conformar una comisión que estudie el origen de la deuda".

En relación a la modificación de la Ley de Quiebras sancionada esta madrugada por el Senado, Busti reconoció que "no hubo el consenso necesario" para incluir en el tratamiento de la norma la capitalización forzosa de las empresas en concurso, mediante el cual "se obligaba a los acreedores a ser socios o parte de la deuda concursada".

La modificación prevé sin embargo la ampliación del período de exclusividad, que significa que cuando un deudor está en situación de concurso tenía, antes, 60 días para presentar una propuesta a los acreedores y ahora tiene 180 días hábiles.

Se deroga también el insituto del "cram down" que está establecido en el artículo 48 de la Ley de Quiebras, el cual establecía que los acreedores se podían hacer cargo de las empresas concursadas.

"Nosotros creemos que en este momento tan difícil para el empresariado nacional, significaría que los acreedores se queden con todas las empresas concursadas", dijo el senador en declaraciones radiales.